Extraído de Agua Va, la columna de opinion de Mauricio Almada
La clausura en el Senado de la comisión investigadora sobre el caso Gonzalo Fernández fue una vergüenza. El informe en mayoría, votado por los senadores del Frente Amplio, declaró que el ex secretario de la presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller, no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" cuando le dijo al senador Sergio Abreu de derogar el delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso. Aquella famosa gauchada.
Los senadores estuvieron más preocupados en salvar su pellejo por haber votado a ciegas la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que de la responsabilidad de Fernández. Tan inocente salió el ex funcionario, que el senador Alberto Couriel propuso hacerle un homenaje.
Algunos de los argumentos que se escucharon en sala para defender a Fernández fueron demenciales, como el que esgrimió Carlos Baraibar, al recordar que el investigado escribió 17 prólogos de libros de destacados penalistas. “Eso es un reconocimiento a su jerarquía y para mí ha sido concluyente, marca una vida, una trayectoria" sostuvo Baraibar en un rapto de inspiración y profundidad investigativa.
Fue todo muy triste en esa sesión del Senado del miércoles 17.
El senador nacionalista Luis Alberto Lacalle recordó que el artículo 112 de la Constitución de la República plantea que los legisladores jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.
Ese argumento vino al pelo para todos los “Poncio Pilatos” que se querían lavar las manos de aquella escandalosa votación de 2008.
Por si faltaba mayor muestra de inocencia de Fernández, el informe aprobado decidió no enviar los antecedentes a la justicia del crimen especializado, cosa que sí planteó el informe de la minoría.
Entre bueyes no hay cornadas. Todos limpios. Fernández y todo el Senado.
La sesión transcurrió con las barras vacías, al igual que dos años atrás, como una señal del oscurantismo que rodeó a todo el episodio de la cuestionada derogación que dejó a los Peirano Basso con sus fojas limpias.
Fernández resultó totalmente inocente para el Senado. Ni siquiera le cobraron la factura de haber omitido que era defensor de personas que se vieron beneficiadas por la derogación.
Abreu, el de la gauchada, no abrió la boca ni para pedir café. La tenía cosida con tanza.
El que dio con su bala en la lata fue el colorado Ope Pasquet, quien calificó la derogación votada en 2008 de “mala praxis legislativa” y a la actitud de los legisladores de “corporativismo”.
Pese a que los antecedentes de la comisión investigadora no fueron enviados a la justicia por el Senado, el juez del crimen organizado Jorge Díaz, ya está investigando el caso tras la denuncia que tiempo atrás presentó el abogado Gustavo Salle.
Lo que ocurrió con este cierre de la comisión investigadora es un buen preámbulo para ir viendo lo que ocurrirá cuando el cuerpo trate el pedido de desafuero del senador Rodolfo Nin Novoa, formulado por la jueza Fanny Canessa.
En el caso de Nin, la fiscalía pidió el procesamiento por un delito reiterado de falsificación ideológica. El senador investigado era defendido por la doctora Hebe Martínez Burlé, amiga de la familia Nin desde hace mucho tiempo. Pero debido a la poca sintonía que la abogada tenía con la jueza, el senador decidió cambiar de defensor. Y el elegido fue, aunque cueste creerlo, Gonzalo Fernández.
¿No había otro penalista que pudiera defender a Nin? ¿Tenía que contratar justamente a Fernández?
El reconocido y polémico abogado actuó de inmediato y presentó un recurso de reposición contra el pedido de desafuero de Nin, pretendiendo que la jueza recule con su solicitud.
Capaz que Fernández hace naufragar el pedido de desafuero. Pero si no es así, serán los propios senadores los que le cubrirán la espalda a Nin y no lo desaforarán. Y una vez que termine la legislatura, asunto terminado, ya que el delito habrá prescripto.
Vergüenza.
Los senadores estuvieron más preocupados en salvar su pellejo por haber votado a ciegas la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que de la responsabilidad de Fernández. Tan inocente salió el ex funcionario, que el senador Alberto Couriel propuso hacerle un homenaje.
Algunos de los argumentos que se escucharon en sala para defender a Fernández fueron demenciales, como el que esgrimió Carlos Baraibar, al recordar que el investigado escribió 17 prólogos de libros de destacados penalistas. “Eso es un reconocimiento a su jerarquía y para mí ha sido concluyente, marca una vida, una trayectoria" sostuvo Baraibar en un rapto de inspiración y profundidad investigativa.
Fue todo muy triste en esa sesión del Senado del miércoles 17.
El senador nacionalista Luis Alberto Lacalle recordó que el artículo 112 de la Constitución de la República plantea que los legisladores jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.
Ese argumento vino al pelo para todos los “Poncio Pilatos” que se querían lavar las manos de aquella escandalosa votación de 2008.
Por si faltaba mayor muestra de inocencia de Fernández, el informe aprobado decidió no enviar los antecedentes a la justicia del crimen especializado, cosa que sí planteó el informe de la minoría.
Entre bueyes no hay cornadas. Todos limpios. Fernández y todo el Senado.
La sesión transcurrió con las barras vacías, al igual que dos años atrás, como una señal del oscurantismo que rodeó a todo el episodio de la cuestionada derogación que dejó a los Peirano Basso con sus fojas limpias.
Fernández resultó totalmente inocente para el Senado. Ni siquiera le cobraron la factura de haber omitido que era defensor de personas que se vieron beneficiadas por la derogación.
Abreu, el de la gauchada, no abrió la boca ni para pedir café. La tenía cosida con tanza.
El que dio con su bala en la lata fue el colorado Ope Pasquet, quien calificó la derogación votada en 2008 de “mala praxis legislativa” y a la actitud de los legisladores de “corporativismo”.
Pese a que los antecedentes de la comisión investigadora no fueron enviados a la justicia por el Senado, el juez del crimen organizado Jorge Díaz, ya está investigando el caso tras la denuncia que tiempo atrás presentó el abogado Gustavo Salle.
Lo que ocurrió con este cierre de la comisión investigadora es un buen preámbulo para ir viendo lo que ocurrirá cuando el cuerpo trate el pedido de desafuero del senador Rodolfo Nin Novoa, formulado por la jueza Fanny Canessa.
En el caso de Nin, la fiscalía pidió el procesamiento por un delito reiterado de falsificación ideológica. El senador investigado era defendido por la doctora Hebe Martínez Burlé, amiga de la familia Nin desde hace mucho tiempo. Pero debido a la poca sintonía que la abogada tenía con la jueza, el senador decidió cambiar de defensor. Y el elegido fue, aunque cueste creerlo, Gonzalo Fernández.
¿No había otro penalista que pudiera defender a Nin? ¿Tenía que contratar justamente a Fernández?
El reconocido y polémico abogado actuó de inmediato y presentó un recurso de reposición contra el pedido de desafuero de Nin, pretendiendo que la jueza recule con su solicitud.
Capaz que Fernández hace naufragar el pedido de desafuero. Pero si no es así, serán los propios senadores los que le cubrirán la espalda a Nin y no lo desaforarán. Y una vez que termine la legislatura, asunto terminado, ya que el delito habrá prescripto.
Vergüenza.
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