Será tan difícil administrar una empresa como la IMM, porque de hecho lo es, en forma legal, para no tener estas pérdidas tan cuantiosas que van contra nuestros paupérrimos bolsillos?
Que recuerde, nunca vi tanto reclamo jurídico contra un organismo público....
Más allá de esto, Arana sigue zafando, nos hizo perder millones con el affaire de Casinos y sigue esquivando el bulto, pero además por una pésima administración, nos hizo perder a todos los montevideanos, millones, en juicios de los empleados contra la IMM, más allá de otros juicios de particulares.
Hasta cuando este señor podrá seguir impune a tanta pérdida que hemos tenido por su culpa?
Que recuerde, nunca vi tanto reclamo jurídico contra un organismo público....
Más allá de esto, Arana sigue zafando, nos hizo perder millones con el affaire de Casinos y sigue esquivando el bulto, pero además por una pésima administración, nos hizo perder a todos los montevideanos, millones, en juicios de los empleados contra la IMM, más allá de otros juicios de particulares.
Hasta cuando este señor podrá seguir impune a tanta pérdida que hemos tenido por su culpa?
Extraído de El País
Intendencia tiene 222 juicios en su contra por US$ 39 millones
Demandas. Algunas son laborales y otras de particulares que se han sentido afectados por la actuación municipal También enfrenta otros 140 juicios que carecen de contenido económico | Relacionamiento controvertido entre la IM y el tribunal
ANDRÉS LÓPEZ REILLY
En 2009 se tramitaron 362 juicios contra la Intendencia de Montevideo. Aunque no todos persiguen un reclamo económico, la comuna está siendo demandada por US$ 39 millones.
Intendencia tiene 222 juicios en su contra por US$ 39 millones
Demandas. Algunas son laborales y otras de particulares que se han sentido afectados por la actuación municipal También enfrenta otros 140 juicios que carecen de contenido económico | Relacionamiento controvertido entre la IM y el tribunal
ANDRÉS LÓPEZ REILLY
En 2009 se tramitaron 362 juicios contra la Intendencia de Montevideo. Aunque no todos persiguen un reclamo económico, la comuna está siendo demandada por US$ 39 millones.
Un informe de la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo señala que el año pasado se tramitaron 362 juicios contra el gobierno departamental, de los cuales 140 carecen de contenido económico.
El contador general de la comuna, Jorge Simón, informó a la Junta Departamental que por los 222 juicios restantes "se pretende en total $ 517.178.541 (aproximadamente US$ 26 millones) y US$ 13.102.560".
Pero -advirtió Simón- al encontrarse estos en curso, resulta imposible estimar los posibles importes a pagar, "ya que todos se encuentran tramitando la primera y/o segunda instancia, y algunos de ellos en Casación ante la Suprema Corte de Justicia, desconociéndose si finalmente las sentencias a recaer serán favorables o contrarias a la administración".
Algunos de esas demandas son laborales, "coletazos" del juicio que la Intendencia perdió con sus trabajadores agremiados en Adeom y que se pagó durante la administración del ex intendente Ricardo Ehrlich.
Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el contador general de la Intendencia destacó que hubo un abatimiento del déficit acumulado, incluso luego de pagar la deuda que la comuna mantenía con los trabajadores por incumplimientos de la administración del ex intendente Mariano Arana.
"Cuando se realiza un presupuesto quinquenal, siempre se planifica el abatimiento total del déficit acumulado. Y yo diría que en este período eso prácticamente se ha logrado, porque si estamos hablando de US$ 36.000.000 (de déficit acumulado) y en el quinquenio tuvimos el pago de un juicio salarial por US$ 40.000.000 o US$ 50.000.000 -que obviamente no estaban incluidos en ninguna estimación de abatimiento de déficit para el quinquenio-, creo que se cumplió bastante bien", opinó Simón.
DEMANDAS. El sindicato municipal promovió una demanda por aumentos de sueldos no aplicados en 2003 y 2004 más la ampliación del seguro de salud.
Ese juicio abarcó a todos los funcionarios municipales, que superan los 8.000. Y se saldó con la cifra mencionada por el contador general de la Intendencia: unos US$ 50 millones.
Pero el año pasado varios abogados, que representan a unos 5.000 funcionarios, iniciaron demandas contra la administración exigiendo el pago de la retroactividad entre 2005 y 2008. En el convenio firmado con Adeom el 23 de octubre de 2008, la comuna colocó una cláusula por la cual se otorgaba a los trabajadores $ 12.400 a cambio de la renuncia al cobro de la retroactividad.
Por otra parte, el juicio que cobraron los municipales no abarcó a los funcionarios que se jubilaron, los que también iniciaron acciones contra la administración. La Intendencia también ha sido demandada por irregularidades en la gestión de los cementerios municipales.
Esta semana, el ex edil del Partido Nacional Daniel Graffigna fue a declarar al Juzgado Civil de 4º Turno por una denuncia presentada por la familia de Juan Sabella, que pretende ser resarcida por la venta de su panteón familiar en el Cementerio Central y el extravío de cuerpos. También declaró ante el magistrado el ex director de Jurídica de la comuna, Diego Silva.
Este reclamo se inició en 2005 por la vía administrativa, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Sabella -entre otros familiares- fueron retirados del panteón N° 61 del Cementerio Central por deudas acumuladas y trasladados al Cementerio del Norte. El sepulcro pasó a manos de una mujer que luego alegó encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo que lo puso a remate. Sin embargo, la familia Sabella logró impedir la subasta, y la Intendencia habilitó la restitución de los cuerpos, aunque sólo nueve regresaron, de un total de 32. Incluso, existen dudas sobre la relación de los restos recuperados con la familia Sabella.
El ex edil nacionalista Daniel Graffigna también dijo que hay una familia que demandó a la Intendencia por la muerte de un familiar, atropellado por un vehículo municipal, que aún no ha cobrado la indemnización.
En proceso y anunciado
El año pasado abogados de unos 5.000 funcionarios de la Intendencia anunciaron el inicio de demandas contra la administración exigiendo el pago de la retroactividad entre 2005 y 2008. Por otra parte, en el juicio que cobraron los municipales durante la pasada administración, no se contempló a los que se jubilaron, los que también iniciaron acciones.
La Intendencia también ha sido demandada por irregularidades en la gestión de los cementerios municipales. Esta semana, hubo una audiencia por una denuncia presentada por un particular, por la venta de su panteón familiar y el extravío de los cuerpos de sus familiares.
El ex edil nacionalista Daniel Graffigna informó que hay una familia que demandó a la Intendencia por la muerte de un familiar, atropellado por un vehículo municipal, que no ha cobrado la indemnización.
Los vecinos del Complejo Habitacional 99 de El Buceo analizan demandar a la Intendencia ante el Tribunal de lo Contencioso, porque les cobraron la Contribución durante varios años y no les correspondía pagarla. El juicio superaría el millón de dólares.
Preocupa el gasto observado por TCR
El edil nacionalista Álvaro Viviano (AN) advirtió que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) "siempre señala la dificultad que tiene la administración municipal para incorporar en sus informes la previsión de los eventuales juicios en su contra".
También el edil herrerista Edison Casulo planteó su preocupación por el relacionamiento de la Intendencia con el TCR -que reiteradamente observa el gasto municipal- y formuló un pedido de informes al respecto.
De ese pedido de informes se desprende que 1 de cada 5 gastos de la Secretaría General fueron observados el año pasado, lo mismo que 1 de cada 4 del ex Departamento de Descentralización y 1 de cada 3 del Departamento de Cultura.
Las observaciones del TCR también preocupan a la intendenta Ana Olivera, quien desde el comienzo de su gestión ha procurado un acercamiento con el organismo de contralor.
En uno de los primeros acuerdos con su gabinete, Olivera dejó en claro que se opone a la figura de la "donación modal" que practica la Intendencia desde hace años, habitualmente observada por el TCR y también cuestionada por Adeom.
Con este sistema, la Intendencia financia el funcionamiento de varias policlínicas y de servicios de limpieza, entre otros, que son administrados por ONG.
La intendenta propuso en reunión con sus directores cambiar una donación modal a "convenio", aunque el asesor jurídico de Secretaría, Álvaro Richino, le aclaró que lo que el TCR observa son las concesiones directas, en las que no hay un procedimiento competitivo, por lo que no es suficiente un cambio de denominación.
El País Digital
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