Política
BÚSQUEDA ■ Jueves 11 de noviembre de 2010 ■ Pág. 3
Desde que en abril del 2008 fueron divulgadas algunas "inconsistencias" en su registro de patrimonio, Rodolfo
Nin Novoa sostuvo que se trataba de una campaña en su contra
La publicación obligatoria de las declaraciones juradas origina el primer pedido de procesamiento con prisión de un ex vicepresidente
La indagatoria penal sobre el patrimonio del actual senador y ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa es el primer caso en que un político de primera línea es investigado como resultado del sistema de divulgación pública de declaraciones juradas.
Ese mecanismo, dispuesto por la denominada "ley cristal" a fines de la década de 1990, implicó que desde el 2000 los presidentes y vicepresidentes están obligados a publicar y a actualizar sus declaraciones juradas en Internet.
Sobre la base de ese material, con datos y documentos que recabaron políticos opositores y oficialistas y otros que surgieron de una investigación periodística propia, Búsqueda (Ns 1.453) consignó en abril del 2008 algunas "inconsistencias" entre la evolución del patrimonio de Nin Novoa y sus declaraciones juradas del 2005 y del 2007.
Por ejemplo, en ese primer artículo publicado el 17 de abril, se indicó que Nin Novoa había omitido en su declaración que era uno de los dueños de "Tupambaé Sociedad Ganadera", mientras que según documentación de la Dirección de Contralor de Semovientes de casi un año antes el entonces vicepresidente había firmado como su titular.
Por otra parte, en el artículo se informó que en su declaración jurada del 2005 Nin Novoa indicó que era dueño de un automóvil, pero aclaró que ese bien estaba a nombre de su hijo. La razón, según lo admitió Nin Novoa en una entrevista que mantuvo con Búsqueda días después (Na 1.454) es que cuando firmó esa declaración jurada todavía era objeto de un embargo por deudas que arrastraba desde 1991 con el estatal Banco República.
"Estaba a nombre de él, porque no podía tener nada a nombre mío", argumentó en ese momento.
El embargó tampoco está consignado en la declaración jurada de Nin Novoa del 1a de marzo del 2005. Precisamente, la forma en que el flamante vicepresidente logró levantar ese embargo pocas semanas después de obtener casi el máximo de quita posible, y la posterior compra de una estancia en Cerro Largo, cuyo dueño también estaba embargado por deudas con el Banco República, también generaron polémica.
La divulgación de esas inconsistencias en las declaraciones juradas, más el levantamiento del embargo con la institución del Estado y la compra del campo, provocaron severas críticas de Nin Novoa y también del presidente del Banco República, Fernando Calloia.
Incluso en una entrevista que mantuvo con la periodista Sonia Breccia, Nin Novoa afirmó: "Hay un ensañamiento sí. Me parece lamentable todo esto. Y espero que algún día en la vida, algunos periodistas reconozcan la equivocación que tuvieron. Tengo 38 años de productor rural y ahí (por el artículo de Búsqueda) se me dice que empecé mi carrera en el año 2005. (...) Nunca había asistido a una campaña de ensañamiento contra una persona pública, contra un vicepresidente, de estas características, donde se inventan historias, se presumen hechos y se tiran mantos de sospecha sobre la gente cuando uno tiene una trayectoria bien conocida además. La verdad es que es sorprendente, muy sorprendente".
Días después, el 30 de abril, Búsqueda (Ne 1.455) publicó comentarios del ex | dueño de la estancia, Alfonso de Sosa Viera, en los cuales sostuvo que meses después de que el Banco República le transmitiera que el menor precio que podría cobrarle para levantar el embargo era U$S 183.000, el ya vicepresidente pudo comprar el campo por U$S 162.000.
Lo cierto es que, en los cinco años en los que ejerció como vicepresidente, el patrimonio de Nin Novoa se multiplicó por 24,6, si bien el valor que le atribuyó a su estancia en su última declaración jurada es menor al que calculan varios operadores de mercado (Búsqueda Ne 1.557).
• "Sin nada" y "con menos". En los días siguientes a la publicación del caso, unos pocos dirigentes de la oposición cuestionaron a Nin Novoa, mientras que algunos políticos oficialistas hicieron alusiones críticas a las inconductas en el Estado pero sin mencionar persona alguna. Al mismo tiempo, algunos sectores como Alianza Progresista —el sector de Nin Novoa— y el Partido Socialista emitieron declaraciones de apoyo al vicepresidente, ante lo que consideraron era una campaña en su contra.
El entonces precandidato colorado Pedro Bordaberry exclamó en un acto en la Casa del Partido Colorado: "Hugo Batalla no habría cancelado una deuda de U$S 150.000 por 14.000, ni se habría comprado un campo a los tres meses de asumir". Más aún, dijo que Batalla asumió la vicepresidencia "sin nada" y que la dejó "con menos".
De todos modos, quien investigó el caso y planteó la denuncia penal que derivó en la actual indagatoria e inminente pedido de procesamiento fue el entonces senador nacionalista Julio Lara.
El legislador cuestionó con dureza a Nin Novoa, quien planteó una denuncia por difamación e injurias en su contra. La respuesta de Lara llegó el domingo 11 de mayo en el diario "El País": "La diferencia es que mientras él me puede hacer una denuncia por difamación, yo le voy a hacer una denuncia por corrupción y entre otras cosas tendrá que aclarar cómo aumentó el patrimonio del 2005 de $ 300.000 según su declaración jurada, y dos años después llegar a $ 3.380.000".
A mediados de diciembre del 2009, cuando Lara ya había perdido su banca en las anteriores elecciones nacionales y Nin había sido reelecto como senador, el aún vicepresidente fue consultado en la radio Diamante FM sobre su contencioso con el legislador nacionalista: "Yo lo sintetizo en un solo hecho: mi principal acusador hoy no es nada, y yo fui el segundo senador detrás del candidato a vicepresidente", respondió.
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