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jueves, 20 de enero de 2011

NO ES POCA COSA

Recibo y publico.

NO ES POCA COSA

Por eso lo comento.

El día 23 de Diciembre, internado en la sala de cardiología del Hospital Militar, el Cnel. T. Machado recibió en audiencia especial al Juez que a actúa en el caso. La audiencia relacionó con el pedido de procesamiento con prisión de Machado por “Homicidio Culposo” en un ámbito agravante de “cruel ferocidad”. Cuando se retiró el Juez quedó una sensación de que al otro día, 24 de Diciembre, en que el juzgado abría solamente dos horas, se podía producir el procesamiento.

Por la tarde el abogado de la defensa presentó varios alegatos al pedido del procesamiento, pero para que estos fueran evaluados en situación de libertad de Machado era necesario una fianza de arraigo que es menester que la firme una autoridad.

Machado intentó que el Comandante en Jefe del Ejército firmara dicha fianza, pero faltando nada más que 23 minutos para que cerrara el juzgado, con el abogado esperando dentro de la sede, Machado recibió una llamada del Ayudante del Comandante en Jefe y compañero de promoción, diciéndole que este no firmaba la fianza debido a que necesitaba consultarlo con el MDN, obviamente cundió la desolación total en la sala.

De casualidad apareció de visita sorpresiva el Brig. Gral. Bonilla, quien fuera director de la EMA cuando Machado fue director del LMGA, a visitarlo por cortesía de la amistad del servicio.

Enterado del problema y quedando solo unos minutos se ofreció para firmar y responsabilizarse de la fianza, con lo que se llamó al abogado y se le comunicó la situación.

Con su aval se puso su nombre y documento en el alegato de defensa, entrando el documento apenas unos minutos antes del cierre del juzgado y al otro día Bonilla pasó a firmar por la sede judicial.

Si Machado está defendiendo su causa en libertad, y aún rodeado de sus queridos familiares y amigos se lo debe particularmente en esta oportunidad a Bonilla, y esto no es poca cosa, parece que nunca vamos a entender a los mandos actuales.

Hoy agradecemos la gauchada y la camaradería demostrada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, en el caso Machado.

CNEL. (R) WALTER FORISCHI


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domingo, 9 de enero de 2011

Estos son derechos humanos? Dónde están los defensores?

Uno a veces se pregunta si la incoherencia de algunos grupúsculos de pseudo-intelectuales tienen el poder de tener engañado a medio país, con burdas mentiras y asonadas, en este caso sobre los DDHH, esos mismos que desconocen si quien sufre maltrato o inasistencia, no está alineado con la izquierda.

Me llegó un mail, firmado por cierto, aunque de momento me reservo el nombre del autor, donde me cuenta a mi y a otras personas lo que pasó con un recluso.

Les cuento.

Un recluso fue intenado en estado delicado.

Luego fue trasladado al C.T.I y su pronostico no es muy bueno.

Y está internado, tratando de sobrevivir porque otro recluso que comparte con él la celda, se dio cuenta que estaba mal e hizo llamar al enfermero y lo obligo a llamar al SEMM que lo trasladó.

La Doctora que estaba de guardia en el penal no aparecio.

Lo llevaron inconciente y lo estaban controlando los cirujanos.

La situacion está bastante delicada.

Llegó al lugar de internación, con 6/0 de presion y con 0.40 de azucar en sangre según datos que me proporcionan.

Lamentable, y me pregunto, si esta Doctora no recibirá ningún tipo sanción.

Me prgunto porqué la prensa se guarda la información, si me llegó a mi, le puede haber llegado a cualquiera.

Claro, esto no es noticia, no conviene, se estarían tirando contra algunos poderosos, entonces, no importa, el recluso que reviente...

Y si, se preguntarán quien fue el recluso.

Un "milico" si....

Fue el Cnel. Av. (r) Araújo.
Internado en el Hospital de las FFAA

Pero para mi, esto no hace la diferencia.

Me podrán decir que está acusado de mil cosas, y si, pero por eso no deja de ser un ser humano.

Si hay otros que mataron a sangre fría (comprobados y no mirando testimonios de gente que ni se sabe de donde salió) y en este país se dan el lujo de entrar y salir cuando se les canta, porque están más protegidos por las leyes que otros delincuentes y cuidadito si les pasa algo adentro del Inau, de un penal, o de la jefatura o de la comisaría, procesan a la mitad del presonal por inasistencia, más allá de aguantarnos a los defensores de los derechos humanos con los cartelitos de siempre.

Pero acá somos así, muy guampudos, y perdonen el léxico, ya perdí mi educación en esta sociedad mediocre.



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sábado, 8 de enero de 2011

De no creer: Corte satisfecha con explicaciones del juez Javier

Creo que los comentarios sobran, pero igual voy a comentar.

Leo esto y me da una nostalgia de otros tiempos, donde esto no pasaba...... (a buen entendedor..)

No estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de joda.

Si este Juez no es la primera vez que se le van los 60 días famososo, entonces, qué hace juzgando casos de menores?

Ya la inseguridad ha llegado a límites que no habíamos imaginado, y todavía las leyes y su aplicación, contribuyen a esta inseguridad, que lo único que nos falta es que digan es que es una sensación térmica.

Nadie se explica como habiendo matado 2 veces, el señor juez no hubiera hecho lo imposible por juzgar en tiempo y forma a este menor, y con olímpica irresponsabilidad, dice que los plazos se van rápido, por favor!!!

Porqué no lo mandó preso como prevee la ley? porqué lo dejó con medidas sustitutivas?

Hay demasiadas preguntas sin respuesta, y así es que uno pierde la fe también en el sistema Judicial, y ya no nos va quedando nada....

No hay un sólo poder en este país que esté haciendo las cosas bien, o las hacen en forma mediocre o no hacen y la verdad, no se qué es peor.

El poder Ejecutivo hace las cosas mal, no hace, incumple, no tiene rumbo, en fin, lo de todos los días, eso si, el presidente tiene tiempo para jugar al filósofo de boliche y hablarle a sus adeptos.

El poder Legislativo, qué decir, da vergüenza, en lugar de ocuparse en lo que deben, no, empezando por el presidente del senado, Astori que ahora otra vez le sacó el polvo a la ley de caducidad y vamos otra vez por una discusión que NO DEBE DARSE MÁS!!!
Los otros, como dije enotro post, preocupadísimos por un viaje a Irán, y por otras pelotudeces que ni nos enteramos, en lugar de sentarse a ganarse el sueldo que les pagamos.

Y ahora el Poder Judicial, con esta decisión de quedarse satisfechos con las explicaciones de un Juez que no hizo bien su trabajo y eso derivó en la muerte de un ser humano, trabajador y con familia.....

La verdad es que jamás pensé ver a mi país en este estado......

Y si alguno se ofende, lo lamento, como ciudadana de este país es lo que siento. Y si pudiera emigrar, ya estaba sacando pasaporte, lamentablemente me tengo que quedar acá sufriéndolos.


Extraído de El País
Caso "el Pelón": Corte satisfecha con explicaciones del juez Javier

Seguridad pública. El sistema política discute si la libertad del menor se debe a la legislación o a un error en la aplicación del Código por parte del juez Citarán a la Corte al Parlamento

DANIEL ISGLEAS

La Corte consideró satisfactorias las explicaciones del juez Javier, quien liberó a "El Pelón", al no emitir en plazo una sentencia por un asesinato cometido por ese menor. El sistema político discute si fue un error de legislación o de su aplicación.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó oficialmente ayer viernes que el menor apodado "El Pelón" fue liberado a fines de diciembre porque a 60 días de ordenarse su internación provisoria, tras el segundo asesinato que cometió el 26 de octubre de 2010, el juez de la causa, Juvenal Javier, no dictó sentencia. El lunes 3, el menor cometió su tercer homicidio.

Su primer asesinato fue el 6 de junio; el fiscal solicitó que se le prive de libertad, pero el juez Javier dispuso un régimen de semi libertad.

El ministro de feria de la SCJ, Jorge Larrieux, se comunicó con el juez Javier y consideró satisfactorias sus explicaciones. Larrieux dijo a El País que, por el momento, la Corte no tiene previsto iniciar una investigación por lo ocurrido, lo que se puede analizar después que finalice la feria judicial.

"Hablé con el doctor hoy (por ayer viernes) y las explicaciones por ahora son satisfactorias. Me explicó que los dos casos anteriores son de él, pero en el último actuó como juez de feria y ese sería el que pasa a la órbita del doctor (Allen) Denby", expresó el jerarca. "No hay ningún tipo de problema entre los magistrados, ni controversia, ni nada de eso", sostuvo. Reconoció que "es exacto" que la anterior libertad de este menor se debió a que no se llegó a tiempo para dictar sentencia.

"Hay que ver si esos 60 días fueron un plazo útil, si se cumplieron con actuaciones, se pueden pedir pruebas en ese plazo. Sería distinta la situación si el expediente quedó tirado en un casillero, que creo no es lo que ocurrió", expresó el ministro de la Corporación judicial .

Consultado si el plazo para emitir sentencia debería ser más extenso que 60 días, Larrieux dijo que "la ley es esa y los jueces la cumplen. Si la ley es buena o mala, yo no opino".

Tanto el presidente del INAU, Javier Salsamendi, como diferentes actores del sistema judicial señalaron a El País que es excepcional que a un magistrado se le venza los 60 días en un expediente de menores sin emitir una sentencia. Algunas fuentes contactadas agregaron que no es la primera ocasión que le ocurre a Javier.

El fiscal Gilberto Rodríguez, que intervino en expedientes referidos a "El Pelón", dijo que esta situación de que en 60 días un juez no emita sentencia "es excepcional y me ha ocurrido en dos o tres ocasiones desde el año 2004 que comenzó a regir el Código de la Niñez y de la Adolescencia (CNA)".

En tanto, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, recaba información sobre lo ocurrido y prevé mantener un contacto con la Suprema Corte. El jerarca prefirió no hacer comentarios sobre el caso. Interior pretende que el asunto no se convierta en un frente de conflicto con el Poder Judicial, expresaron fuentes de esa cartera a El País.

Convocatoria. El tema aparece en el horizonte del Parlamento, dado que el diputado blanco Gustavo Borsari adelantó a El País que pedirá la convocatoria de la SCJ a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados, para que informe "cuál es la causa por la que el menor estaba suelto habiendo cometido ya dos homicidios".

La polémica surge a partir de preguntarse dónde está el problema, si en el Código o en su aplicación por parte de la Justicia. El juez Javier dijo a El País que es "relativamente fácil que el plazo se vaya", por lo cual el menor dos veces homicida quedó libre.

El ex senador colorado y catedrático Ruben Correa Freitas, uno de los votantes del Código en 2004, propuso ahora que la Suprema Corte de Justicia investigue si el problema está en la aplicación de la norma o si es el Código el que debe ser modificado a raíz de situaciones como esta.

Con el transcurso de las horas, el tema comenzó a cobrar un cariz más político, cuando representantes de los partidos de gobierno y oposición volvieron a poner sobre la mesa sus puntos de vista sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores, la preservación de los antecedentes de los infractores cuando pasan a ser mayores y la eventual responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo por dilatar la creación de un lugar donde los menores puedan ser retenidos y rehabilitados.

El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, dijo a El País que esta situación le da razón a su reclamo de modificar el régimen de responsabilidad e imputabilidad penal de los menores. "Si el régimen fuera el que proponemos, esto no pasaba", subrayó.

A su vez, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que falló el sistema de detención del menor. "Fallaron el INAU y las medidas dictadas por la Justicia", dijo. Reclamó la rápida creación del Instituto de Rehabilitación Juvenil para que actúe como "cárcel de menores". (Producción Eduardo Delgado, Diego Ferreira)
"Puede haber lentitud judicial"

El catedrático y ex senador colorado Ruben Correa Freitas fue uno de los 27 legisladores que el 26 de agosto de 2004 le dio sanción al nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia en el Parlamento.

El artículo 86 de ese Código, renovado tras 70 años de vigencia, resume a 60 días el plazo que tiene el juez de una causa para dictar sentencia y dispone que, en caso de no hacerlo, el magistrado deba liberar al menor infractor, en lo que se constituye en el eje de la controversia en torno al caso.

En diálogo con El País, Correa Freitas recordó que cuando el Código se votó en el Senado "previmos que en el futuro pudiera haber modificaciones" al mismo, actualizando algunas normas.

El artículo 86 se terminó votando por blancos y colorados. Cuando el Frente Amplio decidió no votarlo, lo hizo por discrepar con que la norma de privación de libertad a un menor se aplicaría por cualquier infracción cometida, según explicó en sala en aquella oportunidad el entonces senador del Nuevo Espacio Edgardo Carvalho. "A nuestro modo de ver, se está abriendo aquí un campo a la discrecionalidad judicial en materias que, como la privación de libertad, deberían constituir -de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño- una medida de último recurso", argumentó entonces Carvalho.

"Esto que está sucediendo ahora no debe ser atribuido al Código de la Niñez sino a la practica judicial. Puede ser que haya lentitud en la aplicación de la norma. La Suprema Corte de Justicia debe analizar si los jueces y fiscales toman las medidas dentro de los plazos correspondientes. Si en 60 días los magistrados no pueden dictar sentencia, deben comunicárselo a la Corte y ésta le pedirá al Parlamento que cambie la ley", afirmó Correa Freitas.
Polémica sobre menores
Lacalle: "Esto llega a límites insoportables"

La delincuencia juvenil está llegando a límites insoportables para la población. Estoy alarmado por la obstinación de sectores del Frente Amplio que no quieren tocar la edad de imputabilidad, ya sea para bajarla o para agravar las penas. Esto es prácticamente una emergencia nacional. Deberá ser analizada por la Suprema Corte de Justicia la responsabilidad que podría caberle a algún magistrado en estos temas", declaró el senador Luis Alberto Lacalle.
Amorín: "Es ridículo que estuviera libre"

Me parece inaudito que un menor que comete dos homicidios esté libre", sostuvo el senador José Amorín (Propuesta Batllista), quien explicó que no se trata de modificar las leyes porque la legislación vigente permite tener a un menor que cometió un homicidio hasta cinco años preso. "No sé por qué la Justicia no aplica eso. Es ridículo que un menor homicida a los 60 días quede libre. Si el juez lo dejó libre, el menor sale y comete otro homicidio, alguien tiene que hacerse responsable", dijo.
Salsamendi: "El INAU cumple orden judicial"

En este caso, nosotros teníamos a este chiquilín en uno de los lugares que consideramos más seguros y hubo una resolución judicial al respecto. En lo personal yo no comento resoluciones judiciales. El Poder Judicial decide lo que tiene que decidir", afirmó a El País el presidente del INAU, Javier Salsamendi. "Como organismo administrativo lo único que hacemos es cumplir las órdenes que se nos da de parte del Poder Judicial", puntualizó el titular del instituto.
Xavier: "No basta con bajar la imputabilidad"

La duda está entre lo garantista de la ley y su aplicación", coincidió en afirmar la senadora del Partido Socialista (PS) Mónica Xavier. "Estamos convencidos que el sistema penal tiene insuficiencias y que hay que ajustarlas. Si los jóvenes se fugan y no cumplen las medidas especiales, la cosa no depende de la ley, sino de su aplicación. La cosa no es tan simple como bajar la edad de imputabilidad. Mantener antecedentes tampoco sirve porque es actuar sobre lo negativo", dijo.
El País Digital

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jueves, 4 de noviembre de 2010

Bonomi denuncia a jueza en la SCJ

Y bueno, parece que la Jueza, el actuario y la fiscal que actuaron sobre la muerte en el CNR de un internado, no gustó.

Acá hay justamente de los responsables una denuncia de maltrato, y pobre Cantinflas no pudo hacer otra cosa que denunciar a la Suprema Corte, lástima que se acuerdan que existe sólo cuando les conviene.

Extraído de El País

Interior "no tuvo más remedio" que denunciar a jueza y fiscal

Bonomi: versiones contradictorias en el caso del CNR


El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que su cartera, ante la existencia de denuncias de abusos y presiones de parte de la jueza y la fiscal que indagan la muerte de un interno del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), "no tenía más remedio" que denunciar a ambas magistradas.

Bonomi, quien el pasado jueves 28 de octubre asistió a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, dijo allí que no hubo otra alternativa porque "los testigos se quejan en nuestra cartera de las presiones recibidas y de los comentarios realizados".

El Ministerio del Interior presentó denuncias administrativas ante la Suprema Corte de Justicia contra la jueza Fanny Canessa y el actuario César Menoni y contra la fiscal adjunta Beatriz Scapusio en el Ministerio de Educación y Cultura. Las magistradas indagan las circunstancias en las que el pasado 30 de agosto fue hallado sin vida el recluso del CNR Mauro Bozzatta. A nivel judicial hay elementos que probarían que Bozzatta no se suicidó sino que fue asesinado.

Según la directora del CNR, Diana Noy, y tres educadores de la institución, al declarar en el juzgado, fueron presionados y hostigados por Canessa, Scapusio y Menoni.

En la comisión parlamentaria, Bonomi señaló que, a su entender, el Ministerio del Interior no denunció a las magistradas sino que lo único que hizo fue "poner en conocimiento de esas mismas denuncias -para que se actúe en consecuencia- al Ministerio de Educación y Cultura y a la Suprema Corte de Justicia, pero no hubo una denuncia ni una recusación".

Bonomi dijo que la muerte de Bozzatta es una situación muy compleja, porque "está la versión de la Policía Técnica que dice que no hay dudas de que lo que se produjo fue un suicidio, y la del Instituto Técnico Forense que dice que no fue un suicidio, sino un homicidio, sin determinar claramente quién fue el que lo produjo".

La abogada Hebe Martínez Burlé, quien asumió la defensa de Noy, presentó un escrito el viernes mediante el cual recusó a la jueza Canessa, al actuario Menoni y a la fiscal Scapusio.

El diputado blanco Jaime Trobo, miembro Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, consideró que la actuación del Ministerio del Interior en el caso es "grave" porque implica "un acto de intimidación y una intervención fuera lugar" que afecta la investigación que se está llevando a cabo a nivel judicial.
El País Digital

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domingo, 8 de agosto de 2010

Otra vez liberación de presos anticipada?

Otra vez lo mismo? Es que no les sirvió de nada, el experimento del 2005?

Digo yo, Sr. Bonomi, si Ud. no me puede garantizar la seguridad de vivir en una ciudad controlada y tranquila, hoy, cómo me va a contar que este plan suyo es otra cosa y que van a controlar a la gente que liberen?

Cómo?

De la misma forma que controla la delincuencia hoy?
De la misma forma que nos cuidan de los secuestros expres?
De la misma forma que nos cuidan de los copamientos?
De la misma forma que nos cuidan frente a los robos y las rapiñas?

No pueden con los delincuentes que están hoy en la calle y dice que va a poder con casi 1000 más que van a poner en la calle?

Con promesas de pulseras electrónicas de control que acá no existen?

Por favor! Basta ya! Ponga a trabajar a esos presos, para que ellos mismos construyan cárceles en su tiempo libre, que es bastante, de paso aprenden albañilería y construcción, y hacen algo digno por ellos y por nosotros!


Extraído de El País

Nacional
La liberación masiva de reclusos enfrenta al gobierno y oposición

Hacinamiento. Oposición dice que la liberación no descongestionará los penales y generará un aumento de la inseguridad Gobierno afirma que liberados serán asistidos por medidas alternativas | w Bonomi pretende extender el modelo de Campanero

EDUARDO BARRENECHE / PILAR BESADA

El gobierno y la oposición se enfrentaron por el anuncio de la liberación masiva de presos. La oposición dice que ello aumentará la inseguridad. El gobierno replicó que estos serán controlados en el marco de políticas alternativas a la prisión.

El senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, afirmó a El País que "no es una buena medida" la liberación de encarcelados porque muchos de estos "van a volver a delinquir".

En este momento, unos 2.000 presos ya cumplieron los dos tercios de sus penas y podrían ser liberados en caso de que el gobierno obedezca las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

A esa cifra se le debe restar aquellos reclusos que cometieron delitos inhabilitantes, tengan un historial de mala conducta y primarios con penas de entre seis meses y un año. Un estudio reciente realizado en el sistema penitenciario muestra que 850 reclusos podrán acogerse a la liberación anticipada, afirmaron fuentes gubernamentales a El País.

Moreira, quién representó al Partido Nacional en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública, rechazó que el gobierno aplique el Pacto de San José de Costa Rica para liberar a 1.000 presos.

"Por más que se libere a presos con delitos más leves y que la reincidencia sea más baja, se pondrá en la calle a personas que han delinquido antes de que su pena se cumpla", dijo.

Moreira recordó que en el 2005 el gobierno de Tabaré Vázquez impulsó la ley de humanización de cárceles para descomprimir los presidios. En ese momento, los establecimientos penitenciarios alojaban a 7.200 reclusos. Con la ley fueron liberados unos 800. Se trataba de internos que habían cometido delitos leves.

"Considero que la Ley de Humanización de Cárceles no dio los resultados esperados porque al año los penales estaban llenos otra vez", dijo el parlamentario blanco.

Un informe del Ministerio del Interior, que evaluó los dos años de vigencia de la Ley de Humanización de Cárceles, señaló que el índice de reincidencia de los favorecidos por esa normativa fue del 18%. La tasa actual de reincidencia oscila entre un 60 y un 70%, según datos del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé.

Moreira explicó que la baja tasa de reincidencias tras la ley de humanización de cárceles se debió a que el Patronato de Liberados y Encarcelados "actuó activamente. Ahora la situación de esta institución es otra desde el punto de vista presupuestal y de recursos humanos. Las carencias son notorias sobre todo en el interior del país".

A juicio del senador aliancista, las soluciones a problema del hacinamiento carcelario pasan por una ley de penas alternativas y por la construcción de nuevas plazas. "El gobierno anterior prometió que enviaría al Parlamento un proyecto de penas alternativas y nunca lo hizo. Este gobierno también hizo anuncios de ese tipo y tampoco los ha cumplido", expresó.

SEGURIDAD. El diputado colorado, Germán Cardozo, que interpeló en 2007 a José Díaz, citará a comisión a Bonomi "para conocer el alcance de la medida" de liberación de presos, y está dispuesto "a llegar hasta las últimas consecuencias", en cuanto a una interpelación.

"La consecuencia directa de esto va a ser el aumento del delito, la alarma pública, el pánico en la sociedad, y en pocos meses va a estar el problema nuevamente", afirmó Cardozo.

"No da para seguir haciendo experimentos. Con la prueba de José Díaz fue suficiente", advirtió el diputado colorado.

Cardozo calificó de "rotundo disparate" la iniciativa gubernamental. "Para hacer buena letra con los organismos internacionales y tener cifras aceptables de cantidad de reclusos, el gobierno transfiere su problema a la sociedad", dijo el parlamentario.

Por su parte, Bonomi afirmó que la cartera brindará "garantías" de que los presos contarán con medidas alternativas a la prisión. "No saldrán a la libertad así como así. Deberán cumplir penas domiciliarias, usar brazaletes electrónicos y serán supervisados por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas", dijo a El País.

El director general de Secretaría, Charles Carrera, dijo a Últimas Noticias del lunes 2 que "no cree que las pulseras puedan incorporarse en el corto plazo", ya que implica la contratación de tecnología, puesta de sensores en el domicilio del procesado y la aplicación de un software que no pueda ser de fácil violación.

Consultado Bonomi sobre las críticas de la oposición acerca de que estas liberaciones masivas no tendrán efecto alguno a corto plazo en el hacinamiento carcelario, respondió que dirigentes blancos y colorados "comparan" este plan con la ley de humanización de cárceles instrumentada en el 2005.

"Esto es otra cosa. Se trata de un paquete de medidas de seguridad. Dentro del mismo está la situación de cárceles. Hablamos de construir dos cárceles de alta seguridad, impulsar un proceso de descongestionamiento y de rehabilitación. Nuestro objetivo final es disminuir la inseguridad en el Uruguay. No estamos hablando de una política carcelaria al margen de una política de seguridad", expresó Bonomi.

El gobierno todavía no definió si enviará un proyecto de ley al Parlamento para habilitar las liberaciones de presos.

Entiende que el país ya suscribió el Pacto de Costa Rica y que, por ende, no necesitaría una iniciativa legal para comenzar las liberaciones de encarcelados.
LA propuesta del gobierno para la liberación de cientos de presos

Las medidas que impulsa el ministro del Interior Eduardo Bonomi para descongestionar el sistema carcelario implican liberar a un cúmulo de presos, que estiman entre 1.000 y 2.000.

La principal medida implica que los presos que no tengan sentencia de condena sean liberados cuando hayan cumplido los dos tercios de la pena mínima prevista para el delito por el que fueron procesados.

Según un relevamiento del Ministerio del Interior, hay 1.100 presos en estas condiciones.

Otra de las medidas que se evalúan es la liberación de los presos primarios menores de 28 años y con registros de buena conducta.

Estos reclusos liberados quedarían bajo la tutela de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), creada recientemente.

La iniciativa de liberar a los presos sin condena surge a raíz del interés del gobierno de cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica), y del informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

La abundancia de presos sin condena en las cárceles del país deriva de la lentitud de los procesos judiciales.

En términos legales, hasta que exista condena, un procesado mantiene su presunción de inocencia.

Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, acortar los tiempos de los juicios "es una preocupación permanente de la Corte. Se monitorean los casos y se intenta agilizar los procesos mediante acordadas", afirmó.

Sin embargo, Van Romapey estimó que "el problema carcelario no está vinculado con la abreviación de los procesos. Es un problema de aumento de la delincuencia y aumento de la efectividad de la persecución policial", indicó.

El sistema carcelario alberga a casi 9.000 reclusos. La mayoría son hombres.

El establecimiento con mayor hacinamiento es la cárcel de Las Rosas, de Maldonado, que tiene 150 plazas y alberga a 513 presos según datos de agosto de 2009. El nivel de hacinamiento es del 301%.

En la cárcel de Rocha el hacinamiento es del 290%, en Lavalleja 255%, en Cabido 228%, en el pabellón femenino de Canelones 177% y en el Comcar 173%.
Blancos ponen condición a firma

Los legisladores blancos presentaron una serie de iniciativas en la Comisión multipartidaria de seguridad relativas a los menores infractores que pretenden que sean incluidas en el acuerdo final. Según el diputado Jaime Trobo, de no ser incorporadas en el pacto, el Partido Nacional votará el acuerdo "pero con salvedades". El diputado Luis Lacalle Pou desarchivó un proyecto para que no se eliminen los antecedentes penales de los menores infractores al cumplir 18 años. El proyecto fue puesto a consideración porque "en estos tiempos se ha dado un diálogo más fecundo entre gobierno y la oposición", según Lacalle Pou. Además, los blancos impulsarán la creación de un instituto de rehabilitación para los menores infractores que incluya tratamientos por drogas.
El 10% de los presos irán a las chacras

"Yo me había planteado sacar las cárceles de la Policía pero la prioridad es descongestionarlas para tener las mismas plazas por lo menos, que los presos que hay", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Con una meta fijada a abril del año próximo, el Ministerio del Interior se plantea eliminar el hacinamiento existente en las cárceles del país, para luego comenzar con las tareas de rehabilitación. Además del plan de liberación de presos, la cartera pretende transformar las 18 chacras policiales que existen en todo el país en cárceles de mediana y mínima seguridad que permitirán dar alojamiento a unos 1.000 reclusos.

A partir del año 2006, en el Complejo Policial Campanero -ubicado a unos tres kilómetros de la planta urbana de Minas-, se construyó una barraca de mínima seguridad con capacidad para alojar 20 reclusos.

Siguiendo esa experiencia, Bonomi anunció que invitará a todos los Jefes de Policía a visitar el lugar para que luego hagan lo mismo en sus departamentos, ya que ésta será la política para las chacras policiales.

Tras asumir este año el inspector principal Luis Martinelli como nuevo Jefe de Policía de Lavalleja, el jerarca policial advirtió que la situación de hacinamiento que existe en la cárcel minuana "imposibilitaba rehabilitar" a un preso, ya que el ocio es la "madre que campea" por el establecimiento.

La cárcel minuana aloja a 104 reclusos en una edificio con 100 años. El presidio cuenta con 40 plazas.

En la chacra de Campanero los reclusos trabajan durante todo el día construyendo bloques, baldosas o atendiendo los animales de la granja, trabajan la quinta, el aserradero y el taller mecánico.

Según Bonomi en un año la cárcel de Minas, ubicada en el centro de la ciudad, será cerrada. (Producción: Fernando Bonhomme)
El País Digital


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sábado, 10 de julio de 2010

Mujica abre el paraguas, pensará en una demanda al estado?

Todos vimos lo que pasó en la cárcel de Rocha. Un horror.

Lamentablemente, también escuché la comunicación telefónica grabada de un celular donde los reclusos le pedían por favor que les abrieran las puertas para salir del celdario, rogaban y rogaban y nada.

En cualquier parte del mundo, volaría desde el ministro para abajo, todos.

Esto me hace acordar al Tribunal de cuentas que nadie le da pelota, bueno acá fue a Bomberos, que hicieron un informe hace más de 7 meses, diciéndoles las carencias en seguridad contra incendios y nadie hizo nada. Claro, no hay rubro, si se la patinan toda.... qué plata va a haber?

Y por más que Mujica se haga el compunjido, y algún otro que se cuelgue con cara de circunstancia, yo no les creo nada, a ninguno, porque si realmente esto importara, al menos se preocuparían que más allá de la forma en que viven los reclusos, deben tener una seguridad mínima, pero hasta eso les quitaron. Esto es estado de derecho?

Claro algo hay que decir, porque los familiares, pueden y deberían hacerlo, un agujero al Estado por semejante bestialidad. Ahora con palabras no se arregla la cuestión, hay muchas formas de morir, pero morir quemado.... debe ser de las peores.

Nacional
Rocha: familiares piden "justicia"; bomberos habían alertado riesgos

Tragedia carcelaria. El ministro Bonomi descartó que la guardia carcelaria haya actuado tarde como denuncian los familiares Las 12 muertes del jueves enlutaron la asunción de Barrios | "En los temas carcelarios se corre de atrás", lamentó

ROCHA | E. GONZÁLEZ / P. MELÉNDREZ

La tragedia de la cárcel de Rocha fue el final de una historia anunciada. Hace diez meses Bomberos reclamó mejorar las condiciones de seguridad en el centro penitenciario, pero prácticamente ninguna de las recomendaciones se cumplió.

Los habitantes del departamento de Rocha vivieron ayer un día de profunda congoja, más allá de ser familiares o no de los 12 reclusos fallecidos y los ochos que resultaron con quemaduras, tres de los cuales permanecen internados en delicado estado a causa de graves heridas causadas por el fuego.

La sensación de todo el departamento la resumió Artigas Barrios, quien ayer asumió su segundo período al frente de la Intendencia Municipal. "Las vidas que se perdieron nos duelen y nos conmueven a todos y todos somos responsables", dijo Barrios, y llamó a los habitantes del departamento a trabajar para "tener una sociedad más justa y pacífica".

Un grupo de 30 familiares y amigos de los reclusos fallecidos marcharon en horas de la tarde en reclamo de que se esclarezca lo sucedido, más allá de las responsabilidades que eso implique a nivel policial.

La mayoría de los familiares afirman que existió una clara negligencia de parte de los miembros de la guardia penitenciaria y, en especial, del funcionario que estaba a cargo de las llaves de las puertas del celdario siniestrado.

Sin embargo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, insistió con que la actuación de los integrantes de la custodia fue correcta, y rechazó los cuestionamientos de los familiares respecto a que la demora en abrir la puerta haya sido de 20 minutos o una hora.

"Eso es un disparate y lo segundo (la demora de una hora) es tres veces más disparate", indicó Bonomi, aunque destacó que ese aspecto será resuelto por la Justicia.

En ese sentido, el juez Vital Rodríguez continúa trabajando en torno al caso. En la tarde del jueves, el magistrado interrogó a varios reclusos que presenciaron los hechos. Y ayer, el juez tomó declaración a los miembros de la guardia que en la madrugada del jueves estaban a cargo de la custodia del penal.

El magistrado -que entre otras pruebas cuenta con videos filmados con teléfonos celulares por otros reclusos de celdas contiguas- investiga todas las características de la tragedia, desde el inicio del fuego hasta la presunta negligencia de los custodios de la cárcel. Hoy, el juez Rodríguez recibirá la pericia definitiva, que fue realizada por técnicos de Bomberos del Cuartel Centenario de Montevideo.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, quien el jueves se hizo presente en la cárcel de Rocha, estimó que el incendio ocurrió de manera "accidental".

Garcé dijo que presumiblemente el fuego fue causado por la presencia de calentadores y diversos tipos de frazadas y cartones que se denominan "ranchadas" y que dividen el espacio entre los reclusos para que tengan mayor privacidad en los pabellones colectivos.

ADVERTENCIA. Un informe elaborado por el Destacamento de Bomberos de Rocha en septiembre de 2009, reveló la existencia de grandes carencias en la cárcel departamental en cuanto a las medidas de seguridad necesarias para prevenir y combatir incendios.

El informe, que fue entregado al jefe de la cárcel, Ricardo González, el 22 de septiembre de 2009, fue elaborado por el responsable de Bomberos de Rocha, Wilmar Bautista, e indica que en todo el recinto carcelario se requiere la instalación de seis extintores, repartidos entre la oficina de guardia, el depósito de víveres, la tapicería, la panadería y la cocina.

Asimismo, el documento, al que tuvo acceso El País, recomienda instalar una luz de emergencia con una autonomía mínima de dos horas en la oficina de guardia y el corredor central interior, como forma de facilitar el accionar de la guardia y de los reclusos ante un eventual caso de incendio.

Por otro lado, el informe señala la necesidad de adecuar las instalaciones eléctricas en función de los requerimientos de UTE, "haciendo hincapié en la eliminación de todas las instalaciones precarias efectuadas al momento en los distintos ámbitos de alojamiento".

En tal sentido, la nota entregada al director de la cárcel de Rocha señala que el 30 de agosto del año pasado se debió combatir "un principio de incendio en el tablero eléctrico, debido a la sobrecarga en los conductores de la instalación y estado de la misma".

Además, el informe de Bomberos también recomendó instalar en el corredor central de la cárcel una boca de incendio conectada a un depósito de agua exclusivo para incendios con una capacidad mínima de 4.500 litros.

La cárcel no cuenta con habilitación de Bomberos. "Se deja constancia que este es un informe preliminar y no suple el trámite de habilitación de Bomberos, por lo cual se sugiere el comienzo de la realización del mismo ante el Destacamento de Bomberos local", reza el documento.

El subjefe de Policía de Rocha, Alcides Caballero, admitió a El País que la mayoría de los requerimientos realizados el año pasado por Bomberos no se cumplieron, y esgrimió que se está trabajando para trasladar el centro penitenciario a otro punto de la ciudad.

Caballero dijo que son "notorias" las carencias que tiene la cárcel. Al respecto, recordó que un motín del mes pasado causó serios daños al penal.
Mujica se disculpó ante los familiares de los fallecidos

"En esta hora de dolor, aunque nada le resuelve a nadie -y no me puedo retrotraer en el tiempo-, no puedo hacer otra cosa que urgir todo lo que se ha hecho y lo que se está intentando para que estas cosas no pasen, y pedirle disculpas a aquellos familiares que se sienten hondamente convulsionados y doloridos".

Con esa frase se refirió ayer el presidente José Mujica en su audición de M24 a la tragedia ocurrida en la madrugada del jueves en la cárcel de Rocha que causó la muerte a 12 reclusos y heridas de gravedad a otros ocho internos, que siguen internados en delicado estado.

"Yo sé que los presos pueden no preocupar, pero sabemos que cualquiera en un estado de derecho puede terminar preso en alguna etapa y no hay que concebir que un tropezón es igual a una caída definitiva", reflexionó el mandatario.

Mujica admitió que existen "limitaciones" en el sistema carcelario, al que calificó de "penoso". Dijo que tiene la sensación de que en este tema "se corre de atrás y se llega tarde".

Esta semana, el Senado postergó la votación de la Ley de Emergencia Carcelaria para el próximo martes. Esa iniciativa prevé destinar US$ 15 millones para construir nuevos centros penitenciarios y la contratación de personal de vigilancia.

El jueves, horas después de registrado el incendio en la cárcel de Rocha, Mujica, visiblemente consternado dijo, que el hecho es "dramático" y evidencia "la enorme deuda que tenemos con las cárceles en nuestro país".
El País Digital


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