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viernes, 14 de enero de 2011

Según Vázquez delinquen los niños nacidos en otros gobiernos...

Sobran comentarios, pero igual, qué hace este señor donde está? Busca más prebendas del pueblo?

Resulta que según su razonamiento, pobre, bien pobre, la culpa de que haya menores delinquiendo es de gobiernos anteriores al Frente Amplio porque nacieron en los años de esos gobiernos.

Este señor se olvida que para juzgar esto como un dogma, hay que esperar a que pase este período de gobierno y ver si los resultados no son los mismos. Yo le diría, cuidado con lo que dice, porque será otro que no resiste los archivos.

Parece que el Perro carece de información, hay niños de 12 años y menos delinquiendo y por más que hayan nacido en un gobierno no frenteamplista, se "educaron" si se puede decir esta palabra, dentro de un gobierno del FA y decidieron delinquir en un gobierno del FA.

Muy simplista su teoría y no se sostiene en ningún argumento de peso. Veremos si la educación mediocre de estos niños y la ceibalita va a hacer de ellos ciudadanos honorables.... cuanta estupidez!

Extraído de Cuaderno de Compañero nro. 2 de Partido por la Victoria del Pueblo.


El policía debe ver al ciudadano como alguien necesitado de ayuda.

Entrevista a Jorge Vázquez.

Escribe: Adriana Cabrera.

Jorge Vázquez, actual Subsecretario del Ministerio del Interior, fue Prosecretario de la Presidencia y Presidente de la Junta Nacional de Drogas en el gobierno anterior. Tuvo bajo su responsabilidad la instalación del Sistema Nacional de Emergencia así como la Secretaría Antilavado. Pero para muchos que trabajan en la salud, Jorge Vázquez fue el Jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de Clínicas por un período e integrante del órgano de cogobierno del hospital por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, en otro. Y para los presos políticos que pasaron por el Penal de Libertad, fue también el compañero al que podían confiarle sus problemas de salud.

- Durante el período de gobierno anterior, cuando nos preguntaban por la inseguridad, decíamos “aquellas lluvias trajeron estos lodos” refiriéndonos a la crisis económica y a la falta de atención a la emergencia social de los gobiernos anteriores como causantes de marginalidad y delincuencia. Ahora, en el segundo período de gobierno, ¿podemos seguir haciendo el mismo diagnóstico?

- Una de las cosas que me preocupaba era ¿por qué seguimos con los niveles de delincuencia que tenemos? Y ¿por qué tenemos una participación tan alta de menores en la delincuencia? Como todo proceso uno piensa que esto va a tener un período de alza, luego una meseta y después va a empezar a bajar. Así operan las cosas en la sociedad, o por lo menos desde el punto de vista epidemiológico. Y uno se pregunta: ¿Por qué no llegamos a la meseta? ¿Por qué seguimos teniendo los niveles de delincuencia que tenemos? Que son mucho mejores que el resto de la región, que somos uno de los países más seguros, pero la gente lo vive con inseguridad. También uno piensa, tenemos un 6% de desocupación, hoy día se gana un poco más, después de 5 años de gobierno frenteamplista hubieron mejoras sociales, hay una mejor cobertura de BPS y de la salud, hay más trabajo, hay más actividad social y económica. Es cierto que todavía hay salarios bajos y gente que todavía no ha podido acceder al trabajo cuando hay sectores de la población que tienen un nivel adquisitivo muy alto. Una deuda pendiente sigue siendo la redistribución de la riqueza. Pero uno podría decir: a la luz de todo esto podría bajar la delincuencia. Si hay oportunidad de trabajar, la gente no pasa hambre. Además el MIDES tiene planes de comedores, de albergues; hay una política de ir a buscar a la gente que está en situación de calle; a nivel de secundaria una mayor inclusión de los gurises en la educación. Entonces ya tendríamos que estar en condiciones de que la delincuencia bajara. Sin embargo no es así. Entonces uno tiene que pensar: los gurises que hoy tienen 17 años, ¿en qué año nacieron? Nacieron en 1993. Y más allá de que todo el mundo dice que con los blancos se vivía mejor, lo cierto es que uno sentía la crisis económica, y de ahí en adelante la crisis siguió. Los gurises que tienen 10 años, son del año 2000. Cuando nacieron, sus familiares o ellos mismos estaban viviendo en asentamientos. ¿Qué podemos espera? Creo que todavía estamos recibiendo la cola de todo eso.

- Los gobiernos se miden por quinquenio pero las generaciones no se miden así.

- No. No se miden así. Y uno ve los gurises con 17 años que delinquen, pero seguramente sus padres también, sus familias están desestructuradas. Acordate que el MIDES en el año 2005-6 cuando se hizo la encuesta de hogares, tuvo que cambiar el concepto de hogar. El hogar ya no era el padre, la madre y los hijos. El hogar eran los que vivían en la casa. La mujer sola y los hijos de distintos padres. Y los grandes se llevan a sus compañeras. Y ese es un clima adecuado para que se impulsaran otros valores. No sólo el consumo de la droga sino aquello de “valés cuanto tenés”, “hacé la tuya”, la promoción de las cosas de marca. Tiene que ver con la lucha por la sobrevivencia. Además ellos piensan: ¿por qué no pueden tener lo que tienen los otros? Y si le roban una campera o un par de championes Nike a otro, piensan “era un gil que tenía un par de championes Nike y se los saqué y ¿por qué no se los voy a sacar?”. Cambió la escala de valores. Creo que no hemos llegado a la meseta y que no vamos a llegar durante un tiempo. Recién cuando tengamos gurises incluidos, gurises con acceso a la educación, abarcados por políticas de inclusión del Estado, en salud, o como las ceibalitas que les permitan sentirse igual a los demás y tener una visión diferente del mundo, van a empezar a cambiar las cosas. Así como cuando estaba en la presidencia de la Junta Nacional de Drogas yo decía: “la mejor política para combatir la droga es la política de gobierno” ahora digo “la mejor política para combatir la inseguridad es la política de gobierno”. El tema es: mientras tanto, ¿qué?
Creo que el problema de la delincuencia no es un problema exclusivo del Ministerio del Interior. Este es un tema en el cual toda la sociedad puede aportar. Desde el Estado, cada organismo con políticas concretas de inclusión social, desde las organizaciones privadas tratando de incluir a aquellas personas que pueden haber cometido algún delito o que tienen problemas de exclusión, con acciones propias de la comunidad en el sentido de combatir el circuito de las cosas robadas no comprando porque aunque las venden más baratas lo que hacemos es fomentar el mercado de cosas robadas, uno compra eso porque es más barato y de alguna manera está fomentando el circuito del delito.
Se puede colaborar también mirando las cosas desde una óptica distinta. Cuando empezamos en el Ministerio del Interior lo que nos preocupó fue que la policía viera el tema violencia y delincuencia desde una óptica no policial. Entonces hicimos un seminario con todos los jefes y subjefes de policía del Uruguay, más los directores de las direcciones nacionales, junto a la Facultad de Ciencias Sociales y de Antropología. Hicimos talleres para ver la violencia desde una óptica no policial. Porque en la historia las sociedades son esencialmente violentas, y manifiestan su violencia de distinta manera, una es la delincuencia. El objetivo era abrir las cabezas.
Entonces en cuanto a tu pregunta en relación a los años anteriores, creo que hay que seguir haciendo las cosas que ya estábamos haciendo: las políticas de inclusión social. Y mirar la seguridad desde un punto de vista más holístico. En el que la sociedad tenga una participación activa. Recuperar los espacios públicos. Hablábamos de hacer desembarcos, que la UTE vaya con la luz, OSE con el agua, la policía con policía de proximidad, el MIDES con su gente, la iglesia, el MSP, todo lo que es la sociedad civil organizada. No pasa porque tengamos más policías ni porque seamos más eficientes en el combate a la delincuencia.

- En materia de presupuesto, el Ministerio del Interior es el segundo en montos adjudicados. También desde el punto de vista salarial y en el incremento de cargos. ¿Cómo se junta eso con lo que acabás de decir en el sentido de que no es con más seguridad que se resuelve el problema sino llegando el día antes con educación, etc?

- Mirá, todo eso es bueno. Tener más policías es bueno, pagarles más, es bueno, que tengan un horario más reducido, es bueno, porque les permite estar más en la casa y recomponer esa estructura social que se rompió porque a los policías les pasa lo mismo, no están nunca en la casa, los divorcios son muy frecuentes, la violencia familiar es importante y los suicidios también. Tenemos una institución que está patológicamente afectada. Entonces tenés que mejorarla pero eso no soluciona el problema de la delincuencia.

- Y sobre los compromisos que están en el programa del FA “incorporar a la fuerza pública a una sociedad de tolerancia”, en esa línea de trabajo ¿qué otras cosas tienen previstas?

- Otra de las cosas que pensamos hacer es modificar los planes de estudio de la Escuela Nacional de Policía, tener una formación básica y después apostar a las especialidades. No es el mismo perfil el que tiene que tener la policía de proximidad, que conoce al barrio, que la gente le tiene confianza, con las Mesas de Convivencia para que la gente los pueda conocer y pueda tener una visión realista y no subjetiva de lo que está pasando, eso lo queremos incentivar. Queremos sacarle a las jefaturas de policía todas las cosas que no tengan que ver con la policía de proximidad. Y crear una Dirección de Crimen Organizado que se dedique a aquellos crímenes más complejos, que requieren más investigación, más inteligencia y que a veces favorecen la posibilidad de que alguien entre en delitos de corrupción. Me refiero a delitos complicados que requieren niveles de investigación más adecuados, que hay que trabajarlos con mucha profesionalidad porque hay intereses económicos detrás, al igual que como se trabaja el tema del narcotráfico con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas que es capaz de hacer un procedimiento y llevarlo durante muchos meses y que la información no trascienda y cae el que tiene que caer. La experiencia es que ha sido procesada gente con mucho poder económico, con muchas vinculaciones sociales y políticas. Eso es una muy buena señal. Mejorar el salario policial de manera que el policía se sienta más jerarquizado, que se pueda integrar más a la sociedad, disminuirle el número de horas de trabajo, estamos haciendo todo como para tener más centros de capacitación a distancia. Vamos a extender las videoconferencias al interior del país para poder capacitar permanentemente a la policía. Esas cosas van a ayudar. Hacer mucha inteligencia tratar de adelantarnos al delito, hacer buenos diagnósticos para hacer buena prevención, ser efectivos en la represión. También estamos incorporando polígonos virtuales de tiro para que la policía sea eficiente, porque enfrentamientos van a tener y nosotros no queremos tener policías muertos. No puede ser que los delincuentes tiren mejor que la policía. Disminuirle al mínimo los riesgos, darles equipamiento para que puedan trabajar. Eso es bueno. El trabajo a nivel de cárceles es importante. Tenemos una reincidencia de alrededor del 70%. Si nosotros logramos mejorar las cárceles en cuanto a deshacinar, que la gente esté más cómoda con respecto a los derechos humanos, tratado por personal especializado, que no sea el policía que lo detiene el que después lo cuida en la cárcel sino separar la policía nacional del Instituto Penitenciario. Trabajar en la rehabilitación y recuperación de los presos de manera de poder bajar los índices de reincidencia, eso va a ser bueno. Trabajar para que los menores infractores no se fuguen. Si lo lográramos, bajaríamos mucho la delincuencia. Porque después que se escapan antes de que los vuelvan a detener, los gurises cometen cuatro o cinco rapiñas.
Y acá me gustaría hacer una diferenciación entre la seguridad objetiva y la subjetiva. La objetiva es todo aquello de la realidad vinculada al delito y ahí tenemos que hacer un estudio y ver cómo hacer para bajar la delincuencia. Pero después, la seguridad subjetiva que es lo que la gente siente, eso no lo puede hacer la policía. Ese papel lo debe cumplir lo político, desde el gobierno o desde la fuerza política. Es hacerle entender a la gente qué es lo que se está haciendo y cuáles son los logros en materia de seguridad pública. Y mostrar los resultados, no los policiales. En la policía tenés por un lado la cantidad de delitos que se cometen pero por otro lado la cantidad de personas que se detienen, y las que se procesan. A veces se hace más hincapié en los delitos que se cometen que en la eficiencia policial. Si uno mira la prensa va a ver que hay una respuesta bastante buena y se aclaran bastantes delitos y la prueba está que tenemos las cárceles llenas. Si la policía no fuera eficiente no tendríamos hacinamiento en las cárceles. Y también es bueno que la investigación haya mejorado porque es malo cuando vos detenés a alguien y cuando va a la justicia, lo deja en libertad. Quiere decir que no obtuviste las pruebas suficientes. Hoy en día eso también ha mejorado. Pero volver a recuperar la confianza es bien importante desde el punto de vista político porque cuando la gente se siente insegura se siente insegura para todo. Pone rejas, pone perros, no sale a la calle, cada vez se aísla más, no habla con el vecino, trata de que la gente no salga, tiene miedo. Son los mismos factores de aislamiento que utilizó la derecha para atomizar la sociedad, entonces a través de la inseguridad lo que estamos haciendo es fomentar ese tipo de cosas. El otro día en una exposición de empresas privadas que tuve la oportunidad de ir a inaugurar, le decía, “ustedes son muy eficientes en vender cámaras, rejas, alambrados eléctricos pero ¿saben por qué fracasan como empresa?, porque la gente se sigue sintiendo insegura”. Entonces por un lado la inseguridad de la gente les sirve para vender pero nunca le dan seguridad. Lo que le dan son alambrados, rejas, pero si la gente sigue teniendo miedo, fracasan como empresarios. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas para garantizar la seguridad objetiva y combatir el miedo. El miedo es mal consejero. Hace que la gente se sienta vulnerable desde el punto de vista económico, descree en los políticos, se siente solo y aislado.

- Y lo aprovecha la derecha. Lo intentaron durante el gobierno anterior pero la gestión de ustedes en la JND fue excelente y a la hora de la campaña electoral se pudo mostrar. Eso acotó las intenciones de la derecha que en plena campaña electoral dedicaba la mitad de los informativos a las noticas policiales.

- Se hicieron dos cosas buenas: el combate a la droga y el combate al lavado de dinero. En el último período le preguntabas a la gente y no nombraba la droga como un problema. En las encuestas sobre los principales problemas de la gente las respuestas eran uno, el trabajo, dos el tema de la droga y al final del período la gente decía el problema de la seguridad porque tanto con el trabajo como la droga la gente se sentía más segura. Y lo otro que no se percibe fue el trabajo en el Sistema Nacional de Emergencia. El país desarrollo un sistema de protección que la gente no vio hasta que se generaron situaciones de emergencia como las inundaciones del año 2007 donde tuvimos 15.000 evacuados en una semana y llamamos a un organismo de UN para que viniera a evaluar y no tuvimos ningún muerto, ningún desaparecido, ningún cuadro de diarrea infantil, ni cuadros de desnutrición. La gente se fue reintegrando a sus hogares con las necesidades básicas cubiertas. Tenían dos visitas médicas por día, la alimentación asegurada, incluso, algo que valoraron mucho los expertos de UN fue que los niños no perdieron la posibilidad de amantar Ese sistema de protección, la gente no lo percibe.

- Lo percibe cuando falta

- Sí. Con los incendios forestales podíamos actuar así porque teníamos una coordinación de todos los organismos del estado. Teníamos cámaras conectadas, vigías, teléfonos a donde llamar y después que se generaba la demanda, el primer bombero estaba cerca, la segunda respuesta ya tenía el apoyo de los helicópteros, venía la OSE y la Intendencia con los camiones con agua con las máquinas para hacer los corta fuegos, la policía caminera cortaba el tránsito, entonces ¿por qué podíamos responder así? Porque teníamos un gobierno que se preocupó por generar los recursos que el propio Estado tiene y ponerlos al servicio de un plan común. Fue una experiencia clara de un proyecto que cortaba transversalmente al Estado y que tenía resultados concretos. Fijate que la OSE terminó instalando una planta de envasado de agua en sachet. Nos pasaban dos cosas, una que los bomberos empiezan a operar y se deshidratan con mucha facilidad, entonces tomaban agua de cualquier parte y al otro día estaban con problemas digestivos. Entonces pudimos suministrarles bolsas de agua potable a ellos y a las poblaciones que se quedaban sin agua potable durante las inundaciones. Y eso surgió porque cuando empezás a integrar gente a un proyecto común siempre a alguien se le ocurre una cosa nueva.

- También ustedes adoptaron una política en cuanto a la administración del delito que fue prevenir en el caso del consumidor de drogas y reprimir en el caso de los grandes traficantes, esa línea de trabajo en el Ministerio, ¿se mantiene?

- Creo que sí. Una de las cosas que hemos conversado tanto con Bonomi como con Guarteche es que de la misma forma que para combatir las bocas de droga teníamos que combatir al gran narcotráfico ahora creamos la Dirección Nacional del Crimen Organizado porque ese gran delito es el que mantiene el otro delito que socava la seguridad de la gente y que es del que no se habla. Se habla mucho de la rapiña, del hurto, que es lo que más joroba, y se habla poco del tráfico de personas, del tráfico de drogas, del lavado de dinero, del tráfico de vehículos, de la corrupción, de todo eso se habla poco. Y cuando vos hablás tenés poca respuesta. Llama la atención que en el 2009 generamos una modificación de la ley que habilita determinadas herramientas y la votaron todos los partidos por unanimidad, como por ejemplo la vigilancia electrónica, la figura del colaborador, la figura del agente encubierto, y cuando la aplicamos, y empieza a tener resultados y empieza a ir presa gente con mucho poder, las empiezan a sabotear entonces sale todo el corporativismo a decir: “a los escribanos los obligan a ser investigadores o delatores”. Nada de eso. A los escribanos lo que les pedimos es que cuando aparezca juan de los palotes a comprar una casa por tres millones de dólares que lo haga pero que avise al Banco Central que está haciendo una operación que a su criterio no se justifica.

- Entonces, ¿el lavado de dinero no es un delito ficticio?

- No. No es ficticio. Ha aumentado el número de personas obligadas de hacer reportes de operaciones sospechosas porque teníamos una debilidad muy importante en el sector inmobiliario. Entonces lo que le pedimos a los escribanos es que si ve que alguien está manejando grandes volúmenes de dinero y no justifica de dónde los saca, que siga adelante con el procedimiento, lo único que tiene que hacer es informar al Banco Central para que el banco lo estudie.

- Con el presupuesto se crea la Guardia Republicana, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción, y las Guardias Perimetrales. Explicame un poco en qué va a consistir cada uno de esos proyectos.

- Te falta un proyecto más que es el 911 y el Centro de Comando Unificado. El Centro de Comando Unificado es un lugar desde donde hay un control mediante un sistema de videovigilancia de un sector importante de Montevideo. Eso permite tener vigilancia las 24 horas del día con un sistema de grabación. Ya estamos bajando información para dársela a los jueces. Así fue como se pudo saber cómo empezó el incendio en el Cilindro porque teníamos cámaras allí. Ahora con el preso que falleció en el CNR, la justicia está pidiendo de los días previos y ese mismo día qué fue lo que pasó y estamos mandando imágenes. Se han mandado imágenes de situaciones de robos en Plaza Independencia y lo que nos está faltando para ponerlo en marcha es un proyecto para mejorar las comunicaciones. Hoy en día los medios de prensa y los delincuentes pueden escuchar a través de la radio policial qué es lo que hace la policía. Estamos por implementar un sistema que nos permita una cobertura mejor y que sea más reservado. En el presupuesto tenemos los cargos que nos faltan para hacer la vigilancia las 24 horas del día. Con lo cual vamos a tener un 911 fuerte y pensamos incorporarle no sólo la policía sino también los bomberos, los accidentes de tránsito y las respuestas de las emergencias móviles. Este sistema se incorpora a un sistema de comunicaciones por internet, VOIP, que nos permite ahorrar como diez millones y medio en comunicaciones y tener comunicaciones que no son escuchadas. Un Sistema de Migraciones que nos permite saber al instante quienes son las personas que se están moviendo a través de la frontera, es decir nos da mucha información para trabajar en inteligencia y poder hacer prevención.
Con respecto al sistema penitenciario en poquitos días estaremos habilitando doscientas plazas en Punta de Rieles y eso se va a extender el año que viene a 900 plazas después de una buena clasificación. Tenemos para inaugurar un sector de la cárcel de Rivera y hacer otro sector nuevo en la cárcel de Maldonado; también varias chacras policiales para gente que está por irse, un centro de detención de mujeres, en particular un centro para mujeres con hijos. En el COMCAR vamos a empezar a reciclar los módulos de a uno porque están muy deteriorados y vamos a trabajar para que el Penal de Libertad sea un penal de alta seguridad. El Instituto Nacional de Rehabilitación para el 2011. Nos proponemos hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de las personas detenidas, dar posibilidades de trabajo, de estar con la familia e implementar planes de rehabilitación y reinserción laboral.
En cuanto a la Dirección del Crimen Organizado lo estamos haciendo con base en INTERPOL que ya tiene marco jurídico para hacerlo y lo que estamos haciendo es seleccionar el personal para estar ahí.
En lo que tiene que ver con la Guardia Republicana empezamos las obras pero aún nos está faltando presupuesto para pasar la Metropolitana a Coraceros creando un comando único. Ahí vamos a abaratar mucho porque vamos a tener una sola dirección, una sola cocina, todo lo que está dividido en dos va a ser uno. La Guardia Republicana unificaría también los grupos GEO o de Operaciones Especiales. Los grupos GEO que hay en el interior del país dependerían directamente de este regimiento desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista técnico y administrativo de la jefatura de policía de cada lugar sino el control a distancia es muy difícil. Aparte, estamos capacitando gente para la policía de proximidad lo que era el viejo guardia civil, el que está en la comisaría y depende de jefatura. Ya tenemos un convenio con Brasil para que los policías se especialicen en idioma portugués para atender al turismo brasilero. También vamos a trabajar con Brasil un sistema que ellos tienen que se llama PRONASI, es un proyecto de policía comunitaria que está muy bueno y vamos a ver si capacitamos en esa área a nuestros policías con adecuación al país nuestro. En cuanto a las Guardias Perimetrales lo que se está por aprobar en el Parlamento es la guardia militar, ¿por qué? Porque en estos momentos en las cárceles entran drogas, entran armas, entra lo que se te ocurra, y la guardia que tenemos perimetral, para evitar fugas es militar pero la guardia de entrada de los establecimientos, lo hace la policía, entonces nos pareció como una medida de emergencia establecer un control cruzado. Siempre el control cruzado es bueno porque tiene intereses contradictorios. Esto todavía hay que normatizarlo, aún no está claro. Y todavía no está aprobado, pero estamos pensando que haya un primer control militar y luego uno policial o un control integrado, en cualquiera de los dos casos, el control va a ser mejor. Y la guardia perimetral por ahora no tenemos más remedio que mantenerla. Consiste en un espacio físico que es un área militar donde pueden tirar, ni antes del alambrado ni después del otro alambrado.

- ¿Va a haber un incentivo para que los militares pasen a la órbita policial?

- No es un incentivo, solo van a tener y ya tienen más salario los policías que los soldados. Eso va a permitir descomprimir el presupuesto salarial del Ministerio de Defensa (MDN), y cubrir los cargos libres que nosotros tenemos. El Ministerio del Interior va a definir un perfil y de acuerdo a ese perfil va a permitir que ingresen funcionarios. Quizá unos tengan perfil para estar en Bomberos, otros en los grupos GEO, otros capaz que tengan que hacer un curso en la Escuela Nacional de Policía y otros si no tienen el perfil no entrarían. Eso lo estamos estudiando.

- Por un lado está la derecha planteando una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad de los menores armando una campaña en torno a la seguridad, pero por otro lado tenés a la izquierda que tiene cierto temor de un Ministerio del Interior fuerte luego de la experiencia dictatorial y fundamentalmente la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo ha funcionado eso de erradicar la Doctrina de Seguridad Nacional de la formación de los policías?

- Yo creo que lo peor que podemos hacer es dejar las cosas así como están porque las instituciones de este tipo tienden a reproducirse con una base ideológica que ya la tienen de antemano. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en elaborar un plan de estudio diferente y para eso creamos un cargo de Inspector de Cursos y Escuelas y nos planteamos trabajar sobre el tema de los derechos humanos, trabajar sobre la policía de proximidad, trabajar sobre el crimen organizado, ir haciendo una policía más profesional. No tiene nada que ver con la vieja policía a la que se entraba por cuña, donde no importaba si eras bueno o malo sino quién te apadrinaba, muchas veces no se aplicaban sanciones porque era protegido de alguien y a veces había abuso de autoridad por parte de los oficiales. Todo ese panorama parecería que empieza a cambiar. Ha habido señales diferentes por parte del gobierno anterior y por parte de este gobierno. La policía en general ve con buenos ojos los cambios que se están haciendo y eso que por lo general los cambios generan cierto rechazo por ejemplo cuando vos le planteas a las jefaturas que van a perder parte de los servicios, eso empieza a rechinar. Pero cuando le decís por otro lado “nosotros vamos a crear tres o cuatro regiones y en cada región vamos a tener comisaría de la mujer para atender más y mejor los hechos de violencia doméstica, un poco de policía técnica para que si hay un robo alguien vaya y vea si hay algún indicio que pueda decir quién fue, porque no es lo mismo que tengas a la policía técnica a nivel nacional a que tengas en cada barrio un núcleo chiquito que pueda investigar para que el delito empiece a tener nombre y apellido. Eso rompe lo que fue la doctrina de seguridad nacional.
Este proyecto de reinstitucionalización hace una diferenciación clara entre el MDN y Ministerio del Interior. Define bien cuáles son las competencias y las jurisdicciones. A la policía le hace mucho bien porque su gran problema es que durante mucho tiempo estuvieron sometidos al MDN. No te olvides que durante la dictadura los jefes de policía eran militares, los comisarios eran militares, las autoridades del Ministerio eran militares, las autoridades municipales eran militares. Hoy en día cuando vos hablás de reinstitucionalizar, la policía lo entiende. Cuando hablás de recuperar la función de la policía, lo entienden; cuando hablás de la profesionalidad, lo entienden. Está quedando cada vez más claro que una cosa son los cometidos de las Fuerzas Armadas y otra, los del Ministerio del Interior. No se pueden mezclar. El funcionario del MDN está preparado para la defensa, para la guerra, el funcionario del Ministerio del Interior está preparado para insertarse en la comunidad con códigos diferentes y capacitaciones distintas. El policía tiene que tener una gran capacidad de diálogo y capacidad para resolver en muy poquito tiempo un problema. Porque se le presentan en la calle problemas diferentes y frente a cada problema tiene que dar una solución diferente. El policía no debe ver al ciudadano como un enemigo sino como alguien que necesita ayuda. Es distinta a las FFAA que piensan que todos los que están en contra de ellos son enemigos potenciales. Cuando uno ve un informe de inteligencia de uno y otro, ve con claridad qué considera riesgo o enemigo el Servicio de Inteligencia de las FFAA y qué considera riesgo o enemigo el Servicio de Inteligencia de la División Nacional de Inteligencia. Uno es inteligencia para la guerra y otro es inteligencia para la seguridad pública. Creo que hay que apostar a la profesionalidad y a la reinstitucionalización para combatir eso que al Uruguay le hizo mucho daño que fue la Doctrina de Seguridad Nacional.

- ¿Quiénes se benefician con la política del miedo?

- Uno percibe que se sabotean aquellas medidas que nosotros logramos que se votaran por unanimidad, no las inventamos nosotros se están usando en todo el mundo. Las ponemos en acción y empiezan a dar resultados permitiéndonos llevar presos a gente que tiene muchas vinculaciones políticas, muchas vinculaciones económicas y lo empiezan a sabotear. Entonces te dicen “las escuchas telefónicas están mal utilizadas” “escuchan a los abogados cuando están defendiendo a sus defendidos” cosa que no es cierto, es el caso de Curbelo Tammaro. Se procesó a Curbelo Tammaro y todos los abogados salieron a defenderlo, y en realidad está preso porque es un delincuente. Ahora se pudo probar. Entonces desacreditan la figura del colaborador y dicen “la persona que dio la información es una persona que fue procesada por 4500 dólares en Punta del Este”. Pero ¿quiénes son los que te pasan información calificada en cuanto a delitos? No te lo pasan ni los boy scout ni las iglesias, te lo pasan los propios delincuentes que tranzan con los jueces y bueno, ¿yo te doy información en qué me puedo beneficiar? Da la sensación de que quieren desacreditar todo eso porque se están dando cuenta que tenemos las herramientas y que las vamos a utilizar. Ese es el mecanismo que utilizan los que están en el crimen organizado, en el lavado de dinero. Necesitan corromper a la policía y a los políticos para tener facilidades de operación y se encuentran con que en el caso de los políticos nuestros, por lo menos en el gobierno anterior, no pudieron corromper a nadie. Resulta que el Poder Judicial los procesa, que creamos los Juzgados del Crimen Organizado y ahí no son corrompibles. Los policías que tenemos en la división de narcóticos y en otros lugares son honestos, porque no todos los policías son corruptos, tenemos muchos policías honestos y sobre la base de los que tenemos buenos vamos a empezar a trabajar. Entonces la otra medida que empiezan a tomar es desacreditar. Ahora cuando todo eso empieza a pasar, hay que abrir los ojos. Porque si esto tampoco funciona los tipos van a pasar a otra etapa porque están defendiendo sus intereses, como ya lo tenemos documentado y en manos de la justicia, atentados planificados contra autoridades vinculadas al combate del crimen organizado y sobre todo al narcotráfico. Creo que es bueno decirlo porque la gente también tiene que saber que en este país no solamente hay que mirar al que se droga y comete un delito, no solamente hay que mirar cuántas rapiñas hay sino cuántos delincuentes de cuello blanco, corruptos que además corrompen, que sabotean las instituciones y todo eso hace permeable la sociedad a todo tipo de delitos. Por ejemplo, alguien trafica con armas, porque los delincuentes no van a comprar a la armería las armas, tampoco todas las armas que tienen son las que roban. Tienen armas de otro lado. Acá hay tráfico de armas, tráfico de municiones, hay tráfico de personas, acá hay prostitución infantil, y todo ese delito se mantiene porque hay un grupo grande o mediano o pequeño de gente que tiene los recursos económicos y el expertise político o jurídico y las vinculaciones para poderlos realizar. Ese tipo de delito no lo hace el que vive en un asentamiento. Probablemente Punta del Este en el verano sea un gran centro de planificación de delincuencia porque es un lugar tranquilo donde se puede ir a hacer turismo, donde no hay violencia, donde no pasa nada. Cosa que a los grandes delincuentes les viene muy bien, poder venir a veranear, con su familia, hacen la planificación y se van. Y de todo eso nos queda el tráfico de drogas, la pasta base, la desestructuración social, nos queda lo peor. Alguno podrá decir “bueno pero la cocaína se va para Europa”. Sí, pero el deterioro social queda acá en Uruguay. Y no hay país que sea de tránsito si no es país de consumo. Entonces nosotros vamos a combatir al delincuente, pero mientras haya gente que esté cometiendo grandes delitos, capaz de corromper las instituciones, de generar dudas y de generar miedos, nosotros no vamos a tener buenos éxitos. No hay que olvidarse que en este país hay gente que sigue defendiendo el terrorismo de Estado. Si no fuera así, muchos compañeros desaparecidos no seguirían estando desaparecidos, sabríamos qué pasó. Quiere decir que la política del terror, la política del miedo, le hace bien a un sector de la población que lo usa como elemento de dominación. Eso en democracia es muy jodido y tenemos que combatirlo.

Publicada por Cuadernos de Compañero Nro. 2.

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jueves, 13 de enero de 2011

Algunos ciudadanos ilustres en Uruguay

Para que vean qué fácil es ser ciudadano ilustre, sobre todo de las izquierdas y no importa si es un dictador, acá salen corriendo a darles tal distinción.

Son ilustres muchos de ellos, desconcidos. Segurametne faltan mucho, la lista la hice a mano porque ubicar esta información en la IMM es como sacar el 5 de oro.

Me encantaría saber y no encuentro información, con qué motivo y para qué surge esto del Visitante ilustre, el Ciudadano ilustre y las Llaves de la ciudad, realmente no se si lo estudié alguna vez, si alguien puede ilustrarme, lo agradezco.


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miércoles, 25 de agosto de 2010

Armando paquetitos y que siga la joda

Acabo de leer esto y realmente ya no queda nada. Qué gobierno corrupto el de Vázquez.....

Y sino, que me expliquen cómo es posible que Fassano deba desde 2007 en 3 de sus empresas, plata importante a la UTE y nadie hizo nada, o sea, durante el gobierno de Vázquez estuvo moroso durante 2 años, y? Qué pasó que nadie dijo nada antes de las elecciones, qué pasó que nadie denunció el hecho y recién ahora, se destapa la olla?

Y sigan anotando, porque los chanchullos recién empiezan a salir.

Claro, a Juan Perez no le dio el sueldo para pagar la UTE y como no tiene padrinos, no le deben favores, le cortan la luz y jodete.

No sólo le siguen dando luz por falta de valor en cortarle el suministro, sino que además le regalan 1 millón de pesos que no le van a cobrar, también le regalan las multas y los recargos, qué gracioso,,,, si voy yo a pedir que no me las cobren porque no puedo pagar, se me ríen en la cara, ni siquiera cuando uno denuncia algo, hacen caso, pero acá como es Fassano, todo el mundo boca abajo, nadie dice nada, y que siga la joda.

Además de los obsequios que este señor recibirá de parte de la UTE, y por cierto, de todos nosotros, se inventaron un paquetito de publicidades en relación de canje para que se le achique la deuda, y me pregunto, siendo UTE una empresa monopólica, qué tanta necesidad de publicidad tiene? y la emisión de unos libritos que sponsorisará la UTE porque un ente tiene que estar en la cultura (¿?).

Digo yo, la cultura debería empezar por que aprendan a hablar correctamente.

Antía como es el único del P. Nacional, está en minoría y aunque grite y patelee, esto ya está cocinado, así que mi recomendación es que se lo tome con calma.

Dónde están los legisladores que voté???? Dónde está el Tribunal de Cuentas???
En este país no hay auditorías, no hay nadie que les frene la joda?

Qué alguien haga algo!!! Porque entre los que se cuelgan de la UTE y terminamos los giles de siempre pagando por todo el mundo y el amiguismo con algunos, vamos a terminar leyendo a la luz de las velas, porque pagar UTE ya es imposible, que si además tenemos que hacernos cargo de la deuda de empresarios bien "emparentados" estamos fritos.

Y sino, recuerden que a CX36 le quisieron cortar la luz sin empacho alguno, sin ningún tipo de duda ni de consideración, y zafaron porque los empleados no les permitieron el ingreso a los de UTE.

Extraído de El País
UTE bajó un millón de pesos en la deuda de La República


Convenio. El ente tendrá cinco años de publicidad gratis

RAÚL MERNIES

El Directorio de UTE aprobó un convenio para que el grupo integrado por La República, AM Libre y TV Libre salde la deuda que arrastra desde 2007. El monto superaba los $ 6,5 millones, pero el acuerdo significó una rebaja de $ 970.000.

El grupo multimedio tendrá un plazo de 60 meses (cinco años) para pagar el total de la deuda, podrá pagar con canje publicitario, y mientras tanto deberá mantenerse al día con las facturas de consumo generadas a partir del 30 de junio de 2010.

Sin embargo, la resolución que en el Directorio fue aprobada el viernes por cuatro votos contra uno -el único en contra fue el nacionalista Enrique Antía- establece que el monto total de las deudas de REG S.A. (La República), Somerland S.A. (AM Libre) y Colormel S.A. (TV Libre) es casi $ 1.000.000 menor al monto por el que UTE había iniciado acciones judiciales contra el grupo empresarial.

El acuerdo entre el Ente y las empresas lideradas por el empresario Federico Fasano establece que el monto a pagar asciende a $ 5.659.985. Un mes y medio antes, UTE había trabado embargo al grupo por un monto de $ 6.629.273.

La gerencia comercial de UTE, que estudió el tema con detenimiento, había elevado la semana pasada dos propuestas de acuerdo al directorio. La primera recomendaba "considerar la deuda menos las multas, manteniendo los recargos", y la segunda chance era "actualizar la deuda por IPC, sin multas y recargos".

El Ente resolvió por mayoría tomar la "opción B", la de monto más bajo, y descontar las multas y recargos en la deuda millonaria.

La idea es que el grupo empresarial abone las cuotas de la deuda con vencimientos parciales cada 12 meses. Debería pagar cinco cuotas de $ 1.131.997 (más un interés del 4,25% anual), pero el acuerdo establece que las deudas también "podrán cancelarse mediante el mecanismo de compensación por las obligaciones que UTE generare (...) por concepto de publicidad, comunicación institucional y/o comercial".

En la semana previa al acuerdo, el responsable de los medios de comunicación en cuestión había elevado una propuesta para que UTE fuera sponsor de una serie de 103 libros coleccionables que publicará La República, denominada "El libro, una herramienta de libertad".

La gerencia de Relaciones Públicas de UTE consideró que el objetivo del proyecto era "promover los hábitos de lectura en los jóvenes" y adelantó que, además de los 5.000 ejemplares que se publicarán con el periódico "UTE dispondrá de 10.000 libros de cada obra editada". El responsable de esa gerencia, Ariel Ferragut, expresó en un comunicado al directorio que "un proyecto de esta naturaleza puede enmarcarse en una verdadera acción de responsabilidad social empresarial", y que auspiciar el emprendimiento "significaría un apuntalamiento de la imagen institucional" como empresa pública preocupada por la cultura. Ese canje de deuda por publicidad (estimado en $ 3.720.000) se traducirá en la impresión del logo de UTE en la tapa de los libros, así como "un mensaje creativo sobre el quehacer del Ente" en la contratapa.

Oposición. Antes de que se firmara el convenio, el único integrante del Directorio que votó en contra, Antía, fundamentó su posición expresando su "disconformidad con la compensación por publicidad", al entender que se estaría "sentando un precedente peligroso y violando normas claras de contratación del Estado".

Antía dialogó con las gerencias que tomaron parte en la negociación (Comercial, Relaciones Públicas y Jurídica), en procura de mejorar el proyecto de convenio.

El nacionalista propuso la incorporación de plazos con fechas anuales de vencimiento y que las facturas actualizadas al final del convenio y los saldos a pagar durante la duración del mismo tuvieran intereses.

También planteó que las acciones judiciales iniciadas continúen en caso de incumplimiento por parte de alguna de las empresas, y la eliminación de una cláusula que establecía la confidencialidad del acuerdo y de sus características.

Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta y agregadas al convenio finalmente aprobado.

Respecto del pago con canjes por publicidad, Antía consideró que "ese pago es un premio excesivo y una manera oblicua de generar contratación de publicidad en detrimento de la igualdad de oportunidades que debería respetarse con otros clientes".

El director blanco también dijo que todo este episodio generó "antecedentes peligrosos" y un mensaje a la opinión publica de que "no se actuó con equidad y transparencia".

Antía también aclaró y resaltó que el actual presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, "heredó" esta situación, que "compromete" la actual gestión.

Casi le cortan a CX 36

El criterio que UTE utilizó con las empresas de Federico Fasano fue cuestionado luego del antecedente del pasado 27 de julio, cuando la empresa tercerizada que corta los suministros se hizo presente en la sede de Radio Centenario para cortar la luz. Los empleados no dejaron que les cortaran el servicio y al día siguiente reclamaron, argumentando que La República estaba en igual situación. El directorio recibió el reclamo y canceló el corte.

El País Digital


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viernes, 20 de agosto de 2010

Caso Gonzalo Fernandez y los Peirano, qué farsa!

Y todavía soy delicada con el título.
Esto es una mafia, y sin vueltas. Y por las dudas, utilizo el término según la definición de la Real Academia Española en sus items 3 y 4.

De todas formas, podrán dar mil vueltas, pero algo queda claro, esto huele a heces y por más explicaciones que den, nada cambia el resultado.

Extraña que un señor Profesor de Derecho Penal, se equivocara tanto..... yo no puedo creerle y que me disculpe este señor.

Me pregunto cómo se sentirán los ahorristas que quedaron sin su dinero por culpa de estos señores, me pregunto, qué pensarán de Gonzalo Fernandez, de su pareja Cecilia Salhon, y de los demás implicados.

Todavía tienen el tupé de decir en el FA que es un buen gobernante? Por favor...

Es largo pero vale la pena leerlo todo, da vergüenza, no se cómo todavía tienen el rostro de hacer declaraciones públicas, y lo que es peor, continuar en sus puestos y acá, no pasa nada..., otra que es una joyita, la Dra. Salhon.... que no sólo se incorporó como asesora de Bernini, siendo Fiscal, que además defendía gente contra el Ministerio Público.... es que nunca se le generó conflicto de intereses a esta señora?


Extraído de BRECHA

Intereses cruzados
(Los destacados en letras grandes son míos)

Brecha accedió al expediente del caso Peirano obteniendo un hallazgo y una confirmación. El documento judicial reveló que la abogada Cecilia Salhon, pareja de Gonzalo Fernández e integrante de su estudio jurídico, solicitó la clausura del expediente Peirano por la derogación del ya famoso artículo 76 de la ley 2.230, días después de que su compañero asegurara que eso no podría ocurrir. A la vez, se confirmó que la carátula no cambió. Fuentes judiciales aseguraron a Brecha que los hermanos Peirano están sin antecedentes penales.

El estudio jurídico del entonces canciller de la República, Gonzalo Fernández, defendía penalmente a uno de los directores del Banco Montevideo en el momento en que el Parlamento derogaba en noviembre de 2008 el artículo 76 de la ley 2.230 por la que se encontraba procesado su cliente en el caso de los hermanos Peirano.

La derogación del artículo posibilitó que el Tribunal de Apelaciones de tercer Turno clausurara el expediente, al extinguirse la figura penal que definía el delito.

Fernández –catedrático de derecho penal– brindó su opinión jurídica al senador Sergio Abreu y al diputado Álvaro Lorenzo, asegurando que la derogación no causaría ningún efecto en el expediente. Al parecer no informó a los legisladores que su estudio jurídico se encargaba de la defensa de uno de los procesados y que esa defensa estaba a cargo de su pareja, la abogada Cecilia Salhon. Es de suponer que tampoco todos los legisladores del Frente Amplio que aprobaron la derogación estaban al tanto de que la abogada Salhon integraba en 2007 el cuerpo de asesores de la bancada del Partido Socialista.

A comienzos de noviembre de 2008, la Cámara de Diputados completó la aprobación de la ley 18.411 que incluía la derogación del artículo 76. Días después, la abogada Salhon ingresó en el Juzgado Penal de 7o Turno la solicitud de clausura del proceso penal para su cliente, Juan Domingo Ratti, en virtud de que el Parlamento había derogado la figura penal por la que estaba procesado. Poco antes su compañero, Gonzalo Fernández, había fundamentado a los legisladores que lo consultaron que ese extremo no podría ocurrir.

Una solicitud similar a la de Salhon presentaron los abogados de los restantes procesados en la causa, Jorge, José y Dante Peirano Basso, Marcelo Guadalupe y Mario San Cristóbal. Tal como recuerda el Tribunal de Apelaciones de tercer Turno en su última resolución –la que terminó por clausurar el expediente–, primero comparecieron los defensores de Jorge, José y Dante Peirano Basso para solicitar que “debe clausurarse” el proceso en virtud de que “sus defendidos están procesados por la presunta violación del artículo 76 de la ley 2.230, el que fue derogado por la ley 18.411”. En las fojas inmediatas a esta petición se consigna que “comparecen los señores defensores de Marcelo Guadalupe, Mario San Cristóbal y Juan Domingo Ratti, quienes solicitan la clausura de los procedimientos por fundamentos similares”. En el expediente queda en evidencia la coincidencia en el procedimiento de todos los defensores.

LA CADENA DE HECHOS. Dos meses después, el 11 de diciembre de 2008, la titular del juzgado, la doctora Mariana Mota, comunicó a todos los abogados defensores de la causa sobre el dictamen de la Fiscalía, que se oponía al petitorio de clausura del proceso. A fojas 5.413 del expediente caratulado “Peirano Basso, Jorge y otros. Artículo 76 de la ley 2.230” aparece el correspondiente cedulón enviado a la doctora Cecilia Salhon, quien había fijado “domicilio en Cerrito 420, escritorio 607”. Esa dirección corresponde, según comprobó Brecha, al estudio jurídico de Gonzalo Fernández.

En oportunidad de decretarse el procesamiento de los hermanos Peirano en 2002, Gonzalo Fernández pretendió asumir la defensa de Jorge Peirano Basso, en virtud de su amistad con el banquero y también docente universitario. La decisión fue cuestionada por la dirección del Partido Socialista y Fernández desistió de ejercer la defensa, en una controversia que lo impulsó a renunciar al Partido Socialista, extremo que finalmente no se concretó.

Fernández nunca dejó de ejercer como abogado penalista, al frente de su estudio, mientras ocupaba cargos de gobierno en la anterior administración. Lo que no había trascendido hasta ahora es que su pareja, la doctora Salhon, estaba encargada de la defensa de Domingo Ratti, tal como lo evidencia el expediente penal que pudo leer Brecha.

Cuando en octubre de 2008 se estaba por derogar el artículo 76 de la ley 2.230, es de presumir que Fernández no informó al senador Abreu, ni al diputado Lorenzo, ni a la bancada frenteamplista, ni a sus compañeros del ps, del patrocinio de su estudio a uno de los procesados por el caso Peirano.

Tampoco consta que la doctora Cecilia Salhon haya informado de esto a la bancada del Partido Socialista. Salhon se integró a la secretaría del diputado socialista Gustavo Bernini el 1 de mazo de 2006 como asesora en materia jurídica. Bernini fue uno de los legisladores que la semana pasada defendió con más vehemencia la postura del Frente Amplio en la derogación del artículo 76 y el papel que le cupo en esas instancias al entonces canciller Gonzalo Fernández.

Cabe recordar que Salhon se incorporó como asesora después de un escándalo político por la aprobación del artículo 13 de la ley de presupuesto que le había permitido pasar en comisión al despacho de Bernini, sin perder el cargo de fiscal adjunta que desempeñaba hasta entonces en la Fiscalía Penal de 11º Turno.

En ese entonces, ante las quejas del gremio de los fiscales por la llamada “ley Salhon” y de diversos artículos periodísticos (véase Brecha, 23-II-07) que señalaban la incongruencia –una fiscal que asesoraba a un político y que ejercía la profesión liberal enfrentando en juicios al Ministerio Público, del que seguía siendo empleada– Salhon terminó por renunciar a la Fiscalía.

En un artículo de opinión firmado por el diputado Bernini (publico el mencionado artículo en post aparte) y publicado el 24 de febrero de 2007 en el sitio web La Bitácora de Charly, se abunda sobre el eficiente trabajo de Salhon como asesora del Partido Socialista: “Desde el 1 de marzo de 2006, la doctora Cecilia Salhon integra el equipo de compañeros y compañeras asesores de la bancada socialista en el Parlamento Nacional, equipo que hemos denominado adap y que nos auxilia en los temas que se plantean en el desempeño de nuestra labor legislativa. (…) De más está decir que el aporte de la doctora Cecilia Salhon ha sido invalorable. (…) A solicitud de varios compañeros parlamentarios y siempre con la mejor disposición, Cecilia ha confeccionado numerosos informes y evacuado distintas consultas (…). Es más, excediendo la estricta labor de asesoramiento legislativo, en reiteradas oportunidades, los legisladores le hemos solicitado que tomara casos puntuales en la órbita penal y lo ha hecho en forma honoraria”.

El 5 de noviembre de 2008, cuando se derogó el artículo 76 de la ley 2.230, Salhon se mantenía asesorando al diputado Bernini y a la bancada socialista. Y permanecía en esas funciones a mediados de 2009, cuando participó en la elaboración del proyecto de ley denominado “penas y medidas alternativas a la reclusión”. No fue posible confirmar si mantiene esa vinculación al día de hoy.

Por otro lado, resulta curioso que en la resolución del Tribunal de Apelaciones de tercer Turno, fechada el 29 de julio de 2010, se mencione a todos los abogados que solicitaron la clausura del expediente, menos a Cecilia Salhon. Esa omisión del tribunal retrasó un poco el hallazgo periodístico de la conexión entre el estudio de Gonzalo Fernández y la defensa asumida en el expediente de los hermanos Peirano Basso. Al consultar el expediente, para confirmar si se había cambiado la carátula, como sostuvieron Fernández y dirigentes del Frente Amplio, Brecha encontró el cedulón que la identificaba como uno de los abogados defensores.

DEFENSA CERRADA. Las implicancias de Gonzalo Fernández en la defensa del “caso Peirano” fueron uno de los elementos que sobrevolaron la discusión interna del Frente Amplio desde que se conoció, a comienzos de este mes, la resolución del Tribunal clausurando el expediente en virtud de la derogación del artículo 76. Al finalizar la reunión de los líderes de los sectores del Frente Amplio con Fernández, pasado el mediodía del lunes, el presidente de la coalición, Jorge Brovetto, leyó una comunicación oficial que declaraba satisfacción por la información presentada y respaldaba la “actuación del compañero Gonzalo Fernández como frenteamplista y como gobernante”. Simultáneamente, en reuniones de bancada, algunos senadores del fa mencionaron el antecedente de su intento de defensa de Jorge Peirano, pero el tema fue totalmente descartado. El senador Enrique Rubio dijo a Brecha que “es un disparate afirmar que Gonzalo asesoró en la defensa de los Peirano; en el expediente sólo aparecen en textos de la defensa citas de su libro sobre sociedades anónimas”. El senador Rafael Michelini llegó a reprochar la “falta de reacción (de sectores del fa) para defender a Gonzalo Fernández (…) Cuando le pegan a un sector, el resto mira para el costado”, declaró a Últimas Noticias.

En la reunión de bancada frenteamplista, durante el cuarto intermedio de la sesión del Senado que consideraba la cuestión de fueros del senador Abreu (véase nota aparte), la mayoría de los senadores optaron por eludir el debate sobre el tema, en el plenario

Sin embargo, las declaraciones públicas de la coalición reprodujeron casi textualmente los argumentos de Fernández contenidos en un documento de 40 puntos que entregó a la Mesa Política, en la tarde del lunes. Entre ellos, el punto crucial de que la derogación no afectaría el trámite de la causa de los Peirano y que se había producido un cambio en la carátula del expediente, a raíz del pedido fiscal de 2006.

LA FAMOSA CLAUSURA. Brecha confirmó con el expediente a la vista que el cambio de carátula no se produjo y el pedido fiscal no se convirtió en sentencia, entre otras cosas porque la defensa de los Peirano introdujo pedidos de prueba que dilataron el pronunciamiento. La apreciación de Fernández, en noviembre de 2008, resultó equivocada, pero los senadores del fa descartaron que se hubiera cometido un “error” al momento de votar la derogación. La declaración emitida el martes a la finalización de la sesión del Senado afirma en su primer punto que “los legisladores del Frente Amplio se han conducido y conducen con transparencia y limpieza de procedimientos en todo su accionar político y legislativo, más allá de los humanos errores que se puedan cometer”. El último tramo de la frase fue incorporada por la insistencia de un senador, para quien la votación en 2008 no había agotado el estudio de las posibilidades, incluso con la advertencia que había formulado en sala el diputado Álvaro Lorenzo. Como se detalló en la edición anterior de Brecha, Lorenzo terminó votando la derogación a raíz de la opinión que le formuló el entonces canciller Fernández. En sus declaraciones a Brecha, el senador Rubio admitió que se había cometido un error, pero señaló que “eso no es lo más importante. La resolución del Tribunal nos dejó perplejos”.

El informe de Brecha del viernes 13 ocupó el centro de la discusión de la Mesa Política, tanto que el presidente Brovetto habló, ante la prensa, de un “linchamiento periodístico”. Así, pasó inadvertida la propuesta de los delegados del mpp de “crear una comisión investigadora interna para desentrañar lo que pasó”. Esa iniciativa que será considerada probablemente en la reunión de la Mesa Política prevista para hoy, viernes, fue confirmada a Brecha por el dirigente del mpp Julio Marenales.

A media voz, dirigentes frenteamplistas van dejando caer sus dudas sobre la manera como el Frente Amplio condujo esta crisis política. “Hubo un trámite cuestionable en la aprobación de la ley que incluía la derogación, pero ante el error el Frente opta por cerrar filas”, dijo uno de los consultados.

Si el Frente desestimó en 2008 chequear la opinión jurídica de Gonzalo Fernández, ahora, en un nuevo apuro, descartó chequear la afirmación de que la carátula del expediente había cambiado. A los dirigentes el trabajo de confirmación les habría resultado más fácil que a Brecha, y en la gestión, quizás, se hubieran enterado de que el estudio jurídico del ex canciller aprovechó la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 para solicitar la clausura del expediente.

Los antecedentes y lo no dicho

En su carta a Brecha (véase página 4) el profesor Gonzalo Fernández no explicó cómo es posible, jurídicamente hablando, que la clausura del expediente de los hermanos Peirano y del resto de los beneficiados con la decisión del tribunal de apelaciones, no signifique “que se borren los antecedentes” ni cosa por el estilo. Las diversas consultas de Brecha a jueces y ministros del tribunal de apelaciones son contestes en señalar que una persona que no llegó a ser condenada “no tiene antecedentes penales”, y que por ello, llegado el caso de la comisión de un nuevo delito, deben ser considerados como delincuentes “primarios”. La anotación que queda en los archivos judiciales no equivale a un antecedente penal, y en todo caso los Peirano podrán ser considerados “primarios legales”, pero primarios al fin. Y esto quiere decir que si cometen otro delito no necesariamente deben terminar en la cárcel, lo mismo que sucede con todos los primarios.

Fernández también obvió decir que mientras señalaba a los parlamentarios que si se derogaba el artículo 76 de la ley 2.230 nada afectaría al proceso de los Peirano, su compañera y abogada, Cecilia Salhon, desde el estudio de la calle Cerrito 420, escritorio 607 –a nombre del “Doctor Gonzalo Fernández”– aprovechaba la derogación del artículo para pedir la clausura del expediente por el que se procesó a los banqueros y directivos del Banco Montevideo (véanse páginas 2 y 3).

W P

Trámite parlamentario y planteo de fueros
El rumbo que tomó el episodio

“Quiero decir y subrayar, que nada le pedí (al senador Abreu). No le solicité ninguna ‘gauchada’, ni menos que formulara ningún proyecto ampliatorio de ningún tipo. Lo ratifico con todas las letras.” Así desmentía, en un documento que entregó a la dirección del Frente Amplio, el lunes 16, el doctor Gonzalo Fernández al senador Sergio Abreu, a quien había acusado en televisión –Sonia entrevista, Canal 5– de faltar a la verdad.

Veinticuatro horas más tarde, en la sesión del Senado donde Abreu hizo un planteo de fueros y dio sus explicaciones sobre cómo habían sucedido los hechos, Fernández admitía: “Si eso es la advertencia o la sugerencia que el senador Abreu dice que le formulé, es verdad”.

Así se dirimía uno de los controvertidos aspectos del escándalo político instalado por la clausura del expediente penal de los hermanos Peirano.

Abreu, que declaró a Brecha que había tomado la iniciativa de elaborar una ley para derogar el artículo 76 de la ley 2.230 por sugerencia del ex canciller Fernández (“entendí que se trataba de una gauchada”), reiteró que Fernández había sido el “autor intelectual” de lo que terminó en un “zafarrancho jurídico”. Golpeando la mesa y en tono fuerte, Abreu introdujo, no obstante, un matiz: relató cómo, en una entrevista en la cancillería, en octubre de 2008, Fernández le sugirió la derogación del artículo 76. Pero agregó, airado: “Yo no miento y no le hago gauchadas a nadie, no soy mensajero de nadie”. Al tomar la palabra, Fernández se apoyó en esa afirmación, concluyó que la “gauchada” y la “carambola a tres bandas con casín” –imagen que Abreu había manejado para ejemplificar cómo había sido utilizado– eran en realidad un invento de Brecha, y no tuvo reparos, entonces, para aceptar la autoría de su “sugerencia”.

Abreu no formuló en sala ninguna aclaración sobre la interpretación de Fernández, por lo cual fue necesario que Brecha, en una conferencia de prensa que Abreu brindó al término de la sesión, le preguntara al senador si estaba desmintiendo las declaraciones que días antes había formulado a este semanario. “¿Lo dijo o no lo dijo?”, insistió Brecha. Y al final, después de algunas vacilaciones, Abreu admitió: “Sí, sí, obviamente”.

Así se saldó lo que parecía un inevitable enfrentamiento en una muy peculiar sesión del Senado. El anuncio de un planteo de fueros impulsó a la bancada del Frente Amplio a promover un pedido de licencia del senador socialista Daniel Martínez para que ingresara su tercer suplente, el doctor Fernández. Su presencia en los pasillos del Palacio Legislativo activó una solución “amigable”, cuando el senador Luis Alberto Lacalle se cruzó con Fernández y le dijo, según consignaron las crónicas: “Mirá que no pasa nada”.

Y efectivamente así fue: Abreu reiteró su afirmación de que Gonzalo Fernández había sido el autor intelectual, y Fernández repitió los argumentos que había expuesto ante los dirigentes del Frente Amplio. Entre los puntos soslayados permaneció la contradicción de versiones sobre el diálogo que en 2008 mantuvieron Fernández y el entonces diputado nacionalista Álvaro Lorenzo, el único legislador que planteó sus dudas sobre las consecuencias de la derogación del artículo 76. Según Fernández, en aquella oportunidad comunicó su impresión de que no habría efectos sobre el proceso judicial a los Peirano: “Le expresé por teléfono mi espontánea impresión al diputado Lorenzo, que a esa altura el dichoso artículo 76 había quedado atrás y que, a mi juicio, su derogación en nada podía afectar a la causa judicial, donde ahora se imputaba un delito distinto”. Lorenzo divulgó una versión diferente: Fernández le aseguró que el artículo 76 hacía mucho tiempo que no se aplicaba y que no existía ningún proceso penal con esa figura delictiva.

Otra de las explicaciones de Fernández –que hizo suya el Frente Amplio– también hubiera pasado inadvertida si no fuera porque el senador colorado Ope Pasquet hizo una apreciación sustantiva. Fernández explicó: “Como al momento de sancionarse la ley derogatoria del artículo 76 de la ley número 2.230 esta última disposición ya no estaba en juego, sino que se había imputado un delito de insolvencia societaria fraudulenta, no correspondía a mi juicio clausurar el proceso”. Pasquet subrayó que eso es precisamente lo que sucedió. Y señaló: “Puede decirse que el Tribunal de Apelaciones se equivoca. Puede que así sea. Pero la sentencia está bien fundada y hay juristas que la comparten. Por eso no podía desestimarse que esa era una interpretación posible de la sanción de aquella ley. Si cabía alguna posibilidad de clausura del proceso penal, nadie hubiera votado una ley así. Si se votó es porque no se consideró que esa posibilidad existía”.

Resultó sugestivo que ningún correligionario de Abreu pidiera la palabra para intervenir en el debate y que el senador blanco difundiera, en la conferencia de prensa, un apoyo inesperado: el de Lilí Lerena, viuda del general Liber Seregni. Mientras Abreu enfrentaba en solitario a los periodistas, Gonzalo Fernández era rodeado por la mayoría de los senadores frenteamplistas en la conferencia de prensa donde se divulgó una declaración.

Pactado o no, el resultado del planteo de fueros de Abreu concluyó tal como lo había preanunciado el senador Lacalle: “Aquí no pasa nada”.

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miércoles, 30 de junio de 2010

La casita de Jorge Vázquez que va a terminar pagado Juan Pueblo

A fines de noviembre de 2009, publiqué este artículo, porque realmente fue una vergüenza, pero parece que nadie se dio por enterado, ni se dieron cuenta, Jorge Vázquez quería evitar divulgar su nuevo domicilio

En El país, publican una nota, en la cual parecería ser que se está investigando el tema de la casita que se construyó el perro Vázquez en Punta Gorda, para estar a salvo de los malechores, una casita que a nadie le puede llamar la atención, con 254 metros cuadrados, bajo un convenio que él mismo firmó luego de que su hermano siendo presidente, reglamentara la ley que aprueba estos préstmos especiales.... una ridiculez absoluta! Además se tiene una fe bárbara, porque el préstamo es a 25 años y él lo sacó con 65 años de edad, ningún banco en este país presta plata para vivienda con este plazo y esa edad, por algo será, no?


Editorial

HOY IMPORTA
Préstamo

No satisface la reciente respuesta del ministerio de Vivienda sobre el llamativo préstamo de 127.000 dólares otorgado a Jorge Vázquez cuando finalizaba su gestión como director de la Junta de Drogas. El diputado blanco Gonzalo Novales, que formuló el pedido de informes por entender que el préstamo configuraba "abuso de poder", anunció que pedirá más datos.

La historia del préstamo que habilitó al actual subsecretario del Interior a adquirir una casa en Punta Gorda empezó cuando su propio hermano, el ex presidente Tabaré Vázquez, firmó un decreto en julio del año pasado que reglamentó una ley de 2007. Un mes después de esa firma, el Banco Hipotecario suscribió un acuerdo con la Junta de Drogas, la Agencia Nacional de Viviendas y el ministerio de Vivienda para facilitar residencias más seguras a personal dedicado a combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. El acuerdo fue firmado por el propio Jorge Vázquez, quien semanas después sería uno de sus primeros beneficiarios.

Aunque según el informe ministerial no hubo ilegalidades, persisten las dudas. Una de ellas es que el préstamo llegó cuando Vázquez terminaba la gestión que supuestamente lo puso en peligro. Otra es que nunca se aclaró cuáles fueron las amenazas que recibió. Además, es difícil probar que una casa en Punta Gorda con 254 metros edificados sea más segura que el apartamento de Pocitos en donde Vázquez vivía. Otro punto es que magistrados y policías que habitan en barrios peligrosos también deberían ser contemplados por este sistema.

Y un detalle: el préstamo debe pagarse en 25 años, pero en caso de deceso del deudor, la Junta de Drogas asumirá la deuda. Importa anotar que Jorge Vázquez tiene 65 años.
El País Digital

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viernes, 4 de junio de 2010

Seguimos acomodando gente...

Extraído del Espectador

http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=183719&sts=1

Antel contrató a sobrino de secretario de Presidencia
03.06.2010 | 17.33
El sobrino de Alberto Breccia e hijo de la ex directora de canal 5, fue contratado como asesor en comunicación, con un sueldo de 75.000 pesos más IVA.

En la resolución Nº 510/10 del 31 de mayo de 2010, Acta 2336, a la que accedió El Espectador, y que lleva la firma de la flamante presidenta Carolina Cosse y los directores Fernando Calloia y Martín Ponce de León, Antel señaló la necesidad de implementar una política de comunicación externa e interna.

En este sentido, el directorio resolvió contratar al licenciado Martín Fabregat, hijo de la ex jerarca de la administración de Tabaré Vázquez, Sonia Breccia y sobrino del actual secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, como nuevo asesor del Directorio de Antel con un sueldo mensual de 75.000 pesos más IVA.

El contrato es por un año, renovable automáticamente.

La resolución destaca que el contrato será efectivo previa intervención del Tribunal de Cuentas, al amparo de lo dispuesto por el articulo 35 del decreto 194/997. Es decir que está sujeto a la observación del Tribunal. Sin embargo en otra resolución, la número 539/10 el directorio de Antel aprobó otro contrato para Fabregat por 150 mil pesos más IVA, pagaderos en dos meses.

En el literal dos, el contrato expresa que el mismo regirá por 60 días, como responsable de la política de comunicación de Antel durante ese período.

Vale decir que se hizo un nuevo contrato, mientras el tribunal estudia si es pertinente o no la resolución de contratación final.

La resolución destaca el "excelente currículum presentado" por el ahora asesor.

El presidente José Mujica criticó, desde que asumió, el ingreso de funcionarios a la administración central y se planteó ordenarlo. Criticó los ingresos por concursos y las contrataciones directas, a las que denominó, "ingresos por la ventana".

Antel ha sido un organismo que le ha dado dolores de cabeza a la pasada administración.

Durante la administración Vázquez, en setiembre de 2009, se supo que la empresa estatal había contratado al hijo de la vicepresidenta del organismo, Gladys Uranga, percibiendo un sueldo de 39.000 pesos. También había una hija y una hermana de la ex jerarca cumpliendo funciones en el organismo.

El presidente Vázquez pidió que el contrato quedara sin efecto y el hecho ameritó la renuncia de la entonces jerarca a la vicepresidenta.

También el entonces presidente, Edgardo Carvhalo, renunció luego que se confirmara que era falsa una llamada del entonces prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, en la que éste recomendaba la contratación de un funcionario, que efectivamente ingresó y estuvo adjunto a la vicepresidencia.

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sábado, 10 de abril de 2010

La falta de transparencia en la IMM

Extraído de Facebook

La falta de transparencia en la IMM

Por Fitzgerald Cantero Piali *

Ante las afirmaciones del prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez, respecto a la transparencia de la gestión frentista en la capital, caben varias precisiones.

Dice Rodríguez que "La acusación responde a un recurso electoral que le hace mal a la campaña". A la campaña lo que le hace mal es que la candidata oficialista no quiera debatir proyectos e ideas se escude en una gestión indefendible.

Al Tribunal de Cuentas se le ha evadido sistemáticamente la información, basta ver algunos dictámenes de ese organismo, para verificar la falta de documentación y la nula voluntad de ser investigado por parte del FA.

Como uno de los ejemplos podemos señalar el dictamen referido a TV Ciudad, en donde se denuncia, entre otras cosas, la violación del artículo 99 del tocaf, referido a la obligación de “permitir las inspecciones… y tener permanentemente a disposición los registros y la documentación, facilitar la gestión de los funcionarios o empleados y proporcionar la información que le fuere requerida…”. Graves irregularidades.

Incluso la IMM se atribuyó el derecho de no proporcionar información al Tribunal sobre los contratos en el Departamento de Cultural por considerarlos secretos.
Tampoco a los ediles se les ha remitido esa información, a pesar de los múltiples pedidos de informes y llamados a salas que se han realizado.

Si la IMM no carece de transparencia, ¿por qué se ha negado el FA a una auditoría externa de la administración 2000-2005, en la que, por ejemplo, se perdieron 16 millones de dólares en los casinos municipales?

Antes de ingresar a la campaña electoral, los jerarcas municipales deberían preocuparse por dar detalles de múltiples cuestiones que son ocultas para la ciudadanía. Otro ejemplo: ¿cuántos contratos pagan todos los montevideanos por concepto de ONG, quiénes las administran, y cuánto les queda realmente en el bolsillo a las personas que realizan los trabajos?
Esto los ediles lo han reclamado y nunca la administración aportó respuesta alguna.

Quizás Jorge Rodríguez -en esta nueva vocación de transparencia- responda lo que no contestaron el Cr. Enrique Cabrera y al Cr. Jorge Simón, que representaron a la intendente Hyara Rodríguez, quien no quiso comparecer al llamado a sala de los ediles, el 19 de noviembre de 2009.

Como tampoco bastó el llamado a sala, nos vimos obligados a pedir, desde la Junta Departamental, el 17 de diciembre de 2009 que el Tribunal de Cuentas investigue lo siguiente:

“1) Monto total gastado por la IMM mediante donaciones modales y por todo concepto a Organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, culturales, deportivas, cooperativas y sindicatos desde julio de 2005 a diciembre de 2009.

“2) Cantidad de personas que prestan servicios a la IMM a través de Organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, culturales, deportivas, cooperativas y sindicatos. Cantidad de personas que a través de estas organizaciones perciben algún tipo de retribución. Sistema de control municipal sobre el destino de recursos asignados a estas organizaciones.

“3) Cantidad de funcionarios presupuestados, contratados y zafrales existentes en la IMM.

“4) Actualización, al 31 de diciembre de 2009, del informe de auditoría anterior del Tribunal de Cuentas de la República sobre: a) Legalidad y controles de los ingresos correspondientes a Casinos Municipales. b) Análisis de los gastos en que incurrieron los casinos municipales en el desarrollo de sus tareas. c) Resultados de casinos en el período 2005-2009.

“5) Gasto total para la IMM por conceptos de viajes al exterior e interior del país, del Intendente municipal, Directores de Departamento y de División, Asesores y demás funcionarios. Pasajes, viáticos, gastos en destino por todo concepto desde julio de 2005 a diciembre de 2009, discriminado por año y por persona. Listado de viajes por persona y destino.

“6) Origen, monto y destino de los recursos, incluyendo apoyos o aportes técnicos, administrativos o financieros de cualquier tipo, préstamos nacionales e internacionales, recibidos por la IMM con destino a las actividades del PTI o conexas.

“7) Procedimiento y criterios utilizados por la IMM para habilitar la instalación de empresas en el PTI. Sistema de liquidación de gastos comunes cobrados por la IMM a las empresas instaladas en el PTI (Parque Tecnológico Industrial del Cerro)”.
Por supuesto, los ediles del Frente Amplio votaron en contra de esta solicitud de auditoría. ¿Transparencia dijo?

El prosecretario Jorge Rodríguez tiene la oportunidad de dar cuenta de los 7 puntos señalados anteriormente. Si ello ocurre, podremos empezar a hablar de transparencia.

* Fitzgerald Cantero Piali es diputado de Vamos Uruguay y fue Edil departamental de Montevideo en el período 2005-2010.

Informa el Diputado Cantero Piali que en el Partido están preparando este petitorio por habeas data.

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