Claro que debemos aclarar algo, si este señor está subido al caballo es porque acá también le dieron mérito para eso, así que ahora, a no quejarse.
Extraído de El País
Editorial
[HOY IMPORTA]
Caso Gelman
Sin que estuviera anulada la ley de Caducidad se celebró la primera audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el "caso Gelman". El canciller Almagro era quien sostenía que antes de esa sesión convenía anular la norma, algo que finalmente se frustró pues el oficialismo no logró reunir los votos suficientes en el Senado. De todos modos, con ley o sin ley vigente, nuestro país debe afrontar el reclamo por la desaparición, durante el período de facto, de María Claudia García de Gelman.
El reclamo planteado ante ese tribunal dependiente de la OEA puede terminar con una condena a Uruguay que se expresará seguramente en un pedido para que indemnice a la familia Gelman que, según trascendidos, exigiría una suma cercana a los dos millones de dólares. Naturalmente, no es preciso aguardar al fallo de la Corte sino que el Estado uruguayo podría negociar con los reclamantes la suma final a pagarse por concepto de reparación. Lo chocante de todo el asunto es que un tema vinculado a la vigencia de los Derechos Humanos en donde se invocan los grandes principios filosóficos del derecho de gentes, termine en la descarnada fijación de una cifra redonda que Uruguay desembolsaría ya sea por decisión propia o porque voluntariamente quiere acatar la solicitud de la Corte.
Ahora se entiende por qué cuando explicó sus razones para no votar la anulación de la ley de Caducidad, el senador Eleuterio Fernández Huidobro argumentó con un gesto de disgusto que en el fondo del asunto estaban "las reparaciones económicas".
Es decir, un tema material y muy concreto que chirría cuando se lo presenta como si se tratara exclusivamente de una idealista defensa de los Derechos Humanos.
El País Digital
El reclamo planteado ante ese tribunal dependiente de la OEA puede terminar con una condena a Uruguay que se expresará seguramente en un pedido para que indemnice a la familia Gelman que, según trascendidos, exigiría una suma cercana a los dos millones de dólares. Naturalmente, no es preciso aguardar al fallo de la Corte sino que el Estado uruguayo podría negociar con los reclamantes la suma final a pagarse por concepto de reparación. Lo chocante de todo el asunto es que un tema vinculado a la vigencia de los Derechos Humanos en donde se invocan los grandes principios filosóficos del derecho de gentes, termine en la descarnada fijación de una cifra redonda que Uruguay desembolsaría ya sea por decisión propia o porque voluntariamente quiere acatar la solicitud de la Corte.
Ahora se entiende por qué cuando explicó sus razones para no votar la anulación de la ley de Caducidad, el senador Eleuterio Fernández Huidobro argumentó con un gesto de disgusto que en el fondo del asunto estaban "las reparaciones económicas".
Es decir, un tema material y muy concreto que chirría cuando se lo presenta como si se tratara exclusivamente de una idealista defensa de los Derechos Humanos.
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