Turbio comisario público
ALEJANDRO NOGUEIRA
En los tiempos de la informática no son necesarios los comisarios políticos por manzana de los Comités de Defensa de la Revolución. No hace falta una compleja burocracia partidaria para saber qué hace un vecino, en qué gasta o de qué se enfermó.
La predominancia de una ideología que considera que el control del Estado garantiza la justicia social -ese guante de seda que se utiliza para disimular la avidez de poder del burócrata- hoy tiene la invalorable ayuda de las tecnologías de la información. Solo se requiere que ese burócrata pergenie el decretito que haga posible que el "gran hermano" bien inspirado controle la vida de los ciudadanos e informe al mundo qué deudas tiene, qué enfermedad lo obliga a dejar de trabajar, si es potencialmente violento si su cuadro pierde o si su auto no condice con sus ingresos declarados a efectos impositivos.
Así, por ejemplo, un empleador podrá saber la situación financiera de sus empleados, o éstos el endeudamiento de su patrón. Solo hay que entrar a la página del BCU y poner la cédula de identidad o el RUT en su "central de riesgos". Y si el ciudadano falta a su trabajo, su empleador (y eventualmente sus compañeros de trabajo) sabrán si tiene SIDA, hemorroides, gripe A o cirrosis alcohólica.
Ser deudor de impuestos no supone ser un defraudador y que el Estado pueda someterlo al escarnio público colocando su nombre en el ciberespacio; tener créditos atrasados no transforma a nadie en un moroso contumaz pero revistará en la lista negra; el secreto profesional de los médicos, que es para proteger la intimidad del paciente, estará al alcance de cualquiera.
El propio presidente del BROU, Fernando Calloia, reconoció la preocupación entre los clientes del banco ante esta "central de riesgos" a la que no solo tienen acceso los que dan crédito (lo que podría ser lógico a cambio de un óbolo por tan calificado servicio), sino también el vecino, porque admite que hay "errores", datos desactualizados, quizá producto de pequeñas fallas humanas que nunca serán castigadas por el daño conferido al damnificado.
Casi sin darnos cuenta, esta administración avanza sobre la vida privada de las personas con argumentos de razonabilidad aparente, pero que abrevan en una vertiente totalitaria.
El ciudadano de a pie nada puede hacer, salvo quizá exigir que el Estado cumpla con la ley de habeas data (lo que no hace en muchas reparticiones públicas); que muchas intendencias que se especializan en ocultar información, transparenten sus finanzas; que se informe por qué se decide ejecutar un programa, cuánto costó, qué resultado tuvo, y quién fue castigado si fue un fracaso. También puede reclamar al Frente Amplio -o a cualquier otro partido-, que divulgue en su web qué ministro, legislador o director es moroso con su aporte a la fuerza política.
La transparencia necesaria es la de los que ejercen el poder para y gracias a nosotros.
El País Digital
ALEJANDRO NOGUEIRA
En los tiempos de la informática no son necesarios los comisarios políticos por manzana de los Comités de Defensa de la Revolución. No hace falta una compleja burocracia partidaria para saber qué hace un vecino, en qué gasta o de qué se enfermó.
La predominancia de una ideología que considera que el control del Estado garantiza la justicia social -ese guante de seda que se utiliza para disimular la avidez de poder del burócrata- hoy tiene la invalorable ayuda de las tecnologías de la información. Solo se requiere que ese burócrata pergenie el decretito que haga posible que el "gran hermano" bien inspirado controle la vida de los ciudadanos e informe al mundo qué deudas tiene, qué enfermedad lo obliga a dejar de trabajar, si es potencialmente violento si su cuadro pierde o si su auto no condice con sus ingresos declarados a efectos impositivos.
Así, por ejemplo, un empleador podrá saber la situación financiera de sus empleados, o éstos el endeudamiento de su patrón. Solo hay que entrar a la página del BCU y poner la cédula de identidad o el RUT en su "central de riesgos". Y si el ciudadano falta a su trabajo, su empleador (y eventualmente sus compañeros de trabajo) sabrán si tiene SIDA, hemorroides, gripe A o cirrosis alcohólica.
Ser deudor de impuestos no supone ser un defraudador y que el Estado pueda someterlo al escarnio público colocando su nombre en el ciberespacio; tener créditos atrasados no transforma a nadie en un moroso contumaz pero revistará en la lista negra; el secreto profesional de los médicos, que es para proteger la intimidad del paciente, estará al alcance de cualquiera.
El propio presidente del BROU, Fernando Calloia, reconoció la preocupación entre los clientes del banco ante esta "central de riesgos" a la que no solo tienen acceso los que dan crédito (lo que podría ser lógico a cambio de un óbolo por tan calificado servicio), sino también el vecino, porque admite que hay "errores", datos desactualizados, quizá producto de pequeñas fallas humanas que nunca serán castigadas por el daño conferido al damnificado.
Casi sin darnos cuenta, esta administración avanza sobre la vida privada de las personas con argumentos de razonabilidad aparente, pero que abrevan en una vertiente totalitaria.
El ciudadano de a pie nada puede hacer, salvo quizá exigir que el Estado cumpla con la ley de habeas data (lo que no hace en muchas reparticiones públicas); que muchas intendencias que se especializan en ocultar información, transparenten sus finanzas; que se informe por qué se decide ejecutar un programa, cuánto costó, qué resultado tuvo, y quién fue castigado si fue un fracaso. También puede reclamar al Frente Amplio -o a cualquier otro partido-, que divulgue en su web qué ministro, legislador o director es moroso con su aporte a la fuerza política.
La transparencia necesaria es la de los que ejercen el poder para y gracias a nosotros.
El País Digital
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