Extraído de El País
Un real peligro
Julio María Sanguinetti
El oficialismo frentista ha dado un paso que es una divisoria de aguas. Habrá un antes y un después. Desconocer abiertamente dos pronunciamientos del máximo órgano del sistema institucional uruguayo, el cuerpo electoral, no es un episodio político más de la polémica vida de la democracia.
En este caso, los legisladores del Frente Amplio se atreven a cruzar un límite que ni la dictadura rebasó, cuando en 1980 el pueblo dijo NO a su propuesta constitucional y se allanó a reconocer que la situación de facto debía terminar.
El Senador Saravia calificó a esta presunta ley interpretativa como un "golpe de Estado técnico" y no está lejos de la verdad. La renuncia del Senador Eleuterio Fernández Huidobro, el compañero de guerrilla y prisión del Presidente Mujica, es la expresión viva del golpe moral que representa para un partido que hizo de la convocatoria popular su permanente instrumento de lucha política.
Ya poco importa que todo este desvío ocurra violando la plataforma electoral del gobierno, que comprometía el mantenimiento de la ley de Caducidad. Ahora la mayoría regimentada va mucho más allá, arrogándose un derecho que unánimemente la cátedra considera que no lo posee ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, una vez que un órgano superior a ellos se ha pronunciado.
Para peor, a esta violación en la raíz, se le añade el atropello de todos los principios del Estado de Derecho.
Se establece como "interpretación obligatoria" una ley que anula los efectos de otra. O sea que no interpreta sino que la borra del ordenamiento jurídico.
Se dispone la nulidad de las normas, o sea, su inexistencia desde el origen, que no existe en nuestro sistema y ya fue expresamente rechazada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 2009.
Se atropella el principio de irretroactividad de la ley penal, fundamental en los Estados democráticos. No otra cosa supone calificar de delitos de "lesa humanidad" a hechos ocurridos cuando no existía esa categoría legal.
Por supuesto, de la cosa juzgada nada queda, pues se reabren aquellos casos en que los expedientes se habían clausurado.
Se viola abiertamente la prescripción de los delitos, por un procedimiento de flagrante desviación de poder: específicamente no se cuenta para el plazo de prescripción el lapso transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 hasta ahora. La ley se introduce así en juicios concretos y establece que estos años de plena vigencia democrática han sido una especie de limbo jurídico en que ni los plazos corren.
La violación se trata de envolver bajo el manto de una supuesta obligación internacional. Y decimos supuesta porque nuestra Constitución no acepta ninguna supranacionalidad y en consecuencia aquello que se ha resuelto conforme a ella, de ninguna manera puede ser desconocido por un tribunal internacional.
Su sentencia, por otra parte, no le manda al Estado uruguayo anular o derogar la ley. Le manda que se investigue, cosa que se está haciendo y que jamás prohibió la ley de Caducidad, como machaconamente se repite con falsedad.
En otro orden, el fallo exhorta a indemnizar en dinero los daños causados por el Estado, aun cuando fuera bajo la dictadura.
Y esto ya lo viene haciendo desde hace años el Estado uruguayo, que lleva invertidos más de 6 millones de dólares en pagar indemnizaciones.
Uruguay amnistió a todos. Amnistió a los guerrilleros, aun aquellos que no estuvieron ni un día presos. Amnistió a los militares y policías, porque las amnistías son generales o no lo son.
Quien haya visto la emocionante película "Invictus" podrá medir cómo Mandela pacificó Sudáfrica luego de los ominosos años del apartheid, sin castigo para nadie y perdón para todos. Lo mismo España en su tiempo, que fue nuestra fuente de inspiración.
Parecía que ese espíritu había llegado a nuestro país, luego del referéndum de 1989, cuando la propia comisión proponente dijo que acataría.
Desgraciadamente, una minoría revanchista, a la que se ha sumado una burocracia que vive profesionalmente de sostener una doctrina tortuosa y antidemocrática de los derechos humanos, provocó un nuevo plebiscito, volvió a perder, pero ahora arrastra al Frente Amplio a este paso que es jurídica, política y moralmente insostenible.
Lejos de cerrarse un capítulo, se ha abierto otro, grave y penoso. Un laberinto de recursos de inconstitucionalidad, citaciones y conflictos de poderes se hará inevitable, manteniendo al país atado a un conflicto artificial que la paz del país desconoce.
Estamos afuera del límite del Estado de Derecho. Por eso no es aceptable que a todos los errores se sume ahora el del Presidente que relega el tema al Parlamento y al Frente Amplio, como si él no fuera co- legislador y además Jefe de Estado, responsable último del equilibrio institucional.
Hacía años que nuestra orgullosa democracia no vivía una situación tan peligrosa.
Es preciso advertirlo para que podamos eludir este mar de zargazos al que se nos está llevando.
El País Digital
En este caso, los legisladores del Frente Amplio se atreven a cruzar un límite que ni la dictadura rebasó, cuando en 1980 el pueblo dijo NO a su propuesta constitucional y se allanó a reconocer que la situación de facto debía terminar.
El Senador Saravia calificó a esta presunta ley interpretativa como un "golpe de Estado técnico" y no está lejos de la verdad. La renuncia del Senador Eleuterio Fernández Huidobro, el compañero de guerrilla y prisión del Presidente Mujica, es la expresión viva del golpe moral que representa para un partido que hizo de la convocatoria popular su permanente instrumento de lucha política.
Ya poco importa que todo este desvío ocurra violando la plataforma electoral del gobierno, que comprometía el mantenimiento de la ley de Caducidad. Ahora la mayoría regimentada va mucho más allá, arrogándose un derecho que unánimemente la cátedra considera que no lo posee ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, una vez que un órgano superior a ellos se ha pronunciado.
Para peor, a esta violación en la raíz, se le añade el atropello de todos los principios del Estado de Derecho.
Se establece como "interpretación obligatoria" una ley que anula los efectos de otra. O sea que no interpreta sino que la borra del ordenamiento jurídico.
Se dispone la nulidad de las normas, o sea, su inexistencia desde el origen, que no existe en nuestro sistema y ya fue expresamente rechazada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 2009.
Se atropella el principio de irretroactividad de la ley penal, fundamental en los Estados democráticos. No otra cosa supone calificar de delitos de "lesa humanidad" a hechos ocurridos cuando no existía esa categoría legal.
Por supuesto, de la cosa juzgada nada queda, pues se reabren aquellos casos en que los expedientes se habían clausurado.
Se viola abiertamente la prescripción de los delitos, por un procedimiento de flagrante desviación de poder: específicamente no se cuenta para el plazo de prescripción el lapso transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 hasta ahora. La ley se introduce así en juicios concretos y establece que estos años de plena vigencia democrática han sido una especie de limbo jurídico en que ni los plazos corren.
La violación se trata de envolver bajo el manto de una supuesta obligación internacional. Y decimos supuesta porque nuestra Constitución no acepta ninguna supranacionalidad y en consecuencia aquello que se ha resuelto conforme a ella, de ninguna manera puede ser desconocido por un tribunal internacional.
Su sentencia, por otra parte, no le manda al Estado uruguayo anular o derogar la ley. Le manda que se investigue, cosa que se está haciendo y que jamás prohibió la ley de Caducidad, como machaconamente se repite con falsedad.
En otro orden, el fallo exhorta a indemnizar en dinero los daños causados por el Estado, aun cuando fuera bajo la dictadura.
Y esto ya lo viene haciendo desde hace años el Estado uruguayo, que lleva invertidos más de 6 millones de dólares en pagar indemnizaciones.
Uruguay amnistió a todos. Amnistió a los guerrilleros, aun aquellos que no estuvieron ni un día presos. Amnistió a los militares y policías, porque las amnistías son generales o no lo son.
Quien haya visto la emocionante película "Invictus" podrá medir cómo Mandela pacificó Sudáfrica luego de los ominosos años del apartheid, sin castigo para nadie y perdón para todos. Lo mismo España en su tiempo, que fue nuestra fuente de inspiración.
Parecía que ese espíritu había llegado a nuestro país, luego del referéndum de 1989, cuando la propia comisión proponente dijo que acataría.
Desgraciadamente, una minoría revanchista, a la que se ha sumado una burocracia que vive profesionalmente de sostener una doctrina tortuosa y antidemocrática de los derechos humanos, provocó un nuevo plebiscito, volvió a perder, pero ahora arrastra al Frente Amplio a este paso que es jurídica, política y moralmente insostenible.
Lejos de cerrarse un capítulo, se ha abierto otro, grave y penoso. Un laberinto de recursos de inconstitucionalidad, citaciones y conflictos de poderes se hará inevitable, manteniendo al país atado a un conflicto artificial que la paz del país desconoce.
Estamos afuera del límite del Estado de Derecho. Por eso no es aceptable que a todos los errores se sume ahora el del Presidente que relega el tema al Parlamento y al Frente Amplio, como si él no fuera co- legislador y además Jefe de Estado, responsable último del equilibrio institucional.
Hacía años que nuestra orgullosa democracia no vivía una situación tan peligrosa.
Es preciso advertirlo para que podamos eludir este mar de zargazos al que se nos está llevando.
El País Digital
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