El Frente Amplio se pasó por el tuges lo que opina el 57% de los frenteamplistas y lo que opina el 82% de los partidos tradicionales, y en números globales, el 70% de los uruguayos.
Extraído de Factum
Extraído de Factum
La Votación en el Senado sobre la Ley de Caducidad
Oscar A. Bottinelli - Diálogo con Fernando Vilar
Vilar: Hoy iniciamos un nuevo ciclo de análisis político con el politólogo Oscar Bottinelli, director general del Instituto Factum, que se emitirá todos los segundos y cuartos jueves de cada mes. Sin duda el hecho político más importante de estos días es la votación del Senado sobre la Ley de Caducidad.
OAB: Este tema se puede analizar de muchas maneras. Vamos a abordarlo desde el ajedrez político, desde los movimientos y efectos sobre el tablero político. Lo primero que surge es la contraposición entre dos cosas igualmente válidas y sostenidas por la gran mayoría de los uruguayos. De un lado, la democracia directa, la decisión de la gente mediante plebiscitos y referendos, “que el pueblo decida”. De otro lado, el juzgamiento a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, que no queden impunes esas violaciones. El 16 de diciembre presentamos la respuesta de la gente a esta interrogante, según la Encuesta Nacional Factum del momento ¿Qué dio?
OAB: Es categórico:
Respetar siempre lo que el pueblo decida aunque no se juzguen las violaciones a los derechos humanos, lo apoya el 70%
Juzgar las violaciones a los derechos humanos aunque no se respete lo que decidió el pueblo, lo apoya el 25%
No opina el 5%. Por una relación de 3 a 1 los uruguayos privilegian respetar lo que el pueblo decide
FV: ¿Y qué opinan los frenteamplistas y los demás partidos?
OAB: También es muy nítido: el 57% de los frenteamplistas defiende respetar la decisión popular aunque no se juzgue a los violadores de derechos humanos y el 37% piensa que la decisión popular no debe respetarse y debe privilegiarse los juzgamientos. Y hay que subrayar algo. No es que el Parlamento sancione una ley en contra de un plebiscito de vieja data. Este Parlamento fue elegido en el mismo acto, en el mismo sobre de votación, en que la gente decidió no anular la ley de caducidad. Es decir, decide en forma directa un tema, elige sus representantes para legislar y sus representantes cambian lo que el pueblo decidió en forma directa.
FV: ¿Qué efectos ves de lo que pasó en estos días?
OAB: Uno ve algunas consecuencias. Las más fuertes son:
1. El Frente Amplio asume el costo de no respetar una decisión plebiscitaria por primera vez en la historia del país
2. La izquierda y el FA pierden su calidad de abanderados de “que el pueblo decida” y de la apelación continuada a la decisión popular directa.
3. Lo hace al costo de la renuncia al Senado de un referente histórico de la línea ideológica hoy predominante en el Frente Amplio
4. Pierde una banca en el Senado, con la exclusión de Jorge Saravia. Lo que lo deja sin aire en esa cámara. Basta recordar que ahora el senador Lorier pasa a ser decisivo y no acompañó con su voto al gobierno ni al Frente Amplio en varios temas decisivos.
5. Casi todos los constitucionalistas consideran que esta ley es inconstitucional. Si la Suprema Corte de Justicia llega a declarar inconstitucional esta ley, habrá sido una acumulación de costos a cambio de nada.
6. Corre el riesgo de que todo este costo resulte inútil. En la decisión de la Suprema Corte se juega la suerte para el oficialismo que esto no haya sido inútil.
Oscar A. Bottinelli - Diálogo con Fernando Vilar
Vilar: Hoy iniciamos un nuevo ciclo de análisis político con el politólogo Oscar Bottinelli, director general del Instituto Factum, que se emitirá todos los segundos y cuartos jueves de cada mes. Sin duda el hecho político más importante de estos días es la votación del Senado sobre la Ley de Caducidad.
OAB: Este tema se puede analizar de muchas maneras. Vamos a abordarlo desde el ajedrez político, desde los movimientos y efectos sobre el tablero político. Lo primero que surge es la contraposición entre dos cosas igualmente válidas y sostenidas por la gran mayoría de los uruguayos. De un lado, la democracia directa, la decisión de la gente mediante plebiscitos y referendos, “que el pueblo decida”. De otro lado, el juzgamiento a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, que no queden impunes esas violaciones. El 16 de diciembre presentamos la respuesta de la gente a esta interrogante, según la Encuesta Nacional Factum del momento ¿Qué dio?
OAB: Es categórico:
Respetar siempre lo que el pueblo decida aunque no se juzguen las violaciones a los derechos humanos, lo apoya el 70%
Juzgar las violaciones a los derechos humanos aunque no se respete lo que decidió el pueblo, lo apoya el 25%
No opina el 5%. Por una relación de 3 a 1 los uruguayos privilegian respetar lo que el pueblo decide
FV: ¿Y qué opinan los frenteamplistas y los demás partidos?
OAB: También es muy nítido: el 57% de los frenteamplistas defiende respetar la decisión popular aunque no se juzgue a los violadores de derechos humanos y el 37% piensa que la decisión popular no debe respetarse y debe privilegiarse los juzgamientos. Y hay que subrayar algo. No es que el Parlamento sancione una ley en contra de un plebiscito de vieja data. Este Parlamento fue elegido en el mismo acto, en el mismo sobre de votación, en que la gente decidió no anular la ley de caducidad. Es decir, decide en forma directa un tema, elige sus representantes para legislar y sus representantes cambian lo que el pueblo decidió en forma directa.
FV: ¿Qué efectos ves de lo que pasó en estos días?
OAB: Uno ve algunas consecuencias. Las más fuertes son:
1. El Frente Amplio asume el costo de no respetar una decisión plebiscitaria por primera vez en la historia del país
2. La izquierda y el FA pierden su calidad de abanderados de “que el pueblo decida” y de la apelación continuada a la decisión popular directa.
3. Lo hace al costo de la renuncia al Senado de un referente histórico de la línea ideológica hoy predominante en el Frente Amplio
4. Pierde una banca en el Senado, con la exclusión de Jorge Saravia. Lo que lo deja sin aire en esa cámara. Basta recordar que ahora el senador Lorier pasa a ser decisivo y no acompañó con su voto al gobierno ni al Frente Amplio en varios temas decisivos.
5. Casi todos los constitucionalistas consideran que esta ley es inconstitucional. Si la Suprema Corte de Justicia llega a declarar inconstitucional esta ley, habrá sido una acumulación de costos a cambio de nada.
6. Corre el riesgo de que todo este costo resulte inútil. En la decisión de la Suprema Corte se juega la suerte para el oficialismo que esto no haya sido inútil.
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