Jiménez de Aréchaga opiniones varias

Recibo y publico.

Está bueno enterarse de que por ejemplo, la DGI incumple las sentencias y no paga cuando pierde juicios, tan pundorosos que son para perseguirnos cual Gestapo, y cuando les toca a ellos se hacen los tontitos.

No es de lo único que habla el artículo, está muy interesante.

Extraído de Búsqueda
El Estado “abusa de su posición dominante”, advierte el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga.

El 2010 fue un año de importante afluencia de capitales a Uruguay y de crecimiento elevado. Pero también un año en el que hubo casos de incumplimiento del Estado, de parte del gobierno nacional y de algunas intendencias.

“Esto preocupa mucho porque siempre vendimos la imagen del Uruguay respetuoso de los compromisos, del Poder Judicial independiente”, dijo el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio senior del Estudio Jiménez de Aréchaga Viana & Brause.

“En honor a la verdad, hay que decir que últimamente hay una suerte de doble discurso, porque las sentencias y las obligaciones del Estado se demoran, chicanean los pagos o directamente no los pagan. No las obligaciones que se asumen cuando se emite deuda externa, porque esas se pagan. Es un tema que me preocupa, porque es una cosa absolutamente nueva en Uruguay, eso no ocurría. Pasa sobre todo con algunos entes estatales, intendencias, el Correo, incluso la DGI”, advirtió Jiménez de Aréchaga.

Hace diez o quince años era impensable que un organismo del Estado dejara de cumplir una sentencia judicial. Ahora la situación “está cambiando”, agregó.

“Hoy, no sólo es más difícil obtener que un juez condene al Estado, sino que cuando ocurre, el Estado demora o se niega a acatar el fallo, lo que es peor”, señaló el abogado.

El Estudio tiene varios ejemplos. Con clientes argentinos ganó un juicio a la DGI por contratos con la Intendencia de Canelones y todavía no se pagó.

“Es increíble pero no podemos cobrarle a la DGI una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso, sin duda, le hace daño a la imagen del Uruguay”, comentó Jiménez de Aréchaga.

“Se está generando una movida peligrosa, en la cual el Estado abusa de su posición dominante y no cumple a rajatabla con los fallos judiciales. Quien termina eligiendo a los jueces son los políticos, a propuesta del Poder Ejecutivo, entonces tampoco los funcionarios judiciales, lamentablemente, tienen demasiadas ganas de pelearse con el gobierno”, dijo Jiménez de Aréchaga.

El abogado opinó que cada vez es más difícil obtener una sentencia de condena contra el Estado.

Secreto bancario. El 2010 termina con la aprobación de una ley que flexibiliza el secreto bancario que va en línea con lo que pide la comunidad internacional.

“Se requiere más transparencia, colaboración frente a posibles invasores fiscales y eliminación de las SAFI (Sociedades Financieras de Inversión). Si Uruguay se sigue resistiendo va a perder credibilidad y hoy en día la credibilidad es el mayor activo que tiene el país”, alertó Jiménez de Aréchaga.

Uno de los pilares en el sistema financiero uruguayo fue el “principio de la fuente” que implica gravar con impuestos a los activos radicados únicamente en los bienes situados en Uruguay.

“No te doy información sobre tus nacionales en mi país porque no te pido información de los míos en el tuyo. Eso empezó a no ser tan bien visto y se modificaría con esta ley”, explicó Jiménez de Aréchaga.

Este cambio podría desalentar posibles inversiones, comentó. No obstante, no se advierten grandes bajas en los depósitos de no residentes.

“Se hizo con sentido común y cuidando que no se mal utilizara el mecanismo, y eso es bueno. Además, no creo que la economía de un país la muevan los lavadores de activos, sería triste convertirse en un país que fuera mero refugio de criminales”, agregó el abogado.

Sistema financiero. A su juicio en el sistema financiero “cambió la óptica” durante el 2010. “Ya no es el modelo de banca privada, de ir a buscar grandes clientes argentinos”, dijo el abogado.

Por ejemplo, se ofrecen hipotecas, se busca fomentar la bancarización de la gente, se trata de que los sueldos se paguen en los bancos para que haya menos informalismo.

Los empresarios extranjeros “valoran que todavía somos un país comparativamente seguro y que tengamos leyes de fomento a la inversión”, comentó Jiménez de Aréchaga.

“Pero ojo, la experiencia nuestra demuestra que Uruguay no es un país considerado de alta categoría para un empresario internacional. Uruguay no es destino al que aspiran los mejores líderes de una institución bancaria internacional”, señaló el abogado.

Jiménez de Aréchaga se mostró a favor del proyecto de ley de Participación Público Privada que se encuentra a disposición del Parlamento y advirtió que la “principal amenaza” es la movilización sindical.

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