jueves, 2 de diciembre de 2010

Los juicios que ganó Gonzalo Fernández contra el Estado que le daba de comer

Si esto mismo que hizo el impoluto abogado frenteamplista, lo hubiera hecho un blanco o un colorado, ya estaba procesado.

Pero como es compañero, camarada, hermano, todo se le debe tolerar, al punto que nadie dijo ni mu con la ley que benefició a los Peirano y otros.

Otro que cometió pequeños errores, lástima que la gente que quedó adentro con el cierre de los bancos no piensan lo mismo.

Ojalá tuvieran la decencia en el tribunal de ética del FA, para reconocer que este señor, si bien podía ejercer su profesión, JAMÁS debió ejercerla contra el mismo estado que lo estaba empleando y pagándole un muy buen sueldo.

Esto fue inmoral!

Extraido de Observa.com.uy/Actualidad
2 de diciembre de 2010

POLÍTICA
En el ojo de la tormenta
Ser un hombre cercano al ex presidente Tabaré Vázquez y figura de un bufete muy solicitado de abogados puso a Gonzalo Fernández al borde de la línea que divide los intereses públicos de los privados.

Gonzalo Fernández renunció al Frente Amplio (FA) y eso generó reacciones de todo tipo en la interna de la fuerza de gobierno. La relación ‘amor-odio” que existe entre Fernández y los miembros de la coalición se arrastra desde hace mucho.

Su propia condición de ex integrante del gobierno de Tabaré Vázquez- en donde fue canciller y secretario de Presidencia- y su participación en uno de los bufetes de abogados más solicitados lo colocaron al borde de la línea que divide los intereses públicos de los privados.

Varias fueron las situaciones complicadas que protagonizó Fernández en el FA. Mientras era canciller, Fernández redactó un informe a pedido del empresario Francisco Casal en el que consideraba que no había cometido delito de defraudación tributaria. Ese informe resultó fundamental para que la Justicia decidiera archivar la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). Posteriormente, el abogado Gustavo Salle denunció al entonces canciller ante la Justicia Penal por presunta conjunción del interés público con el privado. El fiscal Ricardo Perciballe entendió que, en su función de canciller, Fernández no tenía vedado el ejercicio de la profesión.

También mientras era secretario de la Presidencia, Fernández ejerció como representante de la empresa Cerro Free Port y, en ese rol, se logró un acuerdo entre esa firma y el gobierno. Esta empresa -perteneciente al grupo Moon- le había iniciado un juicio al Estado luego que se le revocó el permiso de instalación en Puntas de Sayago por incumplimiento del contrato. El Estado le pagó US$ 28,5 millones a la empresa y esta levantó el juicio y devolvió las edificaciones realizadas en el lugar.

Ya en 2005, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini denunció que el abogado actuaba en 43 causas en 25 juzgados penales y que en muchas de ellas litigaba contra el Estado y contra ex gerentes de los bancos Comercial y de Crédito.

Férnández también defendió a los dueños de La Pasiva ante la denuncia de la DGI por defraudación fiscal. Fernández pudo evitar que los empresarios fueran procesados con prisión.

(Observa)

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