Jueza modifica código penal, y la Suprema Corte?

Me llegó esta noticia, que no la había leído antes.

Es vergonzoso lo que está pasando con la justicia en este país hace rato, pero como nadie les pone un límite, siguen, y siguen.

Aparece ahora, esta jueza Mota, que se cree Dios, y modifica como se le canta el código penal, es inaudito.

Bueno, qué esperar.

Ahora pregunto lo que pregunto siempre, si esto lo hubiera hecho juzgando a un tupa, qué hubiera pasado, no?

Claro, que esto lo aplica porque está juzgando a un militar, me gustaría saber si hubiera hecho lo mismo con cualquier otra persona que estuviera juzgando, seguro que no, seguro que ahí no corre su honestidad intelectual.

Porqué no lo hizo antes? O bien tiene hambre de cámara, o quiere fama, y no creo que sea por valentía ni por honestidad intelectual.

Ya hace rato he dicho que de hecho, estamos en un gobierno totalitario, con intentos de golpe de estado, si quieren "técnicos" porque parece que esta palabra suaviza, y el Estado de Derecho es un simple recuerdo.

BUSQUEDA - 03/03/2011 - Pagina 7

Una jueza quebró el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse y generó duras críticas de varios expertos.
'Un estudiante que sostenga una cosa así pierde cualquier examen de Constitucional, de Procesal, de Derechos Humanos o de Penal"

Escribe Javier Benech
¿Están obligadas las personas a declarar contra sí mismas en un proceso penal? ¿Deben aportar pruebas que tienen en su poder pero que las incriminan? Este tipo de preguntas que parecían laudadas hace más de un siglo en el Derecho Penal resurgen a partir de una reciente resolución judicial que considera "obsoleto" e "injusto" el principio de que nadie está obligado a autoincriminarse, lo que mereció el más categórico rechazo de diversos especialistas.
En setiembre, la jueza penal de séptimo turno, Mariana Mota, procesó con prisión al militar retirado Carlos Calcagno, por considerarlo responsable de la desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana.
Los abogados del militar, Miguel Langón y Graciela Figueredo, plantearon un "recurso de reposición" con el argumento de que la jueza describe una verdad "posible" de los hechos que no se acreditó en el expediente.

En diciembre Mota confirmó el procesamiento de Calcagno y dejó estampada en la resolución judicial una polémica reflexión que pone en cuestión un principio procesal que hasta ahora, al menos en materia penal, se consideraba sagrado.

Según la magistrada los imputados no deben "simplemente negar los hechos" dejando la carga de la prueba en los hombros del Ministerio Público.

"El principio de que nadie está obligado a probar en su contra, obsoleto y profundamente injusto, si en alguna etapa de la evolución de las instituciones procesales pudiere haberse entendido vigente, está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial y el deber de veracidad consagrado categóricamente por el artículo 63 del Código General del Proceso", afirma la jueza.

"El arcaico principio implica una frontal transgresión al deber de cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad relevante de los hechos controvertidos, que es una concreta manifestación de los deberes de veracidad, lealtad, probidad y buena fe que presiden el debate judicial", agrega.

Según la jueza "estas reglas civilizadas sustituyen definitivamente en nuestro derecho procesal a la vieja máxima de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo (nemo auditur tenetur edere contra se)".

"Específicamente con relación a la instrucción probatoria, el legislador atiende al principio de disponibilidad de los medios, para requerir de aquel sujeto que dispone de cierta prueba, su aporte al proceso, colocándolo en situación jurídica de deber. No se trata simplemente de la carga de producir prueba so pena de sufrir las consecuencias desfavorables a su interés, sino de que la colaboración exigida trasciende esa óptica individual y egoísta, para alcanzar los principios de buena fe y lealtad procesal. Es lo que se conoce como el principio de las cargas probatorias dinámicas", prosigue.

"Inadmisible". Langón, catedrático en Derecho Penal, dijo a Búsqueda que es "inadmisible" que un magistrado diga que es "obsoleto" el principio de que nadie está obligado a auto-incriminarse.
"Es inadmisible porque no es cuestión de opinión, de que hay dos bibliotecas. Un estudiante que sostenga una cosa así pierde cualquier examen de Constitucional, de Procesal, de Derechos Humanos o de Penal", sostuvo.

"El individuo tiene derecho a permanecer callado. Esa es una consecuencia directa de lo que se llama el bloque de constitucionalidad que está previsto en el artículo 72 de la Constitución y recogido expresamente en convenios internacionales que garantizan como normas básicas, elementales del debido proceso el derecho de las personas a no autoincriminarse. Nadie puede ser testigo contra sí mismo, eso es clarísimo, no puede ser opinable", insistió.

El también catedrático de Derecho Penal Milton Cairoli dijo a Búsqueda que la posición refleja una postura "muy humanista" de la magistrada pero expresó que a su juicio no puede opinarse que ese principio esté derogado.

Por su parte, el catedrático en Derecho Constitucional Martín Risso opinó que el argumento manejado por la magistrada es "inaceptable".

"El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa en su apartado 2 que 'toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad' y en el apartado 'g' reconoce el 'derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable'", añadió.

"Esto no es más que un principio universal que tiene siglos de existencia y que no puede cuestionarse seriamente. Sostener que este principio es obsoleto e injusto implica razonar en contra de los derechos humanos. Se trata de principios propios de las garantías en materia penal", remarcó.

"Disparate". Por su parte, el profesor de Derecho Procesal Edgar Várela Méndez dijo a Búsqueda que le parece un "disparate" decir que es obsoleto el principio de que nadie tiene el deber de autoincriminarse.
"En materia de derecho penal liberal en el que hay un principio de inocencia eso es un disparate mayúsculo", opinó.
"En materia civil hay un principio de buena fe y de lealtad, pero tampoco tengo por qué llevarle agua al molino del contrario. Pero en materia penal, eso es un verdadero disparate", insistió.
"Asombrado". El penalista Jorge Barrera dijo a Búsqueda que está "verdaderamente asombrado" por la argumentación de la jueza.
"Desconocer este principio es propio de los pensamientos totalitarios sea de derecha o de izquierda, que es donde se empiezan a recortar las garantías individuales", consideró.
El abogado precisó que no es defensor de ningún militaren causas vinculadas a la violación de los derechos humanos durante la dictadura.
"Mis reflexiones no son particulares sino generales. Lo peligroso de este pensamiento es que si se aplica en este delito se aplica en todos", señaló.

Asimismo, sostuvo que lo que observa es que "poco a poco empieza a generarse un derecho penal donde lo que importa es el fin y no los medios".

"¿Cuál es el sentido del Derecho Penal?", preguntó Barrera. Y de inmediato contestó: "No sólo opera como una forma de lograr cohesión social, sino también se trata de garantías para el justiciable".
"Realmente valoro la valentía de la magistrada por haber escrito esto, aun cuando signifique atacar derechos fundamentales y colidar con un Estado de derecho. Demuestra una gran honestidad intelectual, pero que se contrapone con los principios básicos del Derecho Penal", concluyó.

"Encubrimiento". El único de los abogados consultados que defendió la postura expresada por la magistrada fue Oscar López Goldaracena, quien ha patrocinado a decenas de familiares de detenidos desparecidos durante la dictadura.

El letrado sostuvo que no le parece descabellada la tesis de la jueza porque "los crímenes de lesa humanidad obligan a las personas que saben algo a decirlo, porque pueden estar cometiendo también un delito".

"Yo estoy seguro que los militares algún dato tienen en varias de estas causas. ¿No están cometiendo encubrimiento al quedarse callados o decir que no saben nada?", inquirió.
"Habría que verlo, pero capaz que hago alguna denuncia por eso", advirtió.

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