Otra vez el Fondo Artigas-Bolivar, cuánta joda.
A los que no han leído sobre el tema, hubieron varias denuncias, una de ellas, la más fuerte y sonada del contador Gómez Canon que denunció coimas, corrupción, etc. etc., de varios que han estado en titulares por manejos poco claros, pero que claramente quedaron sin efecto porque tienen fueros, o son hijos de alguien importante, así que nada, la joda sigue.
El denunciante contador Gómez Canon apareció muerto en una playa de Punta del Este, y la prensa quedó omisa, pasó sin pena ni gloria, siendo quien denunció a voz en cuello todo lo que había visto y cómo lo estafaron a él en los negocios que se iban a hacer con Venezuela.
Pueden leer una entrevista completa aquí en el blog La entrevista al Cr. Eduardo Gómez, que fue lapidaria.
Decía en esa entrevista Gómez Canon: ".....Eso se cobró por el fondo Bolívar, - Artigas, porqué lo activaron para esos negocios, ese fondo no tuvo más de diez negocios, uno fue la mega corrupción de las casas de Umissa de Mariano Arana que va a saltar en Miami, el otro fue la vaquillona de Pepe Mujica, 1500 vaquillonas a seis millones y medio de dólares se las vendieron con transporte incluido algo que no se entiende.
El negocio se hizo y se cobró no se como, porqué se ocultó todo, la oposición en el parlamento pidió mil veces informes y los corruptos del Frente Amplio lo escondieron siempre en el cajón y no le dieron bola. Sobre lo mió, en aquel momento Javier Vázquez era representante de ventas...." "¿Por qué nombraste a Mariano Arana con tanta seguridad en los negocios de las casas prefabricadas?
Porqué las casas tienen que haber ido para Venezuela y Arana era el Ministro de viviendas en ese momento. Es peor todavía porque las casas prefabricadas son cancerígenas y él las había rechazado en Uruguay.
¿Cómo se las importa Chávez, no son tan amigos entonces?
Lo peor de todo es que las casas que enviaron allá, están todas tiradas en un galpón, no se armó nada, o sea que quedamos de chorros como chantas.
¿Eso se cobró?
Por lo que tengo entendido se cobraron treinta millones de dólares de los ciento cincuenta y seis."
Claro, ahora se hacen todos los tontitos, nadie se acuerda? Porque yo si me acuerdo de todo lo que se habló en el 2008, en el 2009, pero acá también algunos son inimputables, y no son menores, son mayores acomodados.
En esta entrevista, no sólo mencionó la corrupción que hubo sino que dio varios nombres, vale la pena leerla, señores que hoy siguen en el poder, y otros que se candidatean.
No se porqué ahora se extrañan, entrevistan al dueño de Umissa, en fin, que busquen los archivos de aquella época y que alguien se ponga las pilas y diga de qué se murió Gómez Canon!!!
A los que no han leído sobre el tema, hubieron varias denuncias, una de ellas, la más fuerte y sonada del contador Gómez Canon que denunció coimas, corrupción, etc. etc., de varios que han estado en titulares por manejos poco claros, pero que claramente quedaron sin efecto porque tienen fueros, o son hijos de alguien importante, así que nada, la joda sigue.
El denunciante contador Gómez Canon apareció muerto en una playa de Punta del Este, y la prensa quedó omisa, pasó sin pena ni gloria, siendo quien denunció a voz en cuello todo lo que había visto y cómo lo estafaron a él en los negocios que se iban a hacer con Venezuela.
Pueden leer una entrevista completa aquí en el blog La entrevista al Cr. Eduardo Gómez, que fue lapidaria.
Decía en esa entrevista Gómez Canon: ".....Eso se cobró por el fondo Bolívar, - Artigas, porqué lo activaron para esos negocios, ese fondo no tuvo más de diez negocios, uno fue la mega corrupción de las casas de Umissa de Mariano Arana que va a saltar en Miami, el otro fue la vaquillona de Pepe Mujica, 1500 vaquillonas a seis millones y medio de dólares se las vendieron con transporte incluido algo que no se entiende.
El negocio se hizo y se cobró no se como, porqué se ocultó todo, la oposición en el parlamento pidió mil veces informes y los corruptos del Frente Amplio lo escondieron siempre en el cajón y no le dieron bola. Sobre lo mió, en aquel momento Javier Vázquez era representante de ventas...." "¿Por qué nombraste a Mariano Arana con tanta seguridad en los negocios de las casas prefabricadas?
Porqué las casas tienen que haber ido para Venezuela y Arana era el Ministro de viviendas en ese momento. Es peor todavía porque las casas prefabricadas son cancerígenas y él las había rechazado en Uruguay.
¿Cómo se las importa Chávez, no son tan amigos entonces?
Lo peor de todo es que las casas que enviaron allá, están todas tiradas en un galpón, no se armó nada, o sea que quedamos de chorros como chantas.
¿Eso se cobró?
Por lo que tengo entendido se cobraron treinta millones de dólares de los ciento cincuenta y seis."
Claro, ahora se hacen todos los tontitos, nadie se acuerda? Porque yo si me acuerdo de todo lo que se habló en el 2008, en el 2009, pero acá también algunos son inimputables, y no son menores, son mayores acomodados.
En esta entrevista, no sólo mencionó la corrupción que hubo sino que dio varios nombres, vale la pena leerla, señores que hoy siguen en el poder, y otros que se candidatean.
No se porqué ahora se extrañan, entrevistan al dueño de Umissa, en fin, que busquen los archivos de aquella época y que alguien se ponga las pilas y diga de qué se murió Gómez Canon!!!
Extraído de El País
Negocios con Venezuela otra vez bajo sospecha
Viviendas. Gobierno de Chávez exige que Umissa cumpla
SEBASTIÁN CABRERA
Las casas prefabricadas de Umissa vuelven a estar en el ojo de la tormenta, luego que el gobierno de Hugo Chávez anunció que exigirá el "cumplimiento estricto" del convenio con Uruguay. Pero la firma niega cualquier incumplimiento.
Corría el mes de marzo del año 2006 y la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa) firmó en un convenio con Venezuela para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas por unos US$ 156 millones, en el marco del Fondo Bolívar-Artigas rubricado entre el presidente Tabaré Vázquez y su par venezolano Hugo Chávez, por el cual Uruguay le compra petróleo a Venezuela y a su vez el país caribeño importa productos uruguayos.
El asunto ha generado polémica una y otra vez en los últimos cinco años (ver aparte) y ayer volvió a ocupar los titulares de los medios de comunicación tras una interpelación al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en el Parlamento venezolano.
"Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron. ¿Dónde están las casas, señor ministro?", preguntó Julio Montoya, diputado del partido de oposición Un Nuevo Tiempo. Y, según la agencia AFP, Montoya agregó: "Se robaron esas casas. ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas, señor ministro?".
El ministro Ramírez respondió que "efectivamente" el gobierno venezolano ha detectado "problemas" en la aplicación del convenio, fruto de "un acuerdo de gobierno a gobierno, en el cual participan las empresas privadas".
Ramírez, también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), advirtió: "Los sistemas de control se han activado. Estamos conversando para exigir el cumplimiento estricto de lo acordado con las empresas uruguayas para que esas viviendas lleguen al país".
El contrato de Umissa con el gobierno venezolano establecía la exportación de 12.000 casas, pero en diciembre de 2009 se redujo la cifra a 8.000 viviendas.
En octubre de 2010 el diario El Nacional de Caracas informó que Umissa remitió gran parte de las viviendas comprometidas por lo que cobró -mediante el Fondo Artigas-Bolívar- el 45% del precio acordado, unos US$ 70,69 millones, del total de US$ 155 millones. En cambio, el diputado Montoya dijo que Venezuela ya "pagó el 100% y las casas no se construyeron".
Mientras el gobierno uruguayo sigue el asunto en silencio y por ahora no ha intervenido, Umissa afirma que no ha violado lo pactado. Su propietario Alejandro Lagrenade dijo a El País que Umissa "ha cumplido absolutamente todo" y que "el convenio aún está en funcionamiento".
Lagrenade leyó ayer las declaraciones del ministro venezolano y no interpretó que Ramírez acuse a su firma de enviar menos material del que correspondía: "Hay que interpretar bien. El que dijo que incumplimos es un diputado de la oposición. El ministro afirmó que exigiría el cumplimiento, nada más. No manifestó un incumplimiento. Ellos tienen la obligación de controlar el cumplimiento estricto".
DIFERENCIAS. Según Lagrenade, Venezuela pagó "exactamente lo que se ha enviado y no ha pagado ni un centavo de lo que no se ha enviado". El empresario dijo a El País que Umissa ha exportado a Caracas el material para unas 5.000 casas (las viviendas se arman en Venezuela).
Pero el mismo Lagrenade dijo a la agencia AFP que se ha enviado material para armar "más o menos 6.000" casas y a su vez el gerente general de Umissa, Gastón Tealdi, afirmó a AP que se "llevan ejecutadas el cincuenta por ciento`` de las 8.000 viviendas, o sea 4.000.
Tealdi también indicó a la agencia AP que en los últimos años "hubo muchos problemas`` burocráticos en Venezuela y que el cambio de ocho ministros en el Ministerio de Vivienda y de Hábitat venezolano no ayudaron a acelerar la ejecución del contrato.
"Ya estábamos en conocimiento de esta denuncia venezolana y preferimos no ahondar en más detalles toda vez que involucra a los gobiernos", dijo el gerente general Tealdi.
El plan de Umissa es completar el envío del material para armar las 8.000 casas a fin de año, afirmó Lagrenade. Umissa tiene unos 100 empleados implicados en este proyecto en Montevideo y una cifra algo menor en Venezuela.
Pero el empresario indicó que Umissa trasciende el negocio con el gobierno de Chávez: "Estamos haciendo escuelas, campamentos. Enviamos viviendas a otros países. Mi familia se dedica a la industrialización desde hace 104 años".
SILENCIO. El diputado colorado José Amorín no tuvo respuesta a una consulta realizada ayer de tarde a la Cancillería uruguaya (ver aparte), mientras que el Ministerio de Vivienda prefiere no meterse en el asunto por el momento.
El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, dijo a El País que la cartera no participa en el convenio, "que es de gobierno a gobierno en cuanto a qué tipo de negocios se hacen, pero luego es una relación entre particulares que desconocemos".
Y puso un ejemplo: "Si Uruguay hace un acuerdo con Corea para vender lácteos, luego el cumplimiento del negocio dependerá de Conaprole".
Patrone no tenía conocimiento ayer de ningún planteo concreto o reclamo realizado por el gobierno venezolano o la embajada de Venezuela en Uruguay. "Nosotros deberíamos ocuparnos si tenemos un requerimiento a nivel oficial. Pero no vamos a actuar de oficio, como si fuéramos el Poder Judicial", afirmó Patrone.
El País intentó consultar al embajador de Venezuela para saber si tomará cartas en el asunto, pero no obtuvo respuesta.
En 2009 se habían instalado 11 casas
n "El convenio con la empresa Umissa no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años", dice una nota del diario venezolano El Nacional publicada en octubre de 2010. Allí se informa que la Contraloría General de la República Bolivariana detectó en su informe de gestión de 2009 que se instalaron apenas once viviendas prefabricadas.
La Contraloría venezolana recomendó rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que considerare necesarias. La Contraloría se quejó de "la poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio".
El informe de El Nacional cuenta que en la zona industrial de San Carlos hay un galpón donde se almacenan "las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay". El acuerdo con Venezuela indica que Umissa envía todo el material y el asesoramiento para levantar las viviendas prefabricadas.
En Venezuela hay un déficit de dos millones de viviendas, al punto que el presidente Hugo Chávez decretó la emergencia habitacional el año pasado.
Amorín convoca a Almagro
Ni bien leyó las noticias que llegaban de Venezuela, el senador colorado José Amorín (Proba) levantó el teléfono y llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir una entrevista urgente al canciller Luis Almagro "para que le explique la situación" y que el tema "se haga público". La secretaria del canciller Almagro le prometió pronta respuesta pero anoche eso aún no había sucedido. Amorín dijo a El País que, si no hay respuesta en las próximas horas, lo convocará de inmediato al Parlamento. "Es un tema grave, que se arrastra desde mucho tiempo y siempre fue poco transparente. En Uruguay nunca se supo cuál fue el alcance de ese negocio de las viviendas", opinó Amorín. Y alertó: "Cuando se negocia con países como Venezuela que tienen un alto grado de corrupción, las cosas tienen que estar claras".
Puntos clave
2006
contrato
La empresa Umissa firmó en marzo de 2006 un convenio con Venezuela por US$ 156 millones para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas. La instalación corría por cuenta del gobierno venezolano.
2007
lentitud
En junio de ese año habían construido apenas una decena de casas "modelo". Umissa anunció que ya había enviado material para 4.000 viviendas y denunciaba "obstaculización" de funcionarios venezolanos.
2008
seguro de paro
En febrero Umissa inició un plan rotativo de seguro de paro para sus operarios por el enlentecimiento en la ejecución del contrato. "Los obreros son rehenes de Venezuela, que no arma las casas", dijo un sindicalista.
2009
modificación
El contrato original fijaba la exportación de 12.000 casas desarmadas de Umissa. Pero en diciembre de 2009 se redujo a 8.000 viviendas, de las cuales se han enviado entre 4.000 y 6.000, según la versión.
El País Digital
Negocios con Venezuela otra vez bajo sospecha
Viviendas. Gobierno de Chávez exige que Umissa cumpla
SEBASTIÁN CABRERA
Las casas prefabricadas de Umissa vuelven a estar en el ojo de la tormenta, luego que el gobierno de Hugo Chávez anunció que exigirá el "cumplimiento estricto" del convenio con Uruguay. Pero la firma niega cualquier incumplimiento.
Corría el mes de marzo del año 2006 y la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa) firmó en un convenio con Venezuela para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas por unos US$ 156 millones, en el marco del Fondo Bolívar-Artigas rubricado entre el presidente Tabaré Vázquez y su par venezolano Hugo Chávez, por el cual Uruguay le compra petróleo a Venezuela y a su vez el país caribeño importa productos uruguayos.
El asunto ha generado polémica una y otra vez en los últimos cinco años (ver aparte) y ayer volvió a ocupar los titulares de los medios de comunicación tras una interpelación al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en el Parlamento venezolano.
"Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron. ¿Dónde están las casas, señor ministro?", preguntó Julio Montoya, diputado del partido de oposición Un Nuevo Tiempo. Y, según la agencia AFP, Montoya agregó: "Se robaron esas casas. ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas, señor ministro?".
El ministro Ramírez respondió que "efectivamente" el gobierno venezolano ha detectado "problemas" en la aplicación del convenio, fruto de "un acuerdo de gobierno a gobierno, en el cual participan las empresas privadas".
Ramírez, también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), advirtió: "Los sistemas de control se han activado. Estamos conversando para exigir el cumplimiento estricto de lo acordado con las empresas uruguayas para que esas viviendas lleguen al país".
El contrato de Umissa con el gobierno venezolano establecía la exportación de 12.000 casas, pero en diciembre de 2009 se redujo la cifra a 8.000 viviendas.
En octubre de 2010 el diario El Nacional de Caracas informó que Umissa remitió gran parte de las viviendas comprometidas por lo que cobró -mediante el Fondo Artigas-Bolívar- el 45% del precio acordado, unos US$ 70,69 millones, del total de US$ 155 millones. En cambio, el diputado Montoya dijo que Venezuela ya "pagó el 100% y las casas no se construyeron".
Mientras el gobierno uruguayo sigue el asunto en silencio y por ahora no ha intervenido, Umissa afirma que no ha violado lo pactado. Su propietario Alejandro Lagrenade dijo a El País que Umissa "ha cumplido absolutamente todo" y que "el convenio aún está en funcionamiento".
Lagrenade leyó ayer las declaraciones del ministro venezolano y no interpretó que Ramírez acuse a su firma de enviar menos material del que correspondía: "Hay que interpretar bien. El que dijo que incumplimos es un diputado de la oposición. El ministro afirmó que exigiría el cumplimiento, nada más. No manifestó un incumplimiento. Ellos tienen la obligación de controlar el cumplimiento estricto".
DIFERENCIAS. Según Lagrenade, Venezuela pagó "exactamente lo que se ha enviado y no ha pagado ni un centavo de lo que no se ha enviado". El empresario dijo a El País que Umissa ha exportado a Caracas el material para unas 5.000 casas (las viviendas se arman en Venezuela).
Pero el mismo Lagrenade dijo a la agencia AFP que se ha enviado material para armar "más o menos 6.000" casas y a su vez el gerente general de Umissa, Gastón Tealdi, afirmó a AP que se "llevan ejecutadas el cincuenta por ciento`` de las 8.000 viviendas, o sea 4.000.
Tealdi también indicó a la agencia AP que en los últimos años "hubo muchos problemas`` burocráticos en Venezuela y que el cambio de ocho ministros en el Ministerio de Vivienda y de Hábitat venezolano no ayudaron a acelerar la ejecución del contrato.
"Ya estábamos en conocimiento de esta denuncia venezolana y preferimos no ahondar en más detalles toda vez que involucra a los gobiernos", dijo el gerente general Tealdi.
El plan de Umissa es completar el envío del material para armar las 8.000 casas a fin de año, afirmó Lagrenade. Umissa tiene unos 100 empleados implicados en este proyecto en Montevideo y una cifra algo menor en Venezuela.
Pero el empresario indicó que Umissa trasciende el negocio con el gobierno de Chávez: "Estamos haciendo escuelas, campamentos. Enviamos viviendas a otros países. Mi familia se dedica a la industrialización desde hace 104 años".
SILENCIO. El diputado colorado José Amorín no tuvo respuesta a una consulta realizada ayer de tarde a la Cancillería uruguaya (ver aparte), mientras que el Ministerio de Vivienda prefiere no meterse en el asunto por el momento.
El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, dijo a El País que la cartera no participa en el convenio, "que es de gobierno a gobierno en cuanto a qué tipo de negocios se hacen, pero luego es una relación entre particulares que desconocemos".
Y puso un ejemplo: "Si Uruguay hace un acuerdo con Corea para vender lácteos, luego el cumplimiento del negocio dependerá de Conaprole".
Patrone no tenía conocimiento ayer de ningún planteo concreto o reclamo realizado por el gobierno venezolano o la embajada de Venezuela en Uruguay. "Nosotros deberíamos ocuparnos si tenemos un requerimiento a nivel oficial. Pero no vamos a actuar de oficio, como si fuéramos el Poder Judicial", afirmó Patrone.
El País intentó consultar al embajador de Venezuela para saber si tomará cartas en el asunto, pero no obtuvo respuesta.
En 2009 se habían instalado 11 casas
n "El convenio con la empresa Umissa no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años", dice una nota del diario venezolano El Nacional publicada en octubre de 2010. Allí se informa que la Contraloría General de la República Bolivariana detectó en su informe de gestión de 2009 que se instalaron apenas once viviendas prefabricadas.
La Contraloría venezolana recomendó rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que considerare necesarias. La Contraloría se quejó de "la poca documentación para verificar el cumplimiento de este convenio".
El informe de El Nacional cuenta que en la zona industrial de San Carlos hay un galpón donde se almacenan "las piezas con las que se podrían ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay". El acuerdo con Venezuela indica que Umissa envía todo el material y el asesoramiento para levantar las viviendas prefabricadas.
En Venezuela hay un déficit de dos millones de viviendas, al punto que el presidente Hugo Chávez decretó la emergencia habitacional el año pasado.
Amorín convoca a Almagro
Ni bien leyó las noticias que llegaban de Venezuela, el senador colorado José Amorín (Proba) levantó el teléfono y llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir una entrevista urgente al canciller Luis Almagro "para que le explique la situación" y que el tema "se haga público". La secretaria del canciller Almagro le prometió pronta respuesta pero anoche eso aún no había sucedido. Amorín dijo a El País que, si no hay respuesta en las próximas horas, lo convocará de inmediato al Parlamento. "Es un tema grave, que se arrastra desde mucho tiempo y siempre fue poco transparente. En Uruguay nunca se supo cuál fue el alcance de ese negocio de las viviendas", opinó Amorín. Y alertó: "Cuando se negocia con países como Venezuela que tienen un alto grado de corrupción, las cosas tienen que estar claras".
Puntos clave
2006
contrato
La empresa Umissa firmó en marzo de 2006 un convenio con Venezuela por US$ 156 millones para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas. La instalación corría por cuenta del gobierno venezolano.
2007
lentitud
En junio de ese año habían construido apenas una decena de casas "modelo". Umissa anunció que ya había enviado material para 4.000 viviendas y denunciaba "obstaculización" de funcionarios venezolanos.
2008
seguro de paro
En febrero Umissa inició un plan rotativo de seguro de paro para sus operarios por el enlentecimiento en la ejecución del contrato. "Los obreros son rehenes de Venezuela, que no arma las casas", dijo un sindicalista.
2009
modificación
El contrato original fijaba la exportación de 12.000 casas desarmadas de Umissa. Pero en diciembre de 2009 se redujo a 8.000 viviendas, de las cuales se han enviado entre 4.000 y 6.000, según la versión.
El País Digital
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