Publicado en la página de CONCERTACIÓN CIUDADANA DE AYER.
EUGENIO BAROFFIO ABADIE
09 - 02 - 2011
FEBRERO DE 1973
La semana pasada, se cumplió un nuevo aniversario de la grave crisis institucional que inició, en 1973, el proceso que desembocara en la dictadura militar que el Uruguay padeciera desde ese año hasta 1985. Los militares reaccionaron contra el nombramiento del General Antonio Francese al frente del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ejército y la Fuerza Aérea en un comunicado difundido por Cadena Nacional decidieron desconocer las órdenes del nuevo ministro, sugiriendo -simultáneamente- al Presidente de la República , su relevo. El Comandante en Jefe del Ejército Gral. César Martínez, había renunciado unas horas antes, levantando uno de los últimos obstáculos que imponía su conocido apego a las instituciones, para que las Fuerzas Armadas traspusieran las barreras de la Constitución y se sublevaran contra el poder político. La Armada Nacional respaldó las instituciones mediante la firme postura de su Comandante, el Almirante Juan José Zorrilla. Pero a los pocos días, su mando fue desconocido y debió renunciar el 11 de febrero.
Cuando se cumplen nada menos que 38 años de aquellos acontecimientos, me ha llamado poderosamente la atención la escasez de invocaciones a este trágico episodio que implicó uno de los más importantes mojones (deplorables si los hay) conducentes al gobierno de facto que duró casi 12 años. Una izquierda que celebra hasta la trágica “toma de Pando” efectuada por los terroristas Tupamaros; conmemora la muerte del Che o instituye “Plenarios” que bregan por una memoria que sólo recuerda la mitad que les conviene de la verdad histórica o, sencillamente, la altera groseramente para confundir a las víctimas con los victimarios, permanece generalmente muda cuando se trata de aquellos hechos que no la dejan bien parada.
La institucionalidad se desmoronaba en febrero de 1973 y, sin embargo, mientras tanto se invoca la memoria para recordar, distorsionándolos si es necesario, los hechos que a ello condujeron, el movimiento sindical y el Frente Amplio silencian la evocación de un asunto que debería no olvidarse más para que no se corra el riesgo de volver a repetir los errores del pasado. Sólo una explicación justifica el mutismo de quienes todavía viven con los ojos en la nuca cuando se trata de revisar otros capítulos de la historia reciente o reclamar justicia y “hacer gárgaras” en sus mentirosos discursos pseudoprotectores de los derechos humanos, expresión a la cual sólo dan el alcance de una indisimulada sed de venganza que les inhibe apreciar el verdadero valor presente de derechos que ellos mismos maltratan desde el gobierno.
La media verdad del discurso de la “izquierda progresista” oculta realidades muy incómodas. En febrero de 1973, la institucionalidad importaba un comino al Frente Amplio y a sus socios del movimiento sindical. Nadie les vio manifestar a favor de la Constitución malherida. Nadie percibió otra cosa que complicidad de su parte con la insurrección militar. Desde tiempo atrás se advertía un paradójico alineamiento en que el tema institucional estaba relegado frente a la posibilidad de “subirse al carro” de un eventual futuro gobierno “cívico militar”. El Golpe de Estado sólo era tal y, por ende condenable, si los excluía o perseguía. Pero si a la ruptura institucional se llegaba para imponer sus propias ideas, ya no era subversión institucional sino mero triunfo de pueblo y fuerzas armadas contra la “oligarquía”.
El Partido Comunista apreciaba positivamente el contenido de los Comunicados 4 y 7 de los militares alzados contra el poder civil.
El Senador Zelmar Michelini veía con beneplácito que las FFAA ingresaran “en la problemática nacional”. El Partido Demócrata Cristiano (uno de los fundadores de la coalición de izquierda) festejaba un discurso en que percibía “la auspiciosa ruptura de la alianza trágica entre ultraderecha y las FFAA”, poniendo por primera vez en el tapete “el problema de las estructuras del país y sus problemas reales”. Para peor, se atrevía a decir que el Partido ya no pretendía “volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido”, sino crear “una democracia nueva”.
El propio General Seregni, sostenía la tesis de que el conflicto no era entre la democracia y el golpe de Estado, sino entre la oligarquía y el pueblo. Celebraba el hecho de que “de las propuestas de las FFAA surge la idea de cambios, la necesidad de transformaciones en los diversos campos”, lo que lo conducía a comparar las propuestas militares con las del propio Frente Amplio.
El Manual de Historia del Uruguay de Benjamín Nahum (Tomo II), insospechable de conservador o reaccionario, reproduce expresiones de Seregni que el 9 de febrero que invitaba al diálogo que habilitara la “interacción fecunda entre pueblo, gobierno y FFAAA para comenzar la reconstrucción de la Patria en decadencia”.
Del mismo texto se extrae que los dirigentes de la CNT procuraban una reunión con los militares para analizar posibles coincidencias de objetivos.
Como acabo de emplear la manida expresión “izquierda progresista”, es justo advertir que en la ocasión, ella exhibió, como también lo hace actualmente, según la experiencia demuestra, que las ideas que defienden en lo económico y político no solamente datan de los siglos XVII y XVIII sino que son, precisamente, las de los países que menos progresan.
Recordar aquel 9 de febrero, reconstruir lo ocurrido y colocar a cada protagonista en la posición que realmente asumió, constituye no sólo un homenaje a la verdad histórica. Es también la explicación racional de lo que ocurrió y ocurre en el presente. La coalición gobernante no es muy afecta a la libertad, ni respetuosa de las instituciones democráticas. Siempre estará dispuesta a atentar contra la primera o desbordar estas últimas a cambio de la obtención de cualquier ventaja que conduzca en el sentido que le impone su obsoleta y hemipléjica visión del mundo.
Los partidos de la actual oposición, aunque poco esfuerzo han hecho –en estos días- para poner los puntos sobre las íes y recordarnos aquel “febrero amargo” al decir de Don Amílcar Vasconcellos, deberían meditar mucho sobre el tema. Advertirían cuánto más lejos están sus ideas liberales de aquéllas propuestas confusas y a veces contradictorias de quienes nos gobiernan, con relación a sus propias diferencias históricas que, si bien las hay y nadie lo duda, no les han visto claudicar tan ostensiblemente de la institucionalidad, de la defensa de la libertad y de la necesidad de una constitución respetada como necesario fundamento de la subsistencia del régimen democrático.
Desde estas páginas reiteramos el llamado a la concertación de la oposición política como instrumento más apto para construir un futuro de prosperidad, recordando que, como dijo el General Artigas, el 10 de octubre de 1816, en carta a Pueyrredón, “EN LA UNIÓN ESTÁ NUESTRO PODER Y SOLO ELLA AFIANZARÁ NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO PORVENIR”.
Eugenio Baroffio Abadie
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09 - 02 - 2011
FEBRERO DE 1973
La semana pasada, se cumplió un nuevo aniversario de la grave crisis institucional que inició, en 1973, el proceso que desembocara en la dictadura militar que el Uruguay padeciera desde ese año hasta 1985. Los militares reaccionaron contra el nombramiento del General Antonio Francese al frente del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ejército y la Fuerza Aérea en un comunicado difundido por Cadena Nacional decidieron desconocer las órdenes del nuevo ministro, sugiriendo -simultáneamente- al Presidente de la República , su relevo. El Comandante en Jefe del Ejército Gral. César Martínez, había renunciado unas horas antes, levantando uno de los últimos obstáculos que imponía su conocido apego a las instituciones, para que las Fuerzas Armadas traspusieran las barreras de la Constitución y se sublevaran contra el poder político. La Armada Nacional respaldó las instituciones mediante la firme postura de su Comandante, el Almirante Juan José Zorrilla. Pero a los pocos días, su mando fue desconocido y debió renunciar el 11 de febrero.
Cuando se cumplen nada menos que 38 años de aquellos acontecimientos, me ha llamado poderosamente la atención la escasez de invocaciones a este trágico episodio que implicó uno de los más importantes mojones (deplorables si los hay) conducentes al gobierno de facto que duró casi 12 años. Una izquierda que celebra hasta la trágica “toma de Pando” efectuada por los terroristas Tupamaros; conmemora la muerte del Che o instituye “Plenarios” que bregan por una memoria que sólo recuerda la mitad que les conviene de la verdad histórica o, sencillamente, la altera groseramente para confundir a las víctimas con los victimarios, permanece generalmente muda cuando se trata de aquellos hechos que no la dejan bien parada.
La institucionalidad se desmoronaba en febrero de 1973 y, sin embargo, mientras tanto se invoca la memoria para recordar, distorsionándolos si es necesario, los hechos que a ello condujeron, el movimiento sindical y el Frente Amplio silencian la evocación de un asunto que debería no olvidarse más para que no se corra el riesgo de volver a repetir los errores del pasado. Sólo una explicación justifica el mutismo de quienes todavía viven con los ojos en la nuca cuando se trata de revisar otros capítulos de la historia reciente o reclamar justicia y “hacer gárgaras” en sus mentirosos discursos pseudoprotectores de los derechos humanos, expresión a la cual sólo dan el alcance de una indisimulada sed de venganza que les inhibe apreciar el verdadero valor presente de derechos que ellos mismos maltratan desde el gobierno.
La media verdad del discurso de la “izquierda progresista” oculta realidades muy incómodas. En febrero de 1973, la institucionalidad importaba un comino al Frente Amplio y a sus socios del movimiento sindical. Nadie les vio manifestar a favor de la Constitución malherida. Nadie percibió otra cosa que complicidad de su parte con la insurrección militar. Desde tiempo atrás se advertía un paradójico alineamiento en que el tema institucional estaba relegado frente a la posibilidad de “subirse al carro” de un eventual futuro gobierno “cívico militar”. El Golpe de Estado sólo era tal y, por ende condenable, si los excluía o perseguía. Pero si a la ruptura institucional se llegaba para imponer sus propias ideas, ya no era subversión institucional sino mero triunfo de pueblo y fuerzas armadas contra la “oligarquía”.
El Partido Comunista apreciaba positivamente el contenido de los Comunicados 4 y 7 de los militares alzados contra el poder civil.
El Senador Zelmar Michelini veía con beneplácito que las FFAA ingresaran “en la problemática nacional”. El Partido Demócrata Cristiano (uno de los fundadores de la coalición de izquierda) festejaba un discurso en que percibía “la auspiciosa ruptura de la alianza trágica entre ultraderecha y las FFAA”, poniendo por primera vez en el tapete “el problema de las estructuras del país y sus problemas reales”. Para peor, se atrevía a decir que el Partido ya no pretendía “volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido”, sino crear “una democracia nueva”.
El propio General Seregni, sostenía la tesis de que el conflicto no era entre la democracia y el golpe de Estado, sino entre la oligarquía y el pueblo. Celebraba el hecho de que “de las propuestas de las FFAA surge la idea de cambios, la necesidad de transformaciones en los diversos campos”, lo que lo conducía a comparar las propuestas militares con las del propio Frente Amplio.
El Manual de Historia del Uruguay de Benjamín Nahum (Tomo II), insospechable de conservador o reaccionario, reproduce expresiones de Seregni que el 9 de febrero que invitaba al diálogo que habilitara la “interacción fecunda entre pueblo, gobierno y FFAAA para comenzar la reconstrucción de la Patria en decadencia”.
Del mismo texto se extrae que los dirigentes de la CNT procuraban una reunión con los militares para analizar posibles coincidencias de objetivos.
Como acabo de emplear la manida expresión “izquierda progresista”, es justo advertir que en la ocasión, ella exhibió, como también lo hace actualmente, según la experiencia demuestra, que las ideas que defienden en lo económico y político no solamente datan de los siglos XVII y XVIII sino que son, precisamente, las de los países que menos progresan.
Recordar aquel 9 de febrero, reconstruir lo ocurrido y colocar a cada protagonista en la posición que realmente asumió, constituye no sólo un homenaje a la verdad histórica. Es también la explicación racional de lo que ocurrió y ocurre en el presente. La coalición gobernante no es muy afecta a la libertad, ni respetuosa de las instituciones democráticas. Siempre estará dispuesta a atentar contra la primera o desbordar estas últimas a cambio de la obtención de cualquier ventaja que conduzca en el sentido que le impone su obsoleta y hemipléjica visión del mundo.
Los partidos de la actual oposición, aunque poco esfuerzo han hecho –en estos días- para poner los puntos sobre las íes y recordarnos aquel “febrero amargo” al decir de Don Amílcar Vasconcellos, deberían meditar mucho sobre el tema. Advertirían cuánto más lejos están sus ideas liberales de aquéllas propuestas confusas y a veces contradictorias de quienes nos gobiernan, con relación a sus propias diferencias históricas que, si bien las hay y nadie lo duda, no les han visto claudicar tan ostensiblemente de la institucionalidad, de la defensa de la libertad y de la necesidad de una constitución respetada como necesario fundamento de la subsistencia del régimen democrático.
Desde estas páginas reiteramos el llamado a la concertación de la oposición política como instrumento más apto para construir un futuro de prosperidad, recordando que, como dijo el General Artigas, el 10 de octubre de 1816, en carta a Pueyrredón, “EN LA UNIÓN ESTÁ NUESTRO PODER Y SOLO ELLA AFIANZARÁ NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO PORVENIR”.
Eugenio Baroffio Abadie
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