Recibo y publico
La PLUNA QUE LOS PLANEÓ...
Todas mis sospechas en cuanto al
“encangrejamiento” de la gran estafa de PLUNA están comenzando a ser confirmadas
por el desarrollo de los acontecimientos. Tal como van las cosas, el propio
tratamiento noticioso del tema comienza a languidecer, y la opinión pública,
exigida por nuevos escándalos, desvía su atención hacia otros
asuntos.
Todo parece tratarse en forma “secreta” y
“confidencial”, como le gusta decir al señor
Presidente.
El velo del misterio está cayendo sobre el
caso PLUNA, su venta y su futuro.
Dada la tradición frenteamplista en materia
de ejercicio del poder, no podía ser de otra manera. El gobierno ha inventado la
especie, dada la “fragilidad” de las instituciones, que lo mejor es que ciertos
asuntos, cuya exposición pública podría hacer demasiado evidentes las gangrenas
interiores del sistema, permanezcan convenientemente tapados por el “secreto”,
“la discreción” y “la confidencialidad”.
Obviamente, el caso PLUNA es uno de ellos;
de los otros ya nos ocuparemos en el futuro.
En verdad, nueve de cada diez uruguayos
opinan que “eso va a quedar así”. Ese escepticismo constituye, sin embargo, una
verdadera bomba de tiempo colocada en los cimientos del sistema
democrático-republicano.
La lenta corrosión de la fe pública en las instituciones
del orden político actual es acelerada sin duda, por casos que fortalecen en
cada quién la convicción de que la norma constitucional que establece la
igualdad de todos ante la ley no obsta, sin embargo, que para el gobierno haya
algunos “más iguales” que otros.
A menos que se demuestre científica y no
políticamente, que el abrupto cierre de PLUNA obedeció a causas perfectamente
verificables, de índole distinta a las de mis sospechas, todas las conjeturas
que se apoyen en la existencia de un plan político y turbio tendrán absoluta
pertinencia.
Obviamente, en primera instancia, aquellos
intereses para los cuales el cierre de PLUNA resulta un problema de suma
gravedad, no tanto por lo que económicamente pudiera ser afectado, y que es
mucho, cuanto por los intereses políticos y de poder que pudieran ser
estremecidos y puestos al desnudo. Obsérvese que mis sospechas no apuntan hacia
personas, sino hacia un complejo de intereses.
Ese complejo de intereses puede involucrar,
sin dudas, desde los países proveedores hasta los clientes, pasando por
intermediarios de toda índole y por mucha gente de
poder.
Ahora el gobierno quiere rematar los aviones
de PLUNA por un precio fuera de mercado, los cuales seguramente no encontrarán
quién puje en el remate por ellos, ni en el remate normal ni a la
“holandesa”.
Por otro lado hacen cálculos de cómo van a repartir, y
qué van a pagar, con lo recaudado por la venta de las rutas y de los
itinerarios.
Vale preguntarse qué parte de las rutas
intentarán vender de las que PLUNA tiene desde
Uruguay.
El gobierno sabe que está intentando vender
humo, pues para efectivizar las rutas con destino Argentina, las mismas deberán
ser autorizadas por la Autoridad de Aviación Civil de la Republica Argentina,
que es la Administración Nacional de Aviación Civil.
Su administrador es el Dr. Alejandro Agustín
Granados, hijo del intendente de Ezeiza. Hace algunas unas semanas se nombró al
Dr. Manuel Baladrón como subsecretario de Transporte Aéreo, por arriba del
Administrador Nacional de Aviación Civil, el Dr. Granados.
Dentro de su Administración se encuentra la
Dirección Nacional de Transporte Aéreo a cargo de la Sra. Paola Tamburelli, que
tiene como “responsabilidad primaria” la de controlar en forma eficiente la
explotación de servicios aeronáuticos y la actividad comercial de la aviación
civil para lograr su desarrollo organizado, bajo los principios de eficiencia,
seguridad y economía, acorde con la legislación vigente y recomendaciones
internacionales.
Y sus “acciones” son, entre otras, supervisar y controlar
la aplicación de normas y regulaciones relacionadas con la habilitación de los
Servicios de Transporte Aerocomercial y cumplir con los procedimientos técnicos
definidos en la aprobación de las solicitudes de carácter comercial de
operadores comerciales nacionales y extranjeros.
Si se lee con detenimiento,
entre sus acciones están las relacionadas con las líneas aerocomerciales, o sea
conceder los permisos para las rutas e itinerarios.
¿Qué se supone está subastando el Uruguay? ¿Aviones para
volar entrecasa?
Detrás de todo está Aerolíneas Argentinas,
sostenida y subvencionada por el Estado Argentino.
Las condiciones para una nueva aerolínea o
transportador serán siempre aprobadas por esta Dirección Nacional, y conforme a
los objetivos que el Estado le defina.
Las rutas y frecuencias son parte de la
negociación. Todo transportador que pretenda dar servicios debe tener un
Certificado de Operador Aéreo (AOC) otorgado por el país de registro de Empresa,
o validado por el país donde pretende operar.
Un posible comprador deberá enfrentarse a los posibles
cambios de reglas que establecerá la ANAC a instancias del Estado Argentino, en
vista de favorecer el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, y no el de una
aerolínea uruguaya. Sobre todo en los momentos actuales, en que el gobierno
argentino trata de bloquear toda oportunidad de conectividad de Uruguay con el
exterior.
Una negación del AOC o de los permisos de rutas o
asignación de frecuencias son algunos de los aspectos a los que deberá
enfrentarse un posible comprador.
Adicionalmente, el AOC requiere que el operador
demuestre solvencia económica para mantener la seguridad operacional del
material aéreo como la capacitación, manuales y
procedimientos.
El operador deberá contar con la
certificación de IATA, luego de haber aprobado las auditorias de seguridad
operacional, lo cual implica un esfuerzo importante antes de empezar a volar, lo
cual, de lograrse, nos transporta, en el mejor de los casos al otoño. El
Ministerio de Turismo debería tener muy presente esta circunstancia de cara a la
próxima temporada turística.
Finalmente, está el tema de los gremios
aeronáuticos que en la Argentina, por razones políticas, están alineados al
gobierno en un caso y en oposición en otros, con el agregado de que los
operadores aeronáuticos reclaman con insistencia que se establezcan menos
frecuencias en aeroparque.
Definitivamente, el trámite
final dependerá de los requisitos que, conjugados, confluyen a que no se trate
de vulnerar la conveniencia operacional de Aerolíneas Argentinas.
A mi manera de ver, los trámites pueden ser demorados o
negados, sin perjuicio de que se establezcan nuevos requisitos en función de la
conveniencia de los actores.
La PLUNA que los planeó….¡Qué novela se armó con este
negociado!
Jorge
Azar-Gómez
Ex representante
de Uruguay ante ONU
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