Me parece una propuesta excelente, que se les termine la impunidad a algunos legisladores que han sido llamados por la Justicia pero han sido y serán protegidos por sus pares, aferrándose a sus fueros y tan campantes y después hablan de valores!!
Pero...
No creo que se la voten
Y en caso de votarla y llevarla a la aprobación del soberano, después, la respetarán? O dirán que las mayorías se equivocan?
Hoy por hoy cualquier votación del soberano, está en tela de juicio y puede ser cambiada por la mayoría circunstancial.
Esto es algo que debería prohibirse específicamente, por si los legisladores frentamplistas no se enteraron que por sobre ellos, estamos nosotros, el pueblo y que ellos son simples empleados de Juan Pueblo, y Juan Pueblo les dio normas que deben cumplirse a rajatabla.
Yo creo que además entonces, debería modificarse la Constitución prohibiendo al Poder Legislativo, legislar, cambiar, interpretar, sea con cambios de palabras, hechos o teorías, aquello que el pueblo votó en cualquier elección, específicamente en los pleibiscitos.
Para que quede más claro todavía, porque hay algunos lerdos de cerebro.
Acá nunca existió una ley de impunidad ni terrorismo de estado, en todo caso, una ley de amnistía para los tupamaros que fue irrestricta y es lo que les permite a los asesinos de ayer, gobernar hoy, procesados o no, encarcelados o no, de otra forma, no hubieran accedido al poder ninguno de los que están hoy. Y otra ley que acompañó a aquella y que toma sus artículos, que fue la ley de caducidad para los militares, ley ésta que no se respetó, y 2 pleibiscitos que tampoco se respetaron.
Acá se votó el NO al voto de quienes residen en el exterior, pero como el pleibiscito se planteó como voto epistolar (muy astutos) ahora quieren revertir el pleibiscito con el voto consular.
El No al voto del exterior, es No a los no residentes en el país, la Constitución además, es clara.
Por eso digo, prohibir el cambio de palabras para legislar sobre lo mismo, pasándose por el bolsillo la decisión del soberano.
Extraído de El Observador
Pero...
No creo que se la voten
Y en caso de votarla y llevarla a la aprobación del soberano, después, la respetarán? O dirán que las mayorías se equivocan?
Hoy por hoy cualquier votación del soberano, está en tela de juicio y puede ser cambiada por la mayoría circunstancial.
Esto es algo que debería prohibirse específicamente, por si los legisladores frentamplistas no se enteraron que por sobre ellos, estamos nosotros, el pueblo y que ellos son simples empleados de Juan Pueblo, y Juan Pueblo les dio normas que deben cumplirse a rajatabla.
Yo creo que además entonces, debería modificarse la Constitución prohibiendo al Poder Legislativo, legislar, cambiar, interpretar, sea con cambios de palabras, hechos o teorías, aquello que el pueblo votó en cualquier elección, específicamente en los pleibiscitos.
Para que quede más claro todavía, porque hay algunos lerdos de cerebro.
Acá nunca existió una ley de impunidad ni terrorismo de estado, en todo caso, una ley de amnistía para los tupamaros que fue irrestricta y es lo que les permite a los asesinos de ayer, gobernar hoy, procesados o no, encarcelados o no, de otra forma, no hubieran accedido al poder ninguno de los que están hoy. Y otra ley que acompañó a aquella y que toma sus artículos, que fue la ley de caducidad para los militares, ley ésta que no se respetó, y 2 pleibiscitos que tampoco se respetaron.
Acá se votó el NO al voto de quienes residen en el exterior, pero como el pleibiscito se planteó como voto epistolar (muy astutos) ahora quieren revertir el pleibiscito con el voto consular.
El No al voto del exterior, es No a los no residentes en el país, la Constitución además, es clara.
Por eso digo, prohibir el cambio de palabras para legislar sobre lo mismo, pasándose por el bolsillo la decisión del soberano.
Extraído de El Observador
Proponen dejar sin fueros a los imputados por la Justicia
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Lacalle Pou, quiere modificar la Constitución
Con sus raíces enclavadas en los añejos enfrentamientos entre la corona británica y el Parlamento, los fueros que les permiten a los legisladores uruguayos no ser juzgados por sus dichos dentro del Palacio Legislativo también los autorizan a parapetarse detrás de esa figura jurídica para impedir que la Justicia los investigue ante la sospecha de presuntos delitos.
Ante esta realidad, el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco), presentó un proyecto de ley para evitar que sus pares se valgan de ese mecanismo con la finalidad de eludir sus responsabilidades ante el Poder Judicial.
“Muchas veces el legislador se ampara en sus fueros para evadir a la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando por ende, este instituto”, dice la iniciativa de Lacalle Pou que promete un polémico periplo parlamentario.
La legislación vigente establece que cada vez que un juez quiere iniciar un proceso penal contra un parlamentario debe pedir que se levanten sus fueros.
Y la historia demuestra que casi siempre los diputados y senadores se solidarizaron con sus colegas y votaron contra el desafuero.
En el proyecto de Lacalle Pou –que de ser aprobado deberá ser ratificado en un plebiscito junto con las próximas elecciones– se señala que estos fueros no son privilegios de carácter personal sino que tienen por finalidad preservar el ejercicio de la función del legisladores.
En el caso de Uruguay, los fueros ya estaban presentes en la Constitución de 1830 y establecen que ningún legislador será responsable por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función.
Pero, en un artículo que históricamente se ha prestado para diversas interpretaciones, la Constitución señala: “Ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el día de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes (…) sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos de total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
Este artículo, según Lacalle Pou, se presta para que los parlamentarios asuman una postura corporativa que protege, incluso, a los pares que no merecen ser protegidos.
“En la actualidad este sistema ha demostrado muchas veces que el legislador se ampara en sus fueros para evadir la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando, por ende, este instituto. Como consecuencia, la Justicia competente no puede siquiera iniciar el proceso penal sin antes tener que solicitar ante el Poder Legislativo el desafuero del legislador, lo que supone a su vez, que el legislador, además de ampararse en sus fueros, se ampare en las mayorías parlamentarias para que aquellos no se levanten. Esto no es concebible en pleno estado constitucional de derecho, donde toda interpretación jurídica e institucional debe ser realizada y contextualizada al amparo del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos”, dice el proyecto en su parte medular.
En ese sentido, se propone eliminar “el fuero de acusación penal o de procesamiento” de modo que los legisladores se vean obligados a comparecer ante la Justicia.
“En el caso de que un legislador sea procesado con prisión, el mismo quedará automáticamente suspendido en sus funciones, debiendo ser suplantado de conformidad con el régimen de suplentes que rija el caso concreto. El mecanismo de la suplencia coadyuva, en este aspecto, a no alterar el funcionamiento parlamentario ni la representatividad del cuerpo”, señala el proyecto.
“Delicadísimo deber”
En definitiva, la propuesta busca permitir el inicio de la investigación penal, facultando a la Justicia a investigar y procesar a un legislador sin necesidad de un pedido previo de desafuero.
Por último, en el proyecto se advierte que si bien los fueros de los legisladores son importantes para ampararlos en sus dichos frente a los otros poderes del Estado, no menos importante es “el libre ejercicio de la función judicial.
“Los jueces deben poder cumplir, sin obstáculos desmedidos con su elevada misión, el delicadísimo deber de aplicar las leyes que el propio Parlamento sancionó para la preservación del cuerpo social que representa, para resguardo de la vida, honor y patrimonio de sus integrantes”, sostiene Lacalle Pou.
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Lacalle Pou, quiere modificar la Constitución
Con sus raíces enclavadas en los añejos enfrentamientos entre la corona británica y el Parlamento, los fueros que les permiten a los legisladores uruguayos no ser juzgados por sus dichos dentro del Palacio Legislativo también los autorizan a parapetarse detrás de esa figura jurídica para impedir que la Justicia los investigue ante la sospecha de presuntos delitos.
Ante esta realidad, el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco), presentó un proyecto de ley para evitar que sus pares se valgan de ese mecanismo con la finalidad de eludir sus responsabilidades ante el Poder Judicial.
“Muchas veces el legislador se ampara en sus fueros para evadir a la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando por ende, este instituto”, dice la iniciativa de Lacalle Pou que promete un polémico periplo parlamentario.
La legislación vigente establece que cada vez que un juez quiere iniciar un proceso penal contra un parlamentario debe pedir que se levanten sus fueros.
Y la historia demuestra que casi siempre los diputados y senadores se solidarizaron con sus colegas y votaron contra el desafuero.
En el proyecto de Lacalle Pou –que de ser aprobado deberá ser ratificado en un plebiscito junto con las próximas elecciones– se señala que estos fueros no son privilegios de carácter personal sino que tienen por finalidad preservar el ejercicio de la función del legisladores.
En el caso de Uruguay, los fueros ya estaban presentes en la Constitución de 1830 y establecen que ningún legislador será responsable por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función.
Pero, en un artículo que históricamente se ha prestado para diversas interpretaciones, la Constitución señala: “Ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el día de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes (…) sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos de total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
Este artículo, según Lacalle Pou, se presta para que los parlamentarios asuman una postura corporativa que protege, incluso, a los pares que no merecen ser protegidos.
“En la actualidad este sistema ha demostrado muchas veces que el legislador se ampara en sus fueros para evadir la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando, por ende, este instituto. Como consecuencia, la Justicia competente no puede siquiera iniciar el proceso penal sin antes tener que solicitar ante el Poder Legislativo el desafuero del legislador, lo que supone a su vez, que el legislador, además de ampararse en sus fueros, se ampare en las mayorías parlamentarias para que aquellos no se levanten. Esto no es concebible en pleno estado constitucional de derecho, donde toda interpretación jurídica e institucional debe ser realizada y contextualizada al amparo del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos”, dice el proyecto en su parte medular.
En ese sentido, se propone eliminar “el fuero de acusación penal o de procesamiento” de modo que los legisladores se vean obligados a comparecer ante la Justicia.
“En el caso de que un legislador sea procesado con prisión, el mismo quedará automáticamente suspendido en sus funciones, debiendo ser suplantado de conformidad con el régimen de suplentes que rija el caso concreto. El mecanismo de la suplencia coadyuva, en este aspecto, a no alterar el funcionamiento parlamentario ni la representatividad del cuerpo”, señala el proyecto.
“Delicadísimo deber”
En definitiva, la propuesta busca permitir el inicio de la investigación penal, facultando a la Justicia a investigar y procesar a un legislador sin necesidad de un pedido previo de desafuero.
Por último, en el proyecto se advierte que si bien los fueros de los legisladores son importantes para ampararlos en sus dichos frente a los otros poderes del Estado, no menos importante es “el libre ejercicio de la función judicial.
“Los jueces deben poder cumplir, sin obstáculos desmedidos con su elevada misión, el delicadísimo deber de aplicar las leyes que el propio Parlamento sancionó para la preservación del cuerpo social que representa, para resguardo de la vida, honor y patrimonio de sus integrantes”, sostiene Lacalle Pou.
Blogalaxia Tags: uruguay, montevideo, vicepresidente, corrupción, fraude, presidente, intendencia, impuestos, IRPF gobierno, seguridad, ley
2 comentarios:
que pelotudo el lacallito pou::que se van a jugar en contra los maffiossos del legislativo,,esa ley no la vota ni peteko..
VIVAN LOS FUEROS....JAJAJAJJA
LA JUSTICIA ES PA LOS GILESSSS y PA LOS MILICOSHSHSH
No, no la van a votar, porque el que no está metido en la joda, protege a algún otro.
y quiero ver si los mano de yeso, que dicen ser impolutos, ya sabemos que no, que van a decir al respecto.
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