Extraído de Brecha
EL PARLAMENTO CERRÓ EL CASO GONZALO FERNÁNDEZ
Ahora le toca a la justicia
El Senado absolvió a Gonzalo Fernández en el "caso Peirano", pero nadie se
animó a defender las,"omisiones", "olvidos" y contradicciones del ex secretario de la Presidencia.
SAMUEL BLIXEN
LA ABSOLUCIÓN OTORGADA por el Senado, el miércoles 17, al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en el episodio de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que posibilitó la clausura del expediente Peirano era previsible pero no menos incómoda: algunas manos se levantaron apenas, como vergonzosas; en otros, el gesto de aprobación no condecía con lo que revelaban los rostros; los menos suspiraron aliviados; y todos, los 17 senadores de la mayoría frenteamplista, no tuvieron energía para festejar el triunfo, entre otras cosas porque el tema deberá enfrentar el estado de ánimo en la estructura del Frente Amplio y, sobre todo, el trámite que se ventila en la justicia.
Las cuatro horas que el Senado destinó a la discusión de dos informes de la comisión investigadora -uno en mayoría, del FA, y otro en minoría, de blancos y colorados- fueron consumidas en demostrar que el Parlamento había actuado correctamente (es decir, sin negligencia) cuando aprobó, a fines de 2009, en tiempo récord, la ley que derogó el famoso artículo 76, Algunos matices sobre la responsabilidad de los parlamentarios y sus criterios de funcionamiento dieron lugar a chisporrotazos entre blancos y colorados, pero no alteraron las conclusiones en las que coincidían la mayoría y la minoría.
En cambio, sí hubo diferencias sustanciales cuando el cuerpo analizó el protagonismo de Gonzalo Fernández, y sus consejos y opiniones que posibilitaron la derogación. Todos coincidieron en que al ex secretario no lo motivó una intención de beneficio o provecho personal, pero blancos y colorados no perdieron la oportunidad de señalar las “omisiones y olvidos” del ex secretario de la Presidencia en informar que él era abogado patrocinante de uno de los implicados en la causa Peirano.
Ni el informe en mayoría ni los senadores frenteamplistas en sala hicieron mención alguna de esos "olvidos" que, entre otras cosas, revelaron una falta de ética hacia el cuerpo, cuando Fernández asumió una banca para “explicar su versión de los hechos”. El senador colorado Ope Pasquet recordó que Fernández había dicho en sala -en ocasión del planteo de fueros del senador blanco Sergio Abreu-que él también tenía muy buena memoria.
“Cuando expuso su versión, no dijo en ningún momento que él era defen¬sor de uno de los imputados. No creo que un catedrático pueda olvidar estas cosas. Será la justicia la que deberá pronunciarse sobre esto.”
La justicia ya entiende en el caso, a partir de una denuncia del abogado Gustavo Salle ante el Juzgado de Segundo Turno del Crimen Organizado. En uso de una interrupción, el senador Rafael Michelini reprochó a Pasquet y a los blancos que se pretendiera denunciar a Fernández ante un estrado de crimen organizado; y refiriéndose a este último concepto dijo: "Hay que tener cuidado, porque las palabras también valen".
El senador blanco Francisco Gallina! fue enfático: "En el informe del Frente Amplio se señala que “la intervención de la doctora Salom (esposa de Fernández) excede claramente el objeto de esta investigación”. No excede por dos factores; la intervención de Salom es en carácter de codefensora, el otro era Fernández, que firma el escrito más importante.
Y segundo, tampoco excede porque Fernández, en el Senado y en la comisión investigadora, dice que la derogación no alcanza a los involucrados, pero cuando se presenta en el juzgado para pedir que se cierre la causa expresa la argumentación exactamente contraria y pide el beneficio del cierre en función de la derogación del articulo 76. Más aun: cuando el senador Moreira le pregunta, en la comisión, sobre esa contradicción, Fernández dice: "Bueno, estaba defendiendo a mi patrocinado".
La oposición propuso que el cuerpo elevara a la justicia todos los elementos recabados por la comisión investigadora. Aunque el juzgado ya había solicitado los documentos, la propuesta contenía una diferencia de valor, es decir, la iniciativa del propio Senado. El senador Carlos Moreira, informante en minoría, argumentó sobre el pase de los antecedentes a la justicia señalando "la relación estrecha de los dos roles de Fernández, interrelacionados. Uno, su pasada condición de funcionario público; y otro, como profesional, como abogado en su actividad privada. Decimos que hay un equilibrio muy delicado. Es un equilibrio muy frágil. Esa zona gris en esta instancia puede haberse visto comprometida a la luz de las contradicciones, de las omisiones y de los olvidos. En función de ese equilibrio, que tiene que analizarse, recomendamos llevar todo a la justicia competente".
La defensa de Gonzalo Fernández, si así puede llamársela, estuvo a careo de los senadores Mónica Xavier, socialista, y Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay. Xavier reiteró que "no obtuvo el doctor Gonzalo Fernández, en ninguna de las sugerencias que pudo haber realizado, un beneficio para si porque, entre otras cosas, no lo buscaba, no necesitaba buscarlo". No hizo ninguna referencia a los "olvidos" y "omisiones" del ex secretario de la Presidencia y se extendió al enumerar la carrera profesional del catedrático de derecho penal. Baraibar, por su parte, abundó en otro argumento: el de Gonzalo Fernández como penalista se confirma en las decenas de prólogos de libros que redactó.
La afirmación tuvo una derivación imprevista: el senador colorado Pedro Bordaberry buscó una vía original para contradecir los conceptos de Baraibar sobre la relación entre honorabilidad y redacción de prólogos: Sin venir a cuento, dijo: “Doctor Lacalle, usted ha escrito una gran cantidad de prólogos, los he leído; eso no fue obstáculo para que le hicieran denuncias”. Lacalle reaccionó: “Respecto de las denuncias que se formularon contra mi persona, no creo que tenga mucho que ver acá, pero ya que estamos, hasta igualar envido”.
Al término de la discusión. se puso a votación el informe en mayoría. Como fue aprobado por 17 votos en 31 presentes, el cuerpo no llegó a considerar el informe en minoría; por lo tanto quedó en el tintero la propuesta de pasar los antecedentes a la justicia.
Tampoco se puso a consideración - aunque hubo consenso - una propuesta de la minoría de modificar el reglamento interno a efectos de que todos los proyectos de ley deban pasar , taxativamente, por comisión. El proyecto de derogación del artículo 76 fue presentado directamente a consideración de ambas cámaras, que lo aprobaron casi sin discusión. Para muchos senadores, un análisis del proyecto en comisión hubiera permitido el estudio de sus posibles consecuencias.
De todas formas, el Senado -con la sola excepción del senador Pasquet, quien se refirió a una suerte de "corporativismo"- no encontró razón para cuestionar la actuación de los legisladores que aprobaron aquel proyecto: para los frenteamplistas. se actuó "con autonomía y fundamento "; para la oposición se actuó con "conveniencia y procedencia ".
Al eludir una autocrítica sobre la manera en que aprobó la derogación del artículo 76 el Senado enfrenta un hipotético cuestionamiento de la población: pero al eludir un pronunciamiento sobre algunos aspectos del comportamiento de Gonzalo Fernández, la mayoría frenteamplista se expone a consecuencias más tangibles. La absolución de Fernández seguramente se reiterará en la dirección de la coalición cuando la semana próxima la Mesa Política analice dos informes, uno en mayoría y otro en minoría de la comisión especial que analizó el caso. Al parecer, no existe voluntad para convocar a la Comisión de Ética Política, y ello generará revuelo entre las bases de Montevideo y Canelones.
Y además, aunque se pretenda dilatar la investigación judicial, demorando la entrega de los antecedentes parlamentarios, antes o después de la feria judicial, los magistrados comenzarán a citar a todos los actores para resolver sobre lo que la oposición considera "delicado equilibrio" entre lo público y privado en la "zona gris" de la conducta de Gonzalo Fernández. ■
EL PARLAMENTO CERRÓ EL CASO GONZALO FERNÁNDEZ
Ahora le toca a la justicia
El Senado absolvió a Gonzalo Fernández en el "caso Peirano", pero nadie se
animó a defender las,"omisiones", "olvidos" y contradicciones del ex secretario de la Presidencia.
SAMUEL BLIXEN
LA ABSOLUCIÓN OTORGADA por el Senado, el miércoles 17, al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en el episodio de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que posibilitó la clausura del expediente Peirano era previsible pero no menos incómoda: algunas manos se levantaron apenas, como vergonzosas; en otros, el gesto de aprobación no condecía con lo que revelaban los rostros; los menos suspiraron aliviados; y todos, los 17 senadores de la mayoría frenteamplista, no tuvieron energía para festejar el triunfo, entre otras cosas porque el tema deberá enfrentar el estado de ánimo en la estructura del Frente Amplio y, sobre todo, el trámite que se ventila en la justicia.
Las cuatro horas que el Senado destinó a la discusión de dos informes de la comisión investigadora -uno en mayoría, del FA, y otro en minoría, de blancos y colorados- fueron consumidas en demostrar que el Parlamento había actuado correctamente (es decir, sin negligencia) cuando aprobó, a fines de 2009, en tiempo récord, la ley que derogó el famoso artículo 76, Algunos matices sobre la responsabilidad de los parlamentarios y sus criterios de funcionamiento dieron lugar a chisporrotazos entre blancos y colorados, pero no alteraron las conclusiones en las que coincidían la mayoría y la minoría.
En cambio, sí hubo diferencias sustanciales cuando el cuerpo analizó el protagonismo de Gonzalo Fernández, y sus consejos y opiniones que posibilitaron la derogación. Todos coincidieron en que al ex secretario no lo motivó una intención de beneficio o provecho personal, pero blancos y colorados no perdieron la oportunidad de señalar las “omisiones y olvidos” del ex secretario de la Presidencia en informar que él era abogado patrocinante de uno de los implicados en la causa Peirano.
Ni el informe en mayoría ni los senadores frenteamplistas en sala hicieron mención alguna de esos "olvidos" que, entre otras cosas, revelaron una falta de ética hacia el cuerpo, cuando Fernández asumió una banca para “explicar su versión de los hechos”. El senador colorado Ope Pasquet recordó que Fernández había dicho en sala -en ocasión del planteo de fueros del senador blanco Sergio Abreu-que él también tenía muy buena memoria.
“Cuando expuso su versión, no dijo en ningún momento que él era defen¬sor de uno de los imputados. No creo que un catedrático pueda olvidar estas cosas. Será la justicia la que deberá pronunciarse sobre esto.”
La justicia ya entiende en el caso, a partir de una denuncia del abogado Gustavo Salle ante el Juzgado de Segundo Turno del Crimen Organizado. En uso de una interrupción, el senador Rafael Michelini reprochó a Pasquet y a los blancos que se pretendiera denunciar a Fernández ante un estrado de crimen organizado; y refiriéndose a este último concepto dijo: "Hay que tener cuidado, porque las palabras también valen".
El senador blanco Francisco Gallina! fue enfático: "En el informe del Frente Amplio se señala que “la intervención de la doctora Salom (esposa de Fernández) excede claramente el objeto de esta investigación”. No excede por dos factores; la intervención de Salom es en carácter de codefensora, el otro era Fernández, que firma el escrito más importante.
Y segundo, tampoco excede porque Fernández, en el Senado y en la comisión investigadora, dice que la derogación no alcanza a los involucrados, pero cuando se presenta en el juzgado para pedir que se cierre la causa expresa la argumentación exactamente contraria y pide el beneficio del cierre en función de la derogación del articulo 76. Más aun: cuando el senador Moreira le pregunta, en la comisión, sobre esa contradicción, Fernández dice: "Bueno, estaba defendiendo a mi patrocinado".
La oposición propuso que el cuerpo elevara a la justicia todos los elementos recabados por la comisión investigadora. Aunque el juzgado ya había solicitado los documentos, la propuesta contenía una diferencia de valor, es decir, la iniciativa del propio Senado. El senador Carlos Moreira, informante en minoría, argumentó sobre el pase de los antecedentes a la justicia señalando "la relación estrecha de los dos roles de Fernández, interrelacionados. Uno, su pasada condición de funcionario público; y otro, como profesional, como abogado en su actividad privada. Decimos que hay un equilibrio muy delicado. Es un equilibrio muy frágil. Esa zona gris en esta instancia puede haberse visto comprometida a la luz de las contradicciones, de las omisiones y de los olvidos. En función de ese equilibrio, que tiene que analizarse, recomendamos llevar todo a la justicia competente".
La defensa de Gonzalo Fernández, si así puede llamársela, estuvo a careo de los senadores Mónica Xavier, socialista, y Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay. Xavier reiteró que "no obtuvo el doctor Gonzalo Fernández, en ninguna de las sugerencias que pudo haber realizado, un beneficio para si porque, entre otras cosas, no lo buscaba, no necesitaba buscarlo". No hizo ninguna referencia a los "olvidos" y "omisiones" del ex secretario de la Presidencia y se extendió al enumerar la carrera profesional del catedrático de derecho penal. Baraibar, por su parte, abundó en otro argumento: el de Gonzalo Fernández como penalista se confirma en las decenas de prólogos de libros que redactó.
La afirmación tuvo una derivación imprevista: el senador colorado Pedro Bordaberry buscó una vía original para contradecir los conceptos de Baraibar sobre la relación entre honorabilidad y redacción de prólogos: Sin venir a cuento, dijo: “Doctor Lacalle, usted ha escrito una gran cantidad de prólogos, los he leído; eso no fue obstáculo para que le hicieran denuncias”. Lacalle reaccionó: “Respecto de las denuncias que se formularon contra mi persona, no creo que tenga mucho que ver acá, pero ya que estamos, hasta igualar envido”.
Al término de la discusión. se puso a votación el informe en mayoría. Como fue aprobado por 17 votos en 31 presentes, el cuerpo no llegó a considerar el informe en minoría; por lo tanto quedó en el tintero la propuesta de pasar los antecedentes a la justicia.
Tampoco se puso a consideración - aunque hubo consenso - una propuesta de la minoría de modificar el reglamento interno a efectos de que todos los proyectos de ley deban pasar , taxativamente, por comisión. El proyecto de derogación del artículo 76 fue presentado directamente a consideración de ambas cámaras, que lo aprobaron casi sin discusión. Para muchos senadores, un análisis del proyecto en comisión hubiera permitido el estudio de sus posibles consecuencias.
De todas formas, el Senado -con la sola excepción del senador Pasquet, quien se refirió a una suerte de "corporativismo"- no encontró razón para cuestionar la actuación de los legisladores que aprobaron aquel proyecto: para los frenteamplistas. se actuó "con autonomía y fundamento "; para la oposición se actuó con "conveniencia y procedencia ".
Al eludir una autocrítica sobre la manera en que aprobó la derogación del artículo 76 el Senado enfrenta un hipotético cuestionamiento de la población: pero al eludir un pronunciamiento sobre algunos aspectos del comportamiento de Gonzalo Fernández, la mayoría frenteamplista se expone a consecuencias más tangibles. La absolución de Fernández seguramente se reiterará en la dirección de la coalición cuando la semana próxima la Mesa Política analice dos informes, uno en mayoría y otro en minoría de la comisión especial que analizó el caso. Al parecer, no existe voluntad para convocar a la Comisión de Ética Política, y ello generará revuelo entre las bases de Montevideo y Canelones.
Y además, aunque se pretenda dilatar la investigación judicial, demorando la entrega de los antecedentes parlamentarios, antes o después de la feria judicial, los magistrados comenzarán a citar a todos los actores para resolver sobre lo que la oposición considera "delicado equilibrio" entre lo público y privado en la "zona gris" de la conducta de Gonzalo Fernández. ■
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