domingo, 29 de agosto de 2010

Destrozos del 24 de agosto 2010

Recibo y publico.
Debo agregar que ya no me extraña que no se haya dado la publicidad que correspondía al ataque perpetrado contra el Comando General del Ejército el 24 de agosto 2010.

La policía no hizo nada? No saben quiénes fueron?

Y digo yo, qué tanta manifestación, cuando todos sabíamos que en el Filtro aquél 24 de agosto, se iba a armar? Nadie era inocente, cada uno de los que fue, sabía que se enfrentaban a un peligro, sabían que no iban pacíficamente, sabían que alguna desgracia podía ocurrir....

Zabalza luego lo confirmó, estaban preparados para armar una petit guerrilla, tenían de todo en una camioneta para repartir a los jóvenes radicales, hasta drogas y alcohol, linda manera de educarlos en democracia, defendiendo además a etarras probadamente culpables de varios homicidios y luego juzgados en su tierra, gracias a que la Justicia uruguaya actuó como debía y dictaminó su extradición.

Ni olvido ni perdón? Hasta cuando con esto?

Aquí algunas fotos que me enviaron y que no fueron publicadas ni informadas por los medios de comunicación independientes (tenemos alguno?)

Estas fotos están bajadas en su resolución y armadas en un video para su mejor promoción.


DIARIO LA REPÚBLICA

Durante la marcha del Filtro
Incidentes frente al Comando del Ejército

Con incidentes, frente a la sede del Comando General del Ejército, con destrucción de un vehículo y cartelería, se desarrolló ayer la tradicional marcha del Filtro, en recuerdo a los fallecidos el 24 de agosto de 1994, Fernando Morroni y Roberto Facal.

La marcha encabezada por Norma Morroni, madre de Fernando, arrancó desde el Obelisco y al llegar a la sede castrense se apreció a varios individuos lanzando todo tipo de objeto. Durante varios minutos, prosiguieron los disturbios sin que interviniera ningún agente policial. Los responsables de los incidentes, encapuchados, formaban parte de la pacífica movilización.

Morroni se entrevistará el 1º de setiembre con el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

El pasado 4 de setiembre de 2008, Norma Morroni, madre de Fernando, presentó una carta ante el Ministerio del Interior, solicitando la apertura de los archivos de la represión del Filtro para conocer a los asesinos de su hijo.

Asimismo, el 6 de setiembre de 2008, la organización de derechos humanos Plenaria Memoria y Justicia convocó a un escrache al ex presidente Luis Alberto Lacalle, a quien considera el principal responsable político de la masacre. Año tras año, la marcha que comienza con una concentración en el Obelisco a partir de las 18 horas y se extiende hasta el Hospital Enrique Claveaux (ex Filtro), recuerda los episodios de violencia ocurridos aquel 24 de agosto. El 24 de agosto de 1994, Jesús Goitía, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde fueron extraditados a España en un avión de la Fuerza Aérea de dicho país. Los tres ciudadanos vascos habían llegado a Uruguay a mediados de 1980, buscando un lugar donde refugiarse tras la persecución de los servicios de inteligencia españoles, que los acusaban de pertenecer a ETA.

http://www.larepublica.com.uy/politica/421511-incidentes-frente-al-comando-del-ejercito?nz=1




DIARIO EL PAÍS

El engaño del Filtro

Entre los manifestantes que ayer recordaron el 16º aniversario de la tragedia del hospital Filtro pocos saben que uno de aquellos tres extraditados, Luis Lizarralde, abandonó para siempre la banda terrorista ETA. Lizarralde, preso en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, y condenado a 74 años de cárcel por dos asesinatos, es uno de los seis etarras que firmaron este año una carta en donde renuncian a la violencia.

Junto con Jesús Goitia y Miguel Ibáñez, Lizarralde protagonizó una huelga de hambre en protesta por la extradición concedida en 1994 por la justicia uruguaya. Una sentencia cuyo cumplimiento fue resistido por una multitud reunida en las cercanías del Filtro. En los violentos choques con la policía pereció Fernando Morroni y decenas de personas resultaron heridas, razón por la cual varios agentes resultaron procesados.

Llevado a Madrid en un avión militar español, Lizarralde fue juzgado por el asesinato del teniente coronel José Luis de la Parra y penado con 32 años de cárcel. Meses después, tras un segundo proceso, se le agregaron 42 años de prisión por el asesinato del guardia civil Luis Miranda. En ambos casos se probó alevosía. Sus dos compañeros de extradición, Goitia e Ibáñez, también fueron hallados culpables de varios homicidios.

Vista la renuncia a la ETA "por voluntad propia" de Lizarralde, lo ocurrido en el Filtro aquel 24 de agosto va resultando cada vez más absurdo sobre todo ahora que se sabe -revelaciones de Jorge Zabalza mediante- que los tupamaros alentaron aquella asonada por solidaridad con los terroristas etarras. Muchas de las víctimas de la represión de entonces creyeron a pies juntillas lo que líderes políticos y sindicales de izquierda les decían: que los tres extraditables eran inocentes, que en España los iban a torturar y que había que impedir, de cualquier manera, que se los llevaran.

En aquel momento, a diez años de recobrada la democracia, nadie esperaba una algarada de ese tenor con civiles que dispararon armas y lanzaron "cócteles molotov" contra la policía y las ambulancias. Según Zabalza, desde el interior de una camioneta Combi, la plana mayor del movimiento tupamaro dirigió las operaciones de "jóvenes radicales deseosos de tener su bautismo de fuego".

Por cierto, esos radicales eran minoría entre las miles de personas allí congregadas, muchas de ellas convencidas de que se cometía una injusticia con tres perseguidos políticos a los que Uruguay debía darles asilo. Gente que creyó en su inocencia y que temió por sus vidas a raíz de la huelga de hambre y de sed que parecía ponerlos en peligro de muerte.

Luego vino el desengaño. Se los vio llegar a Madrid demasiado saludables para tantos días sin comer ni beber. Juzgados con todas las garantías, dos de ellos recibieron sentencias por homicidio en aquel momento, en tanto el restante, Miguel Ibáñez, fue liberado por falta de pruebas, luego recapturado y condenado el año pasado por asesinato.

Ninguno de los tres era inocente y hoy uno de ellos ya no es de la ETA. Lejos quedaron los uruguayos con su muerto, sus heridos y una sensación de haber sido engañados que se acentúa con el tiempo.


http://www.elpais.com.uy/100825/predit-510732/antoniomercader/el-engano-del-filtro


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Imagen de Benedetti desde el exterior

Recibo y publico, más allá de que estoy de acuerdo con lo dicho en el artículo

Este artículo está publicado en Bolivia, es para que tengan otro ángulo de la biografía del escritor.
BENEDETTI: RETRATO CRÍTICO
Por: Emilio Martínez Cardona*

Decía que “Entre la literatura y la revolución, la prioridad es la revolución” y que “Matar es un agrio deber revolucionario”.
Fue uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento 26 de Marzo, fachada legal del MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), organización terrorista que asoló el Uruguay en plena democracia desde el año 1963, con asesinatos, secuestros y robos multimillonarios.
Estuvo entre los pocos intelectuales que defendieron a Fidel Castro cuando apresó al poeta Heriberto Padilla y calló vergonzosamente ante los fusilamientos ordenados por el dictador cubano en el 2003.
Hablo, por supuesto, y aunque rompa muchos corazones ingenuos, de Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farugia, más conocido por su primer nombre y apellido. Caballero de sonrisa bonachona e ideas totalitarias, pero sobre todo un mal, muy mal poeta.

Benedetti es un escritor para consumo de la superficialidad y los aficionados a los lugares comunes”, ha dicho de manera tajante el colombiano Eduardo Escobar, un juicio que sólo puedo compartir y que de hecho comparten prestigiosos críticos y académicos del mundo entero.
Y es que si hubieron grandes escritores latinoamericanos que defendieron posturas políticas igual de abyectas, como el argentino Julio Cortázar o el también uruguayo Juan Carlos Onetti, éstos fueron creadores de una obra literaria única e innovadora, que supera ampliamente los deslices cometidos en el campo ideológico.
No puede decirse lo mismo de Benedetti.
Alberto Chimal lo encuentra “sospechoso de excesiva complacencia, de sentimentalismo, de simplismo. Y fue culpable con una frecuencia alarmante. Peor aún, su obra poética, que se fue recogiendo en ediciones sucesivas llamadas siempre Inventario, deja ver cada vez menos poesía a medida que pasan los años y cada vez más fórmulas, más lugares comunes, más prédicas a admiradores ya convencidos. El padre espiritual de sus poemas pudo haber sido, entre otros, Bertolt Brecht, pero tiene entre sus hijos a Ricardo Arjona y otros todavía peores”.
Aún más contundente es Alber Vázquez, quien califica a su poesía de “pedante, odiosa, pueril, cargante, malograda, cansina y aburrevacas”. El argentino dice que “Benedetti es un poeta de medio pelo al que una legión de indolentes con poca o nula experiencia lectora ha encumbrado más allá de todo lo razonable” y concluye definiéndolo como “Probablemente, el peor poeta del mundo”.

Su carrera literaria fue, durante años, una minuciosa colección de fracasos. En 1945 su primer libro, el poemario La víspera indeleble, no vendió ni un solo ejemplar. Tres años después, su segunda obra corrió la misma suerte. Benedetti pidió un préstamo tras otro para pagar las ediciones de su tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo libro entre 1949 y 1953, los mismos que fracasaron ostensiblemente. Recién en 1956, con Poemas de la oficina, consiguió vender la modesta suma de 500 ejemplares. Pero entonces, algo pasó en 1959. La revolución cubana. Y Benedetti encontró en el régimen castrista la inspiración necesaria, y la angustia existencial cedió espacio a las certezas políticas y la incertidumbre dejó lugar a odios concretos, como Estados Unidos y la burguesía.
De esos primeros tiempos revolucionarios datan el volumen de cuentos Montevideanos, el mismo año de la entrada de Castro y Guevara en La Habana, así como la novela La tregua (1960). Pero lo cierto es que la revolución cubana proveyó algo más que simple inspiración. A partir del alineamiento público de Benedetti con la ortodoxia marxista-leninista y sobre todo desde 1967, cuando pasó a desempeñarse como funcionario del gobierno cubano dirigiendo el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, el aparato cultural-propagandístico de la isla lo catapultó a toda América Latina, retribuyendo su adhesión sin condiciones al nuevo sistema dictatorial.
Fidel Castro necesitaba intelectuales que le lavaran la cara a su gobierno en medios internacionales y Benedetti fue uno de los que mejor cumplió esa labor. En 1968, por ejemplo, ante el alejamiento de la revolución del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, que optó por el camino del exilio, no dudó en descalificarlo diciendo que era “un gusano y no precisamente de seda”.
Otro tanto hizo en 1971, cuando el régimen castrista encarceló al poeta Heriberto Padilla acusándolo de contrarrevolucionario, para después obligarlo a firmar una carta de arrepentimiento. Un grupo de 61 intelectuales, entre los que se contaban Jean-Paul Sarte, Alberto Moravia, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, firmó una solicitada descreyendo de tal carta y denunciando a Castro por usar métodos de represión estalinistas. Benedetti, en cambio, publicó un artículo en defensa del régimen en el que afirmaba que entre la revolución y la literatura, había que escoger la primera.

Por la misma época, Benedetti se decidó a fustigar a la democracia uruguaya, abonando el terreno para quienes buscaban derribarla a tiros: los tupamaros. “Se fue generando un clima favorable a la guerrilla, y en esa tarea Benedetti tuvo una influencia importante”, explica el analista Hebert Gatto, estudioso de la ideología tupamara. Como parte de esa campaña, publicó en 1971 la novela El cumpleaños de Juan Ángel, un alegato en favor de la lucha armada. En la obra el protagonista va cumpliendo distintas edades a lo largo de 24 horas. Al final del libro, con 33 años conoce al líder guerrillero Marcos, que le explica que matar es un agrio deber, y abraza la revolución. El subcomandante Marcos, líder de la guerrilla zapatista, tomó su nombre de esta obra.
Pero el “compromiso” de Benedetti con la lucha armada no se restringió a la propaganda, sino que en 1971 asumió un rol más activo desde la dirección del Movimiento 26 de Marzo, el brazo político de los tupamaros, ejerciendo tareas clandestinas que incluyeron la de alojar en su departamento a Raúl Sendic, cabecilla de la banda.
A lo largo de sus años de actuación, los tupamaros demostraron una notable voracidad financiera. En sólo una semana atracaron 9 bancos, aunque el botín más sustancioso lo obtuvieron al robar dos casinos y la General Motors. No se sabe con exactitud cuántos miembros activos llegó a tener el MLN, pero las fuentes históricas manejan cifras que oscilan entre los 6.000 y 10.000 combatientes, que fueron derrotados por el Ejército en 1972, perdiendo lo que ellos llamaban la “guerra revolucionaria”.
El proceso de quiebre institucional iniciado por los tupamaros una década atrás concluyó en 1973, aunque no de la forma esperada por ellos, con una revolución armada que culminara en el asalto al poder, ni con un golpe militar de izquierda, a la manera de Alvarado y Torres, como pretendía el Partido Comunista desde febrero de ese año. En vez de esto, el presidente Bordaberry disolvió el Parlamento e instauró un Consejo de Estado, cogobernando con las Fuerzas Armadas.

Entonces fue el turno de Benedetti de partir al exilio. Entre 1976 y 1980 recaló en Cuba, y luego prefirió, como muchos otros de sus camaradas, probar las mieles del capitalismo europeo. En 1984, como columnista de El País de Madrid, Benedetti polemizó en defensa del gobierno de Castro con los escritores españoles Juan Goytisolo y José Ángel Valente, que lo acusaron de mentir descaradamente.
Otra polémica famosa fue la que sostuvo sobre el mismo tema con Mario Vargas Llosa, quien dijo que “para Benedetti, que un gobierno exilie, encarcele o mate a sus adversarios es menos grave si lo hace en nombre del socialismo”.
En el 2003, un grupo numeroso de opositores a Castro fue condenado a penas de 25 años de cárcel y tres personas que habían intentado escapar de Cuba fueron ejecutadas. En ese momento, hasta un comunista de toda la vida como José Saramago sentó su protesta. Pero Benedetti callaba.

Mantuvo la postura intolerante hasta en sus últimos años. Cuenta su secretario personal, Ariel Silva, que “si una revista se imprimía en Miami, entonces no le daba la entrevista”. A un ex compañero de militancia que quiso hablar con él para explicarle por qué ya no adhería a la izquierda, se negó a recibirlo tildándolo de “traidor”. Y hasta llegó a decir que la historia política del Uruguay previa al gobierno del Frente Amplio era de “174 años de gobiernos de derecha”. Un completo disparate, en el país que conoció la legislación social de avanzada de José Batlle y Ordoñez, la sustitución de importaciones de Luis Batlle y la experiencia desarrollista del segundo gobierno blanco.
Hoy en día, el partido que él fundara, el Movimiento 26 de Marzo, es miembro del Congreso Boliviariano de los Pueblos, organización digitada por Venezuela, estrechamente vinculada al Foro de Sao Paulo y al ALBA e integrada por el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, el MLN y todos los partidos comunistas latinoamericanos.
Mario Benedetti, por su parte, recibió la última "distinción" de su vida de manos del protodictador venezolano Hugo Chávez, quien le otorgó la Condecoración Francisco de Miranda.
Si ha leído hasta aquí, dudo que todavía le quedan ganas de llorarlo.

* Escritor y periodista uruguayo-boliviano. Premio Municipal de Literatura de Montevideo 2001. Autor del libro Ciudadano X: la historia secreta del evismo, una mirada crítica al régimen de Evo Morales


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Clearing de informes y selección de personal

El 26 de junio de 2008 publiqué este artículo Nuestros datos personales, Clearing de informes e Infocheck que ha tenido realmente un movimiento muy importante dentro del blog, porque son muchas las personas con dudas, deudas e historias de terror sobre el Clearing y sobre las empresas crediticias, al momento de querer ponerse al día con sus atrasos.

Realmente es de todo punto inaceptable, lo que las empresas pretenden cobrarle a las personas que por un motivo u otro, tuvieron atrasos en sus préstamos o créditos, muchos de ellos, de la crisis del 2002, otros porque se quedaron sin empleo, en realidad poco importa el motivo, la cuestión es que los intereses que les cobran son de usura y los deudores no tienen forma de defenderse, nadie se hace cargo, incluyendo Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía, donde les informan que los intereses aplicados son correctos, pero quisiera saber yo, como es posible que una deuda de 1.799 pesos como nos cuenta un lector, pasó al día de hoy a ser de 90 mil pesos y si quiere pagar, le dan un plazo de 3 años, con una cuota de casi un alquiler, de 5 mil pesos y la deuda se la llevan al doble, o sea, si firma el "convenio" para pagar, estaría debiendo 180 mil pesos.

Más grave aún, es lo que denuncia Gabriel Barandiaran sobre el uso que las empresas adheridas al Clearing de Informes, está haciendo al momento de seleccionar personal.

Lean el artículo y verán porqué siempre fui una acérrima contra de esta empresa, aunque nunca estuve en su base de datos.

Extraído de La República
Denuncian que empresas recurren al Clearing para indagar a postulantes
Malos antecedentes
(los destacados son míos)

La asociación civil Derechos Ciudadanos (Deccon) denunció que algunas empresas empleadoras están recurriendo al Clearing de Informes para indagar la conducta económica de los postulantes a empleos.

El banco de datos del Clearing de Informes está siendo consultado por los empleadores.

Esta práctica sería un abuso de derecho y una violación de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

Deccon afirmó que algunas empresas uruguayas estarían haciendo un uso impropio de los servicios que brinda el Clearing de Informes.

La inusual práctica sería consultar el registro del Clearing, antes de aceptar incluir entre su plantilla de empleados a nuevos postulantes y rechazarlos si tienen malos antecedentes económicos.
La asociación civil considera que esta medida es de dudosa legalidad, ya que para acceder al puesto de trabajo no se puede exigir que el eventual postulante esté libre de deudas.

Las empresas que realizan este chequeo se estarían arriesgando a enfrentar consecuencias judiciales, en la hipótesis que el eventual aspirante pruebe que la empresa utiliza esta situación como una barrera laboral.

Si se concretara este extremo, la firma empleadora se expondría a una reclamación por daños y perjuicios (lucro cesante). En caso de que sea un organismo estatal el que incurra en esta actitud, ya sea nacional como departamental, podría ser acusado de discrimación laboral.

La Deccon, liderada por Gabriel Barandiaran, formuló en su denuncia diversos paralelismos que demuestran el error en que se incurre al asumir prácticas de esta naturaleza.

Al respecto, la contadora Estephanie Alvarez señaló, a texto expreso, que "lamentablemente cada vez es más común que las empresas aduzcan notoria mala conducta frente al hecho de tener (el postulante) inscripciones negativas en el Clearing de Informes. Cuando alguien solicita un trabajo, usted espera que la empresa verifique sus referencias personales. ¿Pero espera también que verifique la información que el Clearing de Informes tiene sobre Ud.?", afirmó.

La profesional reflexionó que nadie espera que la empresa a la que se envía un currículum "eche un vistazo a una parte de su vida privada: ¿tiene Ud. muchas deudas?; ¿paga sus facturas en fecha?; ¿ha sido alguna vez perseguido por un acreedor?, ¿hay alguna situación económica difícil en su pasado?".

Estephanie Alvarez reveló que un gerente de una empresa de crédito le confió que los empleadores usan estos reportes "como un indicador general de la honestidad financiera y la integridad personal".

Citó algunos ejemplos para demostrar lo inadecuado de esa conducta empresarial, considerando que un periodista que tuvo problemas económicos serios puede igualmente desempeñar la profesión.

Aplicó la misma hipótesis en el caso de una enfermera que se atrasa en sus pagos, lo que para nada la inhabilita para asistir a un paciente. Alvarez afirmó que no hay "evidencia que pruebe que una buena historia de crédito ha predicho una buena actuación profesional".

Derechos Ciudadanos, la única asociación que expresó en varias oportunidades su voluntad de que se reglamente el banco de datos, admite sin embargo que "si alguien tiene una gran deuda y está aspirando a trabajar como cajero de un banco, podrá tener permanentemente la tentación de robar en su empresa para solucionar sus problemas económicos". La organización no gubernamental reiteró que en el momento de contratar personal, las empresas suelen exigir que los aspirantes no estén registrados en el Clearing.

Deccon aduce que esta conducta viola convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

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sábado, 28 de agosto de 2010

La Enseñanza, más clientelismo

Extraído de el Correo de los Viernes 27 de agosto de 2010 Página 5

Demoledor Testimonio Sobre lo que Ocurre en la Enseñanza

Codicen: Una “Agencia de Colocación” del Frentismo

Por Tomás Laguna


Una gravísima denuncia sobre el clientelismo, la indebida injerencia de los sindicatos y la pérdida del concepto de Estado de Derecho en la Enseñanza, acaba de hacer la ex secretaria administrativa del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. La señora Graciela Bianchi, abogada, escribana y profesora de historia egresada del IPA, —y, además, confesa militante del Frente Amplio— renunció hace pocos días
porque no quería ser cómplice de la “caída libre” en la que se encuentra la educación.

En un reportaje concedido a “Búsqueda”, Bianchi sostiene que “para acceder a un cargo técnico se tiene que pertenecer a las agencias de colocación del Frente Amplio”. Asistimos “al copamiento de los cargos según el grupo político al que se pertenezca,… el oportunismo de sumarse a un grupo político para acceder a un cargo.” Hay una franca lucha por las posiciones entre “los sectores, los subsectores y las fracciones”.

Bianchi también manifestó su oposición a la inclusión de los sindicatos en la dirección de la Enseñanza. “Tengo una discrepancia de fondo con la inclusión de los sindicatos en la administración, salvo como representantes técnicos en los Consejos. Lo que hay ahora tiene una clara inspiración en Mussolini”.

Agregó que “algunos sindicalistas no son leales a sus mandantes directos que son los trabajadores, sino a los dirigentes políticos”.

La indebida participación de los sindicatos y un estilo de llevarse las normas por delante, que Bianchi calificó como el “revoleo del poncho”, llevan a que se vaya perdiendo el sentido del
Estado de Derecho, porque ya no rigen la ley o el reglamento, sino las presiones de los sectores políticos o sindicales. “Hay que advertir cuando hay prácticas que no son democráticas aunque vengan de la izquierda….Se está como cimentando otra vez esa idea de que el Estado de Derecho es un impedimento para el progreso del país”.

A su vez, hay una confusión entre el Estado y el Partido. “Muchos en la izquierda no se dan cuenta de que no puede identificarse gobierno con Estado, que son dos cosas diferentes. Un gobierno tiene signo político, el Estado no. El día en que se confunden esas dos cosas, estamos en pleno totalitarismo”.

Podríamos seguir con las menciones textuales de la profesora Bianchi, que son múltiples y reveladoras, pero con estas expresiones alcanza. Se trata de un testimonio terrible, por lo que significa: proviene de una persona integrante del Frente Amplio que desnuda el sentido totalitario y retrógrado que tiene hoy la Enseñanza.

Desde otros ámbitos ajenos a la coalición de Gobierno se han realizado denuncias similares, pero en esta ocasión la crítica viene “de adentro”, por lo que no se trata de una “maniobra de la derecha” ni “de la prensa”, latiguillos habituales a la hora de buscar pretextos.

La profesora Bianchi, abogada y escribana, da la cara en un acto de valentía y de honestidad intelectual que seguramente le costará caro, porque en el mismo reportaje ella denuncia que el Frente Amplio ha castigado a sus correligionarios independientes que en otras oportunidades han hecho críticas.

Los denunciantes terminan denunciados, perseguidos, calumniados, como ocurrió en su tiempo con el profesor Vilaró, que cometió “la traición” de cooperar con la reforma educativa de 1995.

Pero más allá de la intrínseca gravedad que tiene la persecución a quienes hacen las denuncias —que es además rasgo típico de los regímenes totalitarios— queda en pie lo principal: en la Enseñanza se designa a los técnicos por clientelismo político, los dirigentes sindicales que integran los Consejos dependen más de los liderazgos políticos que de los asociados a los sindicatos y se
está perdiendo la noción del Estado de Derecho, esto es, la vigencia de la ley y sus reglamentos.

La experiencia directa de la profesora Bianchi, que estuvo en una posición inmejorable para conocer los hechos, convierte a sus expresiones en un alegato de una contundencia demoledora, que ni el más acérrimo opositor al Gobierno podría haber hecho. Con razón se niegan con tanto énfasis a que ningún observador de la oposición pueda aproximarse a consejos donde se cuecen estos manejos turbios y antidemocráticos.

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Varias denuncias del Dr. Salles

Un asiduo lector del blog, publicó como comentarios estas denuncias que me parece que vale la pena publicarlas como post.


DENUNCIAS...ALGUNAS
1.-
Dr. Gustavo Salle: el diario EL PAIS y la Fiscal de Canelones Dra. Fosatti mienten
MONTEVIDEO (1002) "El Pais y la Fiscal Fosatti mienten" afirmó ayer el Dr. Gustavo Salle (099663580), al Diario El Corresponsal. Según Salle "fui yo, Gustavo Salle: quien enteró al Juzgado de Canelones -por tanto a la Fiscal Fosatti- del tema del régimen de los dineros por reintegros de los gastos de los ediles".

"No es cierto que la Fiscal actuó de oficio, como informó El Pais" afirmó el Dr. Gustavo Salle. Tanto la Fiscal Fosatti, como El Pais, deformaron la realidad por distintas razones.

Dice que no sabe el motivo de la Fiscal, pero que El Pais tiene como norma "ningunearlo", en cambio "El Observador hizo tapa -por ejemplo- con la denuncia que hice en otro Juzgado de Montevideo acerca de la cuenta bancaria que la marina uruguaya tiene en Suiza".

2.-
EL CASO FRIPUR, Y LA AMISTAD DE MUJICA CON EL EMPRESARIO FERNÁNDEZ FISCAL DESARCHIVA DENUNCIA DEL DR. GUSTAVO SALLE Y ORDENA INVESTIGACIÓN.

La denuncia del abogado, fue archivada por decisión del juez, no obstante nuevos datos presentados por la Sra Fabaian Terrenoire, ex secretaria de Mujica, acerca de la desproporción de la multa cobrada a la Empresa Fripur por vender pescado en mal estado a la Unión Europea, y la consiguiente pérdida económica para el país por la suspensión de las exportaciones, Motivaron a Salle a pedir el desarchivo del caso (abajo en esta misma nota), al que hoy el fiscal hace lugar.

3.-
DR.SALLE: DENUNCIA PERSECUCIÓN CONTRA EL PERIODISTA ÁLVARO ALFONSO


Cortó grueso

El Dr.Gustavo Salle, opinó que el pedido de procesamiento del periodista Álvaro Alfonso por los dichos en su libro "Secretos del PCU", le hacen recordar "al Führer. A las políticas de Heinrich Himmler y de Joseph Goebbels". La fiscal Ana María Tellechea solicitó el procesamiento de Alfonso por las referencias hacia el ex edil Carlos Tutzó. Solicitó la requisa de todas las copias disponibles.
El Dr.Salle agregó que la requisa de libros le hace "recordar al Führer y al Tercer Reich. A las políticas de Heinrich Himmler y de Joseph Goebbels. Esto es una involución en Estado de Derecho. No me extraña porque el Estado de Derecho en nuestro país ya no existe. Hoy la lectura de los diarios es una conjunción de horrores, que nos ofrecen un paneo de la desintegración del Uruguay desde todo punto de vista. La desintegración moral, institucional y cultural. Una suerte de plafón de mediocridad se apoderó del país y los uruguayos en general".

En su libro, "Secretos del PCU", el periodista Álvaro Alfonso afirma que "Carlos Tutzó detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJC y se convirtió en secretario de Organización del Regional 5. Sin embargo, fuentes militares dijeron que colaboró; en el PCU hay dudas"

4.-
Uruguay: El Dr Gustavo Salle presentó denuncia ante la CIDH

El abogado Gustavo Salle presentó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) un escrito en el cual denuncia que el incidente sucedido en la cárcel de Rocha cobró 12 vidas constitulye "una violación a los derechos humanos".

5.-
ABOGADO RECUSARÁ AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO


Fiscal pidió que no se admita denuncia contra secretario presidencial
El fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió que "no se admita" como "noticia criminis" el escrito que presentó en Penal 20, el viernes próximo pasado el Dr. Gustavo Salles por carecer de elementos "que lo sustenten".
La jueza Dra. Aída Vera Barreto, dispuso conceder al Dr. Salles, "5 días para presentar elementos que sustenten" su "puesta en conocimiento de la Justicia" del escrito contra el Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández. El abogado dijo que recusará al fiscal porque "quiere que los ciudadanos hagamos su trabajo" y que "en 5 días aportaré los elementos que además, son públicos y notorios" El abogado Gustavo Salles Lorier, reaccionó diciendo "es el colmo que los particulares tengamos que hacer la tarea del fiscal, que no cobramos sueldo público ni tenemos potestades de investigación, los que tenemos que salir a conseguir las pruebas. Claro, esto sólo pasa cuando alguien se anima a hacer una presentación procesal en contra del secretario de la Presidencia. En 5 días presentaré el cúmulo de pruebas, que además son públicas y notorias, pero el fiscal del caso deberá abstenerse" y agregó, "sé que nadie recusa a los fiscales, pero yo lo haré pues creo que lo que no es recusable es el órgano Ministerio Público, pero el soporte, la persona del fiscal, sí"

6.-
Entrevista al Dr. Gustavo Salle. lunes 23 de abril de 2007. “Lo cierto es que la secta Moon con su muy bueno relacionamiento con el gobierno, que inclusive le llevó a obsequiarle un yate al señor presidente de la República, que lo llevó a que la señora del reverendo Moon fuera recibida en el Palacio Legislativo donde llevó adelante un discurso verdadera y conceptualmente catastrófico, una verdadera apología del capitalismo mafioso, de la penetración religiosa con fines de subyugación de la población, de sojuzgamiento de la población, nos conduce entonces a observar, a visualizar todos los negocios de la secta Moon, con particular cuidado, con particular aprensión. Y es así entonces que llegamos a la conclusión de que la transacción efectuada entre el Estado y Cerro Free Port -la secta Moon-, por razón de conexión subjetiva, vale decir porque vemos allí la conexión que existe entre el secretario de la presidencia y la secta Moon, sea objeto de investigación por parte de la Dra. Aída Vera Barreto que está sustanciando la denuncia que en su momento efectuamos contra el Dr. Gonzalo Fernández”

7.-
Entrevista al Doctor Gustavo Salle. Lunes 13 de febrero de 2006. “considero que corresponde exhortar y cuando no, intimar públicamente al señor Presidente de la República para que proceda de inmediato a la destitución del secretario de la presidencia de la República y voy a dar los fundamentos de carácter éticos, políticos y jurídicos por los cuales este señor no puede permanecer en ese cargo que le paga el pueblo uruguayo para prevalecerse de esa situación estratégica, de privilegio que tiene para hacer fortuna defendiendo ahora ya no sólo a los depredadores del Estado, sino a una secta ultra derechista que financió el Plan Cóndor”

CASOS DE CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PUBLICO CON EL PERSONAL y MANEJO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

El Dr. Gustavo Salle, abogado de izquierda, que se ha ido convirtiendo en una especie de “fiscal del pueblo” ha efectuado en la justicia denuncias contra jerarcas del gobierno progresista por “conjunción del interés público y con el interés privado”. Hay altos funcionarios del gobierno que defienden a particulares que delinquen contra el estado, disponiendo LOS MISMOS JERARCAS de información privilegiada puesto que participan en las decisiones de gobierno, enumeraremos algunas, tales como:

- las denuncias contra el Ministro Gonzalo Fernández, quien está defendiendo a despachantes de aduanas que están siendo indagados por presunta corrupción.

- las denuncias contra el Ministro Gonzalo Fernández por la defensa de los Peirano, acusados de las gigantescas estafas por las cuales terminaron procesados.

- las denuncias contra el Ministro Gonzalo Fernández, quien defiende a la Secta Moon, (Cerro Free Port- Atenil S.A.) en un juicio de ésta empresa con el Estado por 133 millones de dólares y que luego se transa por 28 millones de dólares, a pesar de todos los informes jurídicos de la Intendencia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de que es la empresa la que incumplió los acuerdos lo que era de esperar un fallo favorable al estado.

- la denuncia presentada contra el canciller Gonzalo Fernández, quien en su condición de catedrático de Derecho Penal, elaboró un informe jurídico que señala que el contratista Francisco Casal no tiene deudas fiscales, cuando La denuncia penal contra Casal, fue presentada en 2008 por la Dirección General Impositiva (DGI) por la presunta evasión de US$ 25 millones. La acción judicial se sustenta en que la situación de Casal fue tratada en el Consejo de Ministros, ya que tanto el reclamo civil en curso como la denuncia penal contra el empresario fueron presentadas por la DGI, organismo que depende del Ministerio de Economía.

- Denuncias contra los Ministros Victor Rossi y Danilo Astori a raíz de las graves observaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a la entrega de PLUNA (negocio no ajustado a derecho, contratación con irregularidades), por abuso de funciones pues no estaban facultados para inscribir acciones de Pluna Y Leadgate, con un paquete accionario del 25%, en tanto el estado se hace cargo del 100% de los compromisos de la nueva empresa. La asistencia del gobierno (ente Pluna) llega a 60 millones de dólares a Pluna S. A.

- Denuncias ante el juzgado de Crimen Organizado y ante la jueza Graciela Gatti, de que existe una cuenta de las Fuerzas Armadas, en Alemania, con “ abultada suma de dólares” ante denuncia de un militar. La Jueza Gatti investiga denuncias anteriores de cuentas bancarias del exterior de fondos por la ONU para solventar misiones en el exterior, de presunto manejo irregular. El mismo militar llevó la denuncia al Ministerio de Economía.

- denuncia ante el juez penal de 17 turno, para investigación de las declaraciones de Walter Morodo, ex director del Banco Hipotecario, ante sus declaraciones de haber recibido presiones por demanda de favores que rechazó, tanto de jerarcas de gobierno como de parlamentarios.

DENUNCIAS CONTRA EL VICEPRESIDENTE NIN NOVOA

- Vinculaciones de Nin Novoa y su hermano Gonzalo, con los empresarios (Eduardo Coronel y Svetogorsky), y altos oficiales de las FFAA como receptor de beneficios en contratos del ejército (tráfico de influencias en compra de material de guerra, hospital de campaña, refacciones de la carcel vip para los torturadores). Las denuncias anónimas las recibió la Presidencia que las derivó al Ministerio de Defensa, sin que Nin Novoa se enterara. La fiscal Diana Salvo y solicita levantar secreto bancario de Gonzalo Novoa y Eduardo Coronel.

- El TCR objetó los gastos de fondos públicos para financiar los viajes al exterior de Gonzalo Novoa, secretario del vice -presidente (ocho viajes en 21 meses). Senador Lara del PN, efectúa denuncia penal.

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viernes, 27 de agosto de 2010

Brecha versus Gonzalo Fernández

Impredible el artículo de BRECHA, vale la pena tomarse unos minutos y leerlo todo.
Yo no agrego nada, y todo lo destacado es mío.


Extraído de Brecha del 27/08/2010

Ocultamiento en dos actos

El profesor grado cinco de derecho penal se sorteó una bolilla al rendir examen en el Parlamento ante la ciudadanía. Las contradicciones jurídicas y políticas, y los conflictos de interés del ex canciller son reconstruidos por Brecha.

El ex secretario de la Presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller Gonzalo Fernández ocultó –a fines de 2008, cuando el Parlamento derogó el artículo 76 de la ley 2.230, y ahora, a mediados de agosto, cuando asumió una banca en el Senado para defenderse en medio de la crisis política– que su estudio jurídico defiende a uno de los ex directores del Banco Montevideo procesado en el caso Peirano.

Pero además, el ex gobernante y su pareja Cecilia Salom –también docente y abogada penalista– declaran públicamente ahora que fue un error del Tribunal de Apelaciones haber clausurado el caso Peirano por la derogación del artículo 76 –que establecía el delito de fraude para directores de sociedades anónimas–, cuando justamente por tal eliminación del ilícito, el propio estudio de Gonzalo Fernández solicitó a la justicia la clausura del expediente en marzo de 2009.

Ese documento, al que accedió Brecha, está firmado por Salom y contiene 18 puntos argumentativos que se dan de bruces con la opinión de la Fiscalía, que pretendía mantener abierto el caso. Lo cierto es que ahora Fernández y Salom argumentan que coinciden –y que siempre coincidieron– con la posición de la fiscal Raquel González y con la sentencia de la jueza Mariana Motta, que se opuso a la clausura del expediente.

Tales argumentos –los que declara, no los que expuso su estudio en el escrito de pedido de clausura– fueron los que utilizó Fernández cuando asesoró a los parlamentarios en las horas en que el Poder Legislativo se disponía a votar el artículo 2 de la ley 18.411 a fin de derogar el delito por el cual estaban procesados los hermanos Peirano Basso y otros directores del Banco Montevideo, entre ellos su defendido, Juan Domingo Ratti.

Fernández le dijo al diputado Álvaro Lorenzo –el único legislador que pareció tener dudas sobre las consecuencias de la derogación en el caso Peirano– que si se votaba la eliminación del artículo 76 nada cambiaría en el caso de los banqueros, porque el fiscal había acusado a los implicados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, que es más grave.

“Esa fue mi posición y sigue siendo la misma ahora, y también es la posición de la jueza de primera instancia que denegó el archivo de la causa y de la fiscal que también se negó a ello, y el hecho de que el tribunal de apelaciones haya entendido lo contrario no modifica mi opinión, que no coincide con la del tribunal, y aún resta saber cuál es la posición de la Corte, que también puede coincidir con quienes sostenemos que esa derogación no implica el archivo de la causa”, sostuvo Fernández (La República, sábado 14).

Fernández ya había sostenido que “el error no estuvo en aprobar la ley (…) sino en la sentencia que hizo al respecto del proceso de los hermanos Peirano el tribunal de apelaciones”, y explicó que “si la Fiscalía presenta un recurso de casación, no tengo dudas de que la Suprema Corte de Justicia (scj) subsanará el error de derecho y seguirá la causa” (Sonia entrevista, Canal 5, viernes 13).

Pues nada de esto es lo que afirma su estudio jurídico en el escrito presentado ante la jueza el 12 de marzo de 2009: “En definitiva, pues, no puede caber duda que la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que fundamentaba la imputación penal del enjuiciado, determina ‘ipso jure’ (es decir, por imperio del derecho) y por razón de retroactividad, la clausura automática de este proceso”, afirma el documento firmado por Salom, quien junto a Fernández figura en el expediente como codefensora de Ratti (véase nota aparte).

Ahora el Frente Amplio trata de asimilar esta evidencia que compromete al senador suplente y ex integrante del Poder Ejecutivo, ante su partido y ante el Poder Legislativo; cuando no ante la justicia, puesto que el abogado Gustavo Salle, tras la publicación de Brecha del viernes 13, presentó denuncia contra Fernández en la sede que se ocupa de los casos del crimen organizado.

UN PASO AL FRENTE. La documentación obtenida por Brecha confirma el doble ocultamiento de Fernández: ahora se sabe que es codefensor de uno de los ex directores del Banco Montevideo y que los argumentos esgrimidos para la defensa de su cliente Ratti eran precisamente aquellos que, en su asesoría a parlamentarios, calificó de erróneos e indefendibles.

Este doble ocultamiento, aderezado por el protagonismo de su pareja, la abogada Salom, integrante de su estudio, firmante de la solicitud de clausura del expediente, y asesora del diputado Gustavo Bernini, de la bancada socialista y aun de la frenteamplista, descolocó a los dirigentes del partido de gobierno que habían ensayado una cerrada defensa del principal hombre de confianza del ex presidente Tabaré Vázquez.

Las “omisiones” de Fernández instalaron una crisis interna en la que el clima de descontento en las bases frenteamplistas se suma al cruce de acusaciones entre grupos sobre presuntas manipulaciones del episodio para terciar en una contienda de revisionismo de la gestión anterior de Vázquez.

Quizás el impacto mayor fueron las revelaciones de Brecha sobre el patrocinio del estudio jurídico de Fernández a través de la abogada Salom, quien asumía la defensa de Ratti mientras simultáneamente actuaba como asesora jurídica de la bancada parlamentaria del Partido Socialista.

Diversos escritos consultados por Brecha en el voluminoso expediente que el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno acaba de clausurar en aplicación de la ley que el Parlamento aprobó en noviembre de 2008 –a partir de las seguridades brindadas por Fernández en el sentido de que la derogación del artículo 76 no tendría consecuencias– confirman que el estudio del entonces canciller sostenía la tesis de que la carátula del expediente no había cambiado por más que hubiera un pedido fiscal para acusar a los procesados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Ese pedido fiscal fue el centro de la argumentación del catedrático grado 5 de derecho penal para sostener, ante consultas de parlamentarios, que el juicio no sería clausurado. Aun cuando los hechos lo desmintieron, Fernández siguió sosteniendo su posición, cuando la conmoción pública por el fallo del Tribunal de Apelaciones puso en cuestión los criterios de trabajo del Parlamento.

A diferencia de otras oportunidades, en este caso de la defensa de uno de los acusados en el caso Peirano, Fernández prefirió eludir el debate sobre las implicancias de actuar simultáneamente como abogado y como gobernante.

La fusión de su interés privado con el público cobra mayor espesura debido al ocultamiento. Después de negar que hubiera tenido participación en la defensa de la causa “Jorge Peirano y otros”, la revelación de que su estudio jurídico defendía a Domingo Ratti debilitó la encendida justificación de su actuación; y la comprobación de que su pareja, la doctora Salom, había reclamado la clausura del expediente –extremo que en principio negó enfáticamente– sacudió la interna del Frente Amplio. Los dirigentes frenteamplistas, removidos por el impacto de los documentos conocidos, se resisten a considerar que la actuación de Fernández, y sus ocultamientos, impliquen alguna forma de provecho personal. La senadora Lucía Topolansky afirmó el miércoles 25, en un comité de base del fa, que “ningún legislador del Frente Amplio ni Gonzalo Fernández recibió dinero para beneficiar a los Peirano”. En el caso del abogado es obvio que el estudio jurídico recibió honorarios por la defensa de uno de los implicados.

La Mesa Política, que una semana antes había hecho suyo un documento de 40 puntos elaborado por el ex canciller, terminó finalmente aprobando por unanimidad la conformación de una comisión investigadora para determinar los hechos. A la vez recomendó a los parlamentarios de la coalición que acompañaran el pedido del senador colorado Ope Pasquet para instalar una comisión investigadora parlamentaria.

La bancada de legisladores frenteamplistas, que sesionó los días lunes y martes pasados exhibió fuertes contradicciones entre grupos y dentro de éstos. Algunos legisladores se resistían a votar una investigadora que “montará un circo colorado contra el Frente”; y otros aceptaban la investigadora sólo en el caso de que se limitara a analizar la conducta del Senado en la derogación del artículo 76. Algunos senadores, por el contrario, sostuvieron que la comisión debía analizar también el trámite de la votación en diputados. Finalmente se acordó que el protagonismo de Gonzalo Fernández no podía ser el centro de la investigadora.

En un encuentro en Florida con Ope Pasquet, el senador emepepista Ernesto Agazzi, uno de los tres legisladores que integraron la comisión preinvestigadora, aseguró: “No vamos a excluir a ninguna persona de la investigación, pero la vamos a centrar en todo el proceso de discusión de la ley”.

Sin embargo, será difícil sustraer a Gonzalo Fernández del centro de la discusión, puesto que el ex canciller integró –aunque por un día, el martes 17 de agosto– la Cámara de Senadores, supliendo al socialista Daniel Martínez para ejercer su defensa personal ante el planteo de fueros del senador blanco Sergio Abreu.

En esa intervención, el senador Fernández incurrió nuevamente en su omisión sobre la asistencia profesional de su estudio jurídico a uno de los implicados. Según apreciaciones de legisladores consultados por Brecha, el ocultamiento al cuerpo adquiere otra dimensión, en tanto él, Fernández, lo integraba.

Investigar y divulgar

Samuel Blixen


Desde que estalló en el Frente Amplio la crisis política por la clausura del expediente judicial de los hermanos Peirano, han circulado dos argumentos que pretenden desacreditar la validez de los informes periodísticos publicados por Brecha.

Uno fue reiterado en documentos y declaraciones a la prensa por el abogado Gonzalo Fernández. Me atribuyó una intención personal de persecución y hostigamiento que según él perdura desde hace cinco años.

Otro, originado en comentarios de dirigentes del Frente Amplio y recogido por analistas y comentaristas, afirma que el autor de las publicaciones integra una especie de complot para erosionar la imagen del ex presidente Tabaré Vázquez a caballo de un “revisionismo” de la gestión del anterior gobierno.

Ambos argumentos son suficientemente conocidos como estrategias para desviar la atención del centro de los asuntos, y el recurso se ha reiterado particularmente con los periodistas.

Aun cuando fueran ciertas, esas acusaciones no explican las conductas que dieron pie a las publicaciones. El doctor Fernández sugirió la derogación del artículo 76, y “olvidó” informar a sus compañeros de partido y a los legisladores –en 2008 y ahora– que su estudio jurídico defendía a uno de los implicados en la causa penal argumentando exactamente lo contrario de lo que exponía, como asesor y militante; de hecho, el abogado defensor dio en el clavo y el canciller asesor se equivocó, en instancias casi simultáneas. El supuesto encono no elimina la contradicción, por decirlo amablemente.

Sobre el “revisionismo”: si el acto de informar sobre cuestiones de interés ciudadano se descalifica atribuyendo intenciones, entonces nada podría ser difundido sin que cayeran sospechas sobre los periodistas. Lo curioso es que la acusación, y el consiguiente enojo, cuanto más cierta y contundente es la información cierran fuentes e impiden que los lectores se informen. Así pasó con el doctor Fernández mientras fue secretario de la Presidencia, canciller y ministro de Defensa; y así pasó con el propio Tabaré Vázquez, que sistemáticamente negó entrevistas a Brecha.

De más está decir que no participo en ningún complot revisionista. Buscar, investigar y divulgar aquello que se esconde, que no se explica, es la mejor forma de contribuir a la discusión franca. Retrucar con descalificaciones de complots y maquinaciones políticas me hicieron recordar los tiempos en que una crítica a la Unión Soviética invariablemente te convertía en agente de la cia.

de los Fernández-Salom
Como te pido una cosa,
te digo la otra…

Walter Pernas


En los corredores judiciales nadie se lo cuestiona. Cada vez que llega el abogado Renato Echeverría a una sede penal, lo hace en representación del estudio de Gonzalo Fernández. Naturalmente esto no desmerece la capacidad técnico-jurídica de Echeverría, simplemente jueces, fiscales y otros abogados entienden que así funciona el estudio de Gonzalo Fernández; entre otras cosas porque en las audiencias relevantes aparece el catedrático en escena. Siempre fue así, aun cuando Fernández ocupara el cargo de secretario de la Presidencia (véase Brecha, 7-X-05).

Cuando Cecilia Salom, ex fiscal adjunta y destacada docente de derecho penal, comenzó a trabajar en el estudio de su marido, las cosas no cambiaron. Así que cada vez que se ve a Salom en un juzgado, se sabe que atrás está el estudio de Gonzalo Fernández.

Por ello, cuando Salom firmó el 12 de marzo de 2009 el pedido de clausura para el caso Peirano, en virtud de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, en realidad fue en representación de dicho estudio.

Pero además formalmente Salom y Fernández son codefensores del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti. Hay documentación en el expediente del caso Peirano que confirma tal condición. Por ejemplo, la comunicación de Ratti en el momento de nombrar a sus abogados: “vengo a designar nuevos defensores para que me patrocinen en esta causa en la persona de los doctores Gonzalo Fernández y/o Cecilia Salom, indistintamente, ambos con domicilio en Cerrito 420, escritorio 607” (Búsqueda, jueves 26).

Este documento y otros a los que accedió Brecha (véase facsímil) echan por tierra las declaraciones de Salom, que en los últimos días ha manifestado en varios medios que ella era la defensora de Ratti y no su marido, porque –según explicó– hay casos del estudio y otros personales, y el expediente “Jorge Peirano y otros…” era atendido únicamente por ella.

Esta no fue la única inconsistencia de Salom en los últimos días. Al principio declaró que no había presentado un pedido de clausura, para luego relativizar este punto señalando que en realidad sí lo había presentado, pero que la jueza Graciela Gatti no se lo había aceptado porque llegó fuera del plazo procesal establecido. Por tanto, según su tesis, tal escrito no debe ser tenido en cuenta.

Olvida Salom que lo formal no resta importancia –al menos para la ciudadanía– a su intención ni a sus argumentos, que no están –como declaró– en una simple hoja de adhesión al pedido de clausura presentado por los demás abogados, sino que se trata de un fundamento profundo que cuenta con 18 puntos.

Pero que además, para colmo de contradicciones, sí fue tenido en cuenta por la jueza Mariana Motta, quien se encargó del caso Peirano a partir del 24 de marzo de 2009. Prueba de ello es la sentencia dictada por la magistrada el 16 de julio de 2009, por la que deniega la clausura del caso. La sentencia –a la que accedió Brecha– señala que tal resolución judicial tiene lugar “en virtud de la solicitud de clausura del proceso planteada por las defensas de los encausados: Jorge, José y Dante Peirano Basso, Marcelo Guadalupe y Juan Domingo Ratti, y la defensa de oficio de Mario San Cristóbal”.

¿NO PUEDE CABER DUDA?
El escrito del estudio de Gonzalo Fernández, firmado por Salom, señala que en “la mentada derogación” del artículo 76 de la ley 2.230 “importa, a todas luces, la supresión del delito en cualquiera de sus cuatro modalidades típicas alternativas (fraude, simulación, violación de estatutos y violación de una ley de orden público); vale decir la eliminación de ese ilícito societario de nuestro ordenamiento penal positivo”.

Apunta entonces que la norma aprobada el 5 de noviembre por el Poder Legislativo es “una ley posterior más benigna que suprime un delito preexistente”, que “tiene plena eficacia retroactiva y se aplica a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia”, y que por tanto debe aplicarse “a todos los procesos penales pendientes de trámite”, por ejemplo al caso Peirano, por el cual su defendido se encontraba procesado.

Señala entonces que la interpretación de los artículos 15 y 7 del Código Penal “es unívoca”, puesto que “ambas normas estatuyen como consecuencia de la retroactividad” que se verifica la “cesación del proceso”.

Pero la abogada del estudio de Gonzalo Fernández es más enfática aun: “En definitiva, pues, no puede caber duda que la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que fundamentaba la imputación penal del enjuiciado, determina ‘ipso jure’ (es decir, por imperio del derecho) y por razón de retroactividad, la clausura automática de este proceso”. Y por si no quedara claro, señala que la imputación a su cliente, “dictada en primera instancia y confirmada” por el tribunal de apelaciones, es por el artículo 76 de la ley 2.230, y que ésta configura el “fundamento de la sujeción procesal” de Ratti. Es decir que, en este párrafo, la abogada señala que la llamada carátula del expediente se mantuvo sin modificación alguna, por el delito establecido en el artículo 76 de la ley 2.230, que se acababa de derogar. Y por ende, está diciendo que no cambió tal carátula con la acusación de la Fiscalía que en octubre de 2006 pidió la condena de los encausados por un delito de mayor envergadura, “insolvencia societaria fraudulenta”.

Todo esto, el hecho de que el tribunal debería clausurar automáticamente el proceso por la derogación parlamentaria y que la carátula del expediente sigue siendo la del artículo 76 de la ley 2.230, ahora derogado, es lo que afirma Salom en su escrito presentado a la justicia el 12 de marzo de 2009. Pero no es lo mismo que declara ahora a los medios de prensa.

Por ejemplo, en La República del lunes 23, la jurista señala textualmente: “Yo no promoví ninguna clausura del expediente, ni de los Peirano, ni siquiera de mi cliente. No salí en cuanto se derogó la norma a pedir ninguna clausura, precisamente porque estaba en desacuerdo con que el caso se clausurara”. Los párrafos que Brecha acaba de transcribir del escrito presentado a la sede penal desmienten de cabo a rabo esta afirmación a La República.

Pero además la abogada –que sí presentó el escrito de clausura argumentando profusamente por qué debía cerrarse el caso de los hermanos Peirano y de su cliente– dice ahora: “Para mí, la clausura no iba a salir porque mi cliente era acusado de un delito mayor, cual es insolvencia societaria fraudulenta”. Sin embargo, en su escrito había señalado que “la mutación de la calificación jurídica (es decir, de procesado por el artículo 76 a acusado por insolvencia societaria fraudulenta) en sede de acusación carece de relevancia para conmover el razonamiento que viene de exponerse”. Subraya que en este caso “no puede ni debe llegarse al dictado de la sentencia definitiva del grado, sino a la clausura anticipada del juicio”. Y señala luego que la “modificación jurídica en la demanda acusatoria” presentada por la Fiscalía “es un argumento que carece de relevancia jurídica para no acceder a la clausura del proceso, como manda la ley”.

Por un lado está diciendo en su escrito que no es relevante la acusación fiscal a la hora de decidir sobre la clausura del expediente, puesto que –según entiende– el pedido fiscal, que pretende una condena por insolvencia societaria fraudulenta, no determina un cambio de carátula.

Pero a La República declara que si bien las carátulas formalmente se modifican al final de los procesos, lo que verdaderamente importa es la acusación fiscal: “no tiene ninguna importancia el acto administrativo de modificación de carátula, lo que importa es la acusación fiscal. Lo que determina la carátula, aunque ésta no se cambie, es la acusación fiscal, es la sentencia...”. E insiste: “La carátula carece de importancia, lo importante es la acusación fiscal y el fallo correspondiente. Y en este caso la carátula real es la de insolvencia societaria fraudulenta y no la de fraude del artículo 76, aunque en el expediente figure otra cosa”.

¿Entonces la doctora Salom considera que la calificación jurídica del fiscal (insolvencia societaria fraudulenta) en sede de acusación carece de relevancia, y por tanto debe clausurarse el expediente que mantiene sujeto a proceso a su cliente por el artículo 76, como señala en su escrito? ¿O en realidad considera que lo importante es justamente la acusación fiscal, que es la que determina que “la carátula real” de este proceso sea “la de insolvencia societaria fraudulenta”, como declaró al diario La República?



“ERROR DE DERECHO.” “No se ajusta a derecho –dice el escrito del estudio de Gonzalo Fernández– el criterio del Ministerio Público, cuando sostiene que la derogación del artículo 76 citado debe tenerse presente ‘en la etapa decisoria pertinente, no afectando en este estado el trámite de la causa’”. Esto quiere decir que desde el estudio del penalista y canciller de la República, en ese momento, se pidió la clausura “automática” del expediente del caso Peirano y se discrepó con la Fiscalía, aunque ahora tanto Fernández como Salom aleguen lo contrario, y se declaren en total acuerdo con la fiscal y la jueza que se opusieron a la clausura, y señalen al tribunal de apelaciones como responsable de un “error de derecho” al clausurar el expediente.

Entonces debe concluirse que el estudio de Gonzalo Fernández, al pedir la clausura del expediente por la derogación del “dichoso artículo 76”, en realidad le solicitó al tribunal que incurriera en un “error de derecho”.

De todas maneras, la Fiscalía presentó un recurso de casación ante la scj, y será ésta la que decida si el caso permanece clausurado o se reabre para que los implicados sean juzgados por insolvencia societaria fraudulenta. La decisión tardará varios meses. 

Misógino

Walter Pernas


En los últimos días la abogada Cecilia Salom brindó decenas de reportajes –en prensa, radio y televisión– en los que ensayó una estrategia de defensa ante los artículos periodísticos de Brecha. No faltaron las alusiones a oscuras tramas para pegarle por elevación a uno u otro actor político, cuestión naturalmente falaz. Pero además, la prestigiosa docente disparó una ofensa gratuita a los periodistas que escribieron el artículo del viernes 20.

Bajo el título: “La ex fiscal Salom responde como jurista y como mujer las acusaciones del caso Peirano”, el diario La República publicó, el lunes 23, declaraciones de Salom en las que acusa a los periodistas de Brecha de misoginia (aversión u odio a las mujeres). De hecho, he recibido acusaciones de todo tipo por parte de aquellos que no entienden el rol que debe cumplir un periodista en la sociedad. Pero es la primera vez que me dicen misógino. Por eso, creí que lo mejor era formularle una simple pregunta a Salom, a quien conozco desde hace muchos años por tareas propias de la profesión.

—¿Cecilia, en realidad te parece que soy misógino?

—Lo que yo digo es que antes de hablar, antes de tirar mierda, de difamar…

—¡Yo hago periodismo! ¿Te parece que soy misógino?

—No tengo nada más que decir…

Así terminó el diálogo. Salom perdió la oportunidad de decir que tal descalificación ofensiva había sido producto del enojo por el artículo de Brecha. Eso hubiera sido comprensible, tanto como las declaraciones argumentativas que formuló en decenas de medios durante estos días, tratando de defenderse. Pero no fue así. La docente se perdió de vista, y también de boca.

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Agrandando el Estado!

Mujica el 25 de agosto, insistió con su fantástica idea de generar la figura de Delegado Presidencial.

Esta idea, como es obvio, va de la mano de 19 funcionarios más a ser bancados por nosotros.

Es lo más loco que he escuchado. No sólo tenemos a nivel departamental la infraestructura más grande del mundo en comparación con la cantidad de pobladores y el tamaño del territorio, sino que además de eso, parece que necesitamos delegados del presidente.

Cuándo van a entender que más no es mejor?

Así se manejan con todo, piden más presupuesto, eso no significa que mejore en lo más mínimo ningún área de vida del país.

Pero además, acá lo que toda la población debe comprender es que son 19 cargos que no serán honorarios, obviamente, 19 seretarios más que también bancaremos nosotros, supongo que serán 19 locales más que se usarán a los efectos no muy claros todavía, 19 autos obviamente porque no se van a mover a pie, etc. etc.

O sea, no estamos hablando sólo de 19 personas, estamos hablando de una infraestructura totalmente innecesaria.

Este tipo de ideas realmente no son las que el país necesita, y si el Presidente está cansado como para ocuparse del tema, que haga lo que tiene que hacer, dejar a otro más joven en su lugar.

Hasta ahora el país anduvo muy bien sin estos cargos, al igual que los alcaldes, otra estupidez y muy cara para todos nosotros, y quiero ver luego de los 5 años, qué es lo importante que hayan hecho...

Habrá temas de clientelismo? Favores que pagar? porque realmente no se entiende.

BASTA DE AGRANDAR EL ESTADO!!!!

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miércoles, 25 de agosto de 2010

A Pintado, lo quisieron robar, o no, o más o menos?

No había podido comentar esto, porque otros temas me tenían más ocupda.

En el informativo del 12 y habrá sido en todos igual, aparecía Pintado, con cara de yo no fui, contando su experiencia.

Resulta que un señor ladrón, subió hasta el piso 8º del Ministerio de Transporte, pero aprovechando la guardería, el techo de la misma para subir los pisos que le faltaban (eran 7 más), entró con llaves "apropiadas" o sea, con una copia, a la oficina del Ministro, y además abrió su caja fuerte también con copias de las llaves del Ministro.

Yo lo escuché en Canal 12, como decía, que declaró que en la caja fuerte no había nada de interés, no había valores, pero por otro lado, el informativista del 12 decía claramente que "entre los objetos recuperados, había una fuerte suma de dinero, que llegaría a los 100 mil dólares, según fuentes policiales.", palabra más palabra menos, claro que ese video ya no lo encuentro en internet.... si alguno lo encuentra, me manda el link?

La cuestión es que el guardia del MTOP descubrió el ingreso del ladrón, no se cómo si entró por afuera, pero después dicen que entró por adentro, en fin, son detalles, y que además, le dio la voz de alto y como el delincuente siguió su marcha, disparó sin dar en el blanco.

Este señor Pintado, cree que le hace un favor a la gente por no denunciar un intento de robo? No señor, le hace un favor al ministro del Interior, uno menos denunciado.

Hubieron disparos, hubo un intento o un robo, no queda claro, había plata o no, no queda claro, lo claro es que entraron en un ministerio, en el despacho de un ministro, abrieron una caja fuerte donde había una caja vacía de lapiceras (??????) una chanchita con moneditas de 10 pesos (????) y algún otro elemento, ahora digo yo, la caja fuerte la usa para eso? Me la podrá regalar a mi?

Y sigo, entendió que no había que denunciar? hubieron disparos del guardia y eso le pareció al ministro que no daba para hacer una denuncia?

Cómo me gustaría saber qué había exactamene en esa caja fuerte....

Y cómo nos subestiman a todos, es increíble.... siguen con los chanchullos y si no lo son, hacen una fuerza terrible para que lo parezca....


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Armando paquetitos y que siga la joda

Acabo de leer esto y realmente ya no queda nada. Qué gobierno corrupto el de Vázquez.....

Y sino, que me expliquen cómo es posible que Fassano deba desde 2007 en 3 de sus empresas, plata importante a la UTE y nadie hizo nada, o sea, durante el gobierno de Vázquez estuvo moroso durante 2 años, y? Qué pasó que nadie dijo nada antes de las elecciones, qué pasó que nadie denunció el hecho y recién ahora, se destapa la olla?

Y sigan anotando, porque los chanchullos recién empiezan a salir.

Claro, a Juan Perez no le dio el sueldo para pagar la UTE y como no tiene padrinos, no le deben favores, le cortan la luz y jodete.

No sólo le siguen dando luz por falta de valor en cortarle el suministro, sino que además le regalan 1 millón de pesos que no le van a cobrar, también le regalan las multas y los recargos, qué gracioso,,,, si voy yo a pedir que no me las cobren porque no puedo pagar, se me ríen en la cara, ni siquiera cuando uno denuncia algo, hacen caso, pero acá como es Fassano, todo el mundo boca abajo, nadie dice nada, y que siga la joda.

Además de los obsequios que este señor recibirá de parte de la UTE, y por cierto, de todos nosotros, se inventaron un paquetito de publicidades en relación de canje para que se le achique la deuda, y me pregunto, siendo UTE una empresa monopólica, qué tanta necesidad de publicidad tiene? y la emisión de unos libritos que sponsorisará la UTE porque un ente tiene que estar en la cultura (¿?).

Digo yo, la cultura debería empezar por que aprendan a hablar correctamente.

Antía como es el único del P. Nacional, está en minoría y aunque grite y patelee, esto ya está cocinado, así que mi recomendación es que se lo tome con calma.

Dónde están los legisladores que voté???? Dónde está el Tribunal de Cuentas???
En este país no hay auditorías, no hay nadie que les frene la joda?

Qué alguien haga algo!!! Porque entre los que se cuelgan de la UTE y terminamos los giles de siempre pagando por todo el mundo y el amiguismo con algunos, vamos a terminar leyendo a la luz de las velas, porque pagar UTE ya es imposible, que si además tenemos que hacernos cargo de la deuda de empresarios bien "emparentados" estamos fritos.

Y sino, recuerden que a CX36 le quisieron cortar la luz sin empacho alguno, sin ningún tipo de duda ni de consideración, y zafaron porque los empleados no les permitieron el ingreso a los de UTE.

Extraído de El País
UTE bajó un millón de pesos en la deuda de La República


Convenio. El ente tendrá cinco años de publicidad gratis

RAÚL MERNIES

El Directorio de UTE aprobó un convenio para que el grupo integrado por La República, AM Libre y TV Libre salde la deuda que arrastra desde 2007. El monto superaba los $ 6,5 millones, pero el acuerdo significó una rebaja de $ 970.000.

El grupo multimedio tendrá un plazo de 60 meses (cinco años) para pagar el total de la deuda, podrá pagar con canje publicitario, y mientras tanto deberá mantenerse al día con las facturas de consumo generadas a partir del 30 de junio de 2010.

Sin embargo, la resolución que en el Directorio fue aprobada el viernes por cuatro votos contra uno -el único en contra fue el nacionalista Enrique Antía- establece que el monto total de las deudas de REG S.A. (La República), Somerland S.A. (AM Libre) y Colormel S.A. (TV Libre) es casi $ 1.000.000 menor al monto por el que UTE había iniciado acciones judiciales contra el grupo empresarial.

El acuerdo entre el Ente y las empresas lideradas por el empresario Federico Fasano establece que el monto a pagar asciende a $ 5.659.985. Un mes y medio antes, UTE había trabado embargo al grupo por un monto de $ 6.629.273.

La gerencia comercial de UTE, que estudió el tema con detenimiento, había elevado la semana pasada dos propuestas de acuerdo al directorio. La primera recomendaba "considerar la deuda menos las multas, manteniendo los recargos", y la segunda chance era "actualizar la deuda por IPC, sin multas y recargos".

El Ente resolvió por mayoría tomar la "opción B", la de monto más bajo, y descontar las multas y recargos en la deuda millonaria.

La idea es que el grupo empresarial abone las cuotas de la deuda con vencimientos parciales cada 12 meses. Debería pagar cinco cuotas de $ 1.131.997 (más un interés del 4,25% anual), pero el acuerdo establece que las deudas también "podrán cancelarse mediante el mecanismo de compensación por las obligaciones que UTE generare (...) por concepto de publicidad, comunicación institucional y/o comercial".

En la semana previa al acuerdo, el responsable de los medios de comunicación en cuestión había elevado una propuesta para que UTE fuera sponsor de una serie de 103 libros coleccionables que publicará La República, denominada "El libro, una herramienta de libertad".

La gerencia de Relaciones Públicas de UTE consideró que el objetivo del proyecto era "promover los hábitos de lectura en los jóvenes" y adelantó que, además de los 5.000 ejemplares que se publicarán con el periódico "UTE dispondrá de 10.000 libros de cada obra editada". El responsable de esa gerencia, Ariel Ferragut, expresó en un comunicado al directorio que "un proyecto de esta naturaleza puede enmarcarse en una verdadera acción de responsabilidad social empresarial", y que auspiciar el emprendimiento "significaría un apuntalamiento de la imagen institucional" como empresa pública preocupada por la cultura. Ese canje de deuda por publicidad (estimado en $ 3.720.000) se traducirá en la impresión del logo de UTE en la tapa de los libros, así como "un mensaje creativo sobre el quehacer del Ente" en la contratapa.

Oposición. Antes de que se firmara el convenio, el único integrante del Directorio que votó en contra, Antía, fundamentó su posición expresando su "disconformidad con la compensación por publicidad", al entender que se estaría "sentando un precedente peligroso y violando normas claras de contratación del Estado".

Antía dialogó con las gerencias que tomaron parte en la negociación (Comercial, Relaciones Públicas y Jurídica), en procura de mejorar el proyecto de convenio.

El nacionalista propuso la incorporación de plazos con fechas anuales de vencimiento y que las facturas actualizadas al final del convenio y los saldos a pagar durante la duración del mismo tuvieran intereses.

También planteó que las acciones judiciales iniciadas continúen en caso de incumplimiento por parte de alguna de las empresas, y la eliminación de una cláusula que establecía la confidencialidad del acuerdo y de sus características.

Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta y agregadas al convenio finalmente aprobado.

Respecto del pago con canjes por publicidad, Antía consideró que "ese pago es un premio excesivo y una manera oblicua de generar contratación de publicidad en detrimento de la igualdad de oportunidades que debería respetarse con otros clientes".

El director blanco también dijo que todo este episodio generó "antecedentes peligrosos" y un mensaje a la opinión publica de que "no se actuó con equidad y transparencia".

Antía también aclaró y resaltó que el actual presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, "heredó" esta situación, que "compromete" la actual gestión.

Casi le cortan a CX 36

El criterio que UTE utilizó con las empresas de Federico Fasano fue cuestionado luego del antecedente del pasado 27 de julio, cuando la empresa tercerizada que corta los suministros se hizo presente en la sede de Radio Centenario para cortar la luz. Los empleados no dejaron que les cortaran el servicio y al día siguiente reclamaron, argumentando que La República estaba en igual situación. El directorio recibió el reclamo y canceló el corte.

El País Digital


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