Esto es lo que realmente da vergüenza, actúan contra lo que piensan por disciplina partidaria, por tanto, esos legisladores que van contra lo que entienden que deben hacer, están yendo contra la voluntad del pueblo que los eligió.
Extraído de El País
Ante las críticas, FA retoca proyecto sobre la caducidad
Diputados. Buscan sortear posibles inconstitucionalidades
S. CABRERA / D. ISGLEAS
Ante las críticas, FA retoca proyecto sobre la caducidad
Diputados. Buscan sortear posibles inconstitucionalidades
S. CABRERA / D. ISGLEAS
Las observaciones de catedráticos sobre la inconstitucionalidad del proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad, llevó al FA a modificar varios artículos pero "no la esencia" de la iniciativa. La bancada obligará a votar a los senadores rebeldes.
La comisión de Constitución tenía previsto aprobar en la tarde de ayer el proyecto, pero el oficialismo pidió una semana para negociar una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones de expertos y porque además se aplazó el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podía condenar a Uruguay.
Los diputados de la oposición reclamaron ayer en la comisión poder conocer cuáles son los cambios que el oficialismo le hará al texto y el diputado frenteamplista José Bayardi contestó que serán "correcciones" puntuales que se comunicarán lo antes posible.
Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo a El País que la bancada evalúa dar "nueva redacción a los artículos", sin "cambiar el contenido ni la esencia". En la misma línea, el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, que preside la comisión, adelantó a El País que se tomarán en cuenta elementos considerados inconstitucionales por catedráticos de universidades consultados por la comisión.
Se trabajaría sobre la base de que el Poder Legislativo "no le impone" el tema al Poder Judicial, dijeron fuentes de la bancada. Pero la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa explicó a El País que las inconstitucionalidades "no se arreglan con un retoquecito".
Los 50 diputados del oficialismo estamparon su firma en el proyecto de ley, por lo que no se ha planteado la posibilidad de aplicar un "verticalazo" declarando asunto político este tema, con un mandato imperativo para votar la normativa. "En Diputados el tema está resuelto", subrayó Orrico.
VOTOS. Un panorama distinto se produce en el Senado. Al principio había cuatro senadores que se oponían a la ley, pero ahora serían sólo dos. Alberto Couriel (Espacio 609) dijo a El País que informó a la bancada que actuará por disciplina partidaria y votará, mientras que Carlos Baráibar (Asamblea) acataría la decisión de su sector y podría pedir suplente ese día.
No se sabe si Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) mantendrá su posición contraria. Jorge Saravia (Espacio 609) es el restante senador rebelde y acatará si hay un mandato de la bancada, aunque dijo a El País que eso todavía no se ha concretado. En ese caso, se precisan dos tercios de los votos en la Mesa Política y dos tercios en la bancada.
Bayardi entiende que con la resolución de la Mesa Política y la resolución del Plenario ya existe un mandato para votar. Lo mismo sostiene Aníbal Pereyra (MPP): "Hubo un debate en el Frente y llegamos a la conclusión de seguir este camino. Lo acatamos nosotros en el MPP, que teníamos una posición reacia a votar esto por la presión política de la gente. A mí hay tantas cosas que no me gustan y las debo hacer igual".
Saravia, en cambio, dijo a El País que los catedráticos "despedazaron" el proyecto de su partido y que la Cancillería dejó la puerta abierta a cambios. El senador del Espacio 609 está dispuesto a votar una propuesta del Partido Independiente que plantea una reforma constitucional modificando el alcance de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que un fallo sobre un caso puntual alcance a todos los demás.
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, declaró a El País que "el proyecto es groseramente inconstitucional". Lo mismo dijo el diputado colorado Fitzgerald Cantero y recordó que "hay un pronunciamiento popular".
El diputado herrerista Gustavo Borsari cuestionó el fondo del asunto: "El pueblo ha ejercido su soberanía en dos oportunidades. Nadie puede pensar que una ley ratificada por el cuerpo electoral en dos oportunidades pueda ser derogada por el Parlamento".
Los tres artículos de la ley cuestionados
El proyecto de ley que impulsa el Frente Amplio señala que los artículos 1°, 2° y 4° de la ley de Caducidad (15.848) son inaplicables.
El primer artículo reconoce que "como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
El artículo segundo excluye las causas que tuvieran en 1986 auto de procesamiento y los delitos económicos.
El artículo cuarto señala que el Poder Ejecutivo deberá investigar todas las denuncias presentadas hasta entonces sobre personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como el destino de los menores presuntamente secuestrados.
Un último inciso de ese artículo obliga al Poder Ejecutivo a informar en 120 días sobre el avances de las investigaciones.
El País Digital
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