jueves, 7 de octubre de 2010

Defender la Constitución y la soberanía deberían ser prioridades

Sin dudas, el gobierno central, Mujica y sus ministros, deberían defender nuestra soberanía ante el atropello de una comisión internacional, nadie tiene más poder de decisión que el pueblo, en este país y así deben entenderlo.

Claramente, sería así en un pesidente que no tenga otros intereses por detrás, que en este caso obviamente pongo en duda.

Ojalá que no se equivoque y defienda lo que tantas veces le llenó la boca a él y a sus camaradas compañeros sobre la soberanía del país ante cualqueir huevada, y ahora ante cosas importantes parece que se olvidó.

Extraído de El País
Catedráticos dicen que ley sobre la Caducidad es inconstitucional

El canciller Luis Almagro explicará posición del Estado

La opinión de especialistas en asuntos constitucionales de tres universidades es coincidente en cuanto a que la iniciativa del Frente Amplio para declarar la no aplicabilidad de tres artículos de la ley de Caducidad, es inconstitucional.

La comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes recibió ayer a catedráticos de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República y las Universidades Católica y de Montevideo, y hoy recibirá el punto de vista del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la iniciativa que presentó el Frente Amplio.

Luego de la instancia de hoy, en esta misma jornada el proyecto se votará por voluntad de la mayoría oficialista de la comisión.

El catedrático de la Universidad de la República, Felipe Luzardo, opinó que el "artículo primero del proyecto de ley es inconstitucional porque la Cámara de Diputados no puede hacer una interpretación auténtica de la Constitución. De poder hacerlo, la ley tendría efecto retroactivo y no puede tenerlo".

Carmen Asiaín, de la Universidad de Montevideo, opinó que legislar en función de una decisión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como plantea el Frente Amplio, sería "aceptar una coacción" sobre el país, porque estos acuerdos "no habilitan a que se proceda a invadir potestades de la Justicia".

Asiaín también afirmó que los dos pronunciamientos populares (plebiscito y referéndum) marcan que hubo una preeminencia de la democracia directa y que no corresponde al representante modificar pronunciamientos del soberano.

Luego, la comisión recibió a los catedráticos de Derecho Internacional Público Roberto Puceiro y Agustín Prat (Universidad de la República), y José Gamio (Universidades Católica y Universidad de Montevideo).

Gamio sostuvo que las normas internacionales no sustituyen a las constitucionales. Y añadió que en Uruguay la salida se dio por medio de un pacto político con los militares, y que en la ley de Caducidad se dio la salida política avalada por todos los partidos.

Gamio reiteró además que hubo dos pronunciamientos populares que han avalado la ley.

El canciller Almagro explicará hoy la posición del Estado uruguayo ante el juicio iniciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El País Digital

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