Yo cambiaría el título del artículo. Es vergonzoso, y si no fuera tan peligroso, diría que para la risa, son unos ridículos!!!
Un juez que hace una cosa esperando que alguien apoye, quien debe apoyar no entendió, quien debe buscar pistas, omite parte de su trabajo y si, deben estar mirando mucho CSI, parece que hasta sospechan de que hayan "plantado" un documento de identidad encontrado en uno de los vehículos que Técnica tuvo en sus manos para buscando pistas.... buscaron tantas huellas digitales que lo obvio se les pasó.
Y un Ministro del Interior que le está haciendo una competencia desleal a Cantinflas... Esta es la gente que debe mantener el orden y defender a la gente de bien, que trabaja, que aporta, y que les paga el salario a todos estos.
Y miren el final del artículo, resulta que el juez Balliva, es el único que tiene un bajísimo promedio en procesamientos de menores. Qué hace la Suprema Corte que no interviene????
Un juez que hace una cosa esperando que alguien apoye, quien debe apoyar no entendió, quien debe buscar pistas, omite parte de su trabajo y si, deben estar mirando mucho CSI, parece que hasta sospechan de que hayan "plantado" un documento de identidad encontrado en uno de los vehículos que Técnica tuvo en sus manos para buscando pistas.... buscaron tantas huellas digitales que lo obvio se les pasó.
Y un Ministro del Interior que le está haciendo una competencia desleal a Cantinflas... Esta es la gente que debe mantener el orden y defender a la gente de bien, que trabaja, que aporta, y que les paga el salario a todos estos.
Y miren el final del artículo, resulta que el juez Balliva, es el único que tiene un bajísimo promedio en procesamientos de menores. Qué hace la Suprema Corte que no interviene????
De ripley.
Extraído de El País
¿Quién nos defiende?
El secuestro exprés irrumpió con fuerza en la insegura ciudad de Montevideo. No se sabe exactamente si en los últimos quince días han sido cuatro o cinco -las crónicas policiales difieren-, ni cuantas bandas operan, pero el número es algo secundario ante la aterradora exhibición de liviandad o frivolidad que las autoridades policiales y judiciales han demostrado para combatirlo. Es algo caricaturesco o surgido de una novela de serie negra de mal gusto: reparticiones policiales que en vez de aunar esfuerzos se entretienen en pasar facturas o hacerse zancadillas, un juez que deja en libertad a presunto delincuente reconocido por una víctima, que dice dio orden a la policía para seguirlo pero nadie se hace responsable y se esfuma, son algunos ingredientes de que algo o mucho funciona muy mal entre aquellos que tienen la responsabilidad última de defender a los ciudadanos.
La investigación de los secuestros está a cargo de la Jefatura de Policía de Montevideo, concretamente de la Brigada de Asaltos de Hurtos y Rapiñas. Pero a su vez interviene también la Policía Técnica que, al tratarse de una Dirección Nacional tiene competencia en todo el territorio y depende del Ministerio del Interior. La pregunta es si entre ambas dependencias existe rivalidad o coordinación. Debería existir coordinación, pero… Para muestra basta un ejemplo.
En el interior del coche de una de las víctimas fue encontrada una cédula de identidad, presumiblemente de uno de los delincuentes. Lo grave es que este descubrimiento no lo hizo la Policía Técnica, que durante cuarenta y ocho horas inspeccionó el vehículo en busca de huellas digitales o algún elemento que permitiera identificar a los secuestradores -al mejor estilo de los CSI televisivos-, sino la propia víctima poco después de que le devolvieran el auto. Y que la noticia no fuera comunicada en forma interna entre ambas reparticiones, sino que Técnica se enteró del hallazgo a través de El País. La duda es si la cédula siempre estuvo ahí y entonces el trabajo de la Técnica fue de una desprolijidad e impericia asombrosas, o si fue "plantada" posteriormente por sus colegas para descalificar el trabajo de los "expertos". Cualquiera de las dos posibilidades es alarmante.
El otro capítulo de esta caricatura de investigación se refiere a la actuación judicial. Una de las víctimas reconoció a un menor como parte del grupo responsable del secuestro. Pero el Juez de Menores de 4° Turno, Washington Balliva, lo dejó en libertad. Según Balliva, "la orden que yo di a la policía fue dejar al menor en libertad a efectos de hacer una vigilancia (…), ver con quienes se vinculaba para luego proceder a realizar detenciones, nada se cumplió".
Pese a la gravedad de las acusaciones de Balliva, no rodó ninguna cabeza -por lo menos, que se sepa- a nivel policial. Que se sepa, tampoco hay nada escrito sobre esta orden y no consta a quien fue impartida. Balliva a su vez es el Juez de Adolescentes (son cuatro) que presenta el récord más bajo de rigor a la hora de sancionar a los presuntos menores delincuentes. Será tal vez un tema de suerte, pero informes de la Suprema Corte de Justicia dicen que en el año 2008 tres jueces dictaron 350 medidas cautelares con privación de libertad (promedio 116), mientras 4° Turno (Balliva) solo 1. En el 2009 fueron 637 para tres jueces (promedio 212); mientras 4° Turno sólo 38. Y que en materia de sentencias definitivas con medidas privativas de libertad, los tres primeros Juzgados en el 2008 dictaron 201 (promedio 67) y Balliva 6, en tanto que 2009 se llegó al número de 442. Esta cifra no está discriminada por turnos, pero la tendencia en otros ítems sobre la falta de severidad de Balliva, se mantiene y aún se agrava. Si la suerte no tuvo nada que ver (y creemos que no la tuvo), el criterio para disponer medidas, sí. Y la peligrosidad de los menores -pasta base de por medio- va en aumento y es uno de los temas que más preocupa al país, aunque el juez no se entere.
Con este panorama policial y judicial, los ciudadanos ¿pueden pasear o dormir tranquilos? ¿Quién los defiende?
El País Digital
¿Quién nos defiende?
El secuestro exprés irrumpió con fuerza en la insegura ciudad de Montevideo. No se sabe exactamente si en los últimos quince días han sido cuatro o cinco -las crónicas policiales difieren-, ni cuantas bandas operan, pero el número es algo secundario ante la aterradora exhibición de liviandad o frivolidad que las autoridades policiales y judiciales han demostrado para combatirlo. Es algo caricaturesco o surgido de una novela de serie negra de mal gusto: reparticiones policiales que en vez de aunar esfuerzos se entretienen en pasar facturas o hacerse zancadillas, un juez que deja en libertad a presunto delincuente reconocido por una víctima, que dice dio orden a la policía para seguirlo pero nadie se hace responsable y se esfuma, son algunos ingredientes de que algo o mucho funciona muy mal entre aquellos que tienen la responsabilidad última de defender a los ciudadanos.
La investigación de los secuestros está a cargo de la Jefatura de Policía de Montevideo, concretamente de la Brigada de Asaltos de Hurtos y Rapiñas. Pero a su vez interviene también la Policía Técnica que, al tratarse de una Dirección Nacional tiene competencia en todo el territorio y depende del Ministerio del Interior. La pregunta es si entre ambas dependencias existe rivalidad o coordinación. Debería existir coordinación, pero… Para muestra basta un ejemplo.
En el interior del coche de una de las víctimas fue encontrada una cédula de identidad, presumiblemente de uno de los delincuentes. Lo grave es que este descubrimiento no lo hizo la Policía Técnica, que durante cuarenta y ocho horas inspeccionó el vehículo en busca de huellas digitales o algún elemento que permitiera identificar a los secuestradores -al mejor estilo de los CSI televisivos-, sino la propia víctima poco después de que le devolvieran el auto. Y que la noticia no fuera comunicada en forma interna entre ambas reparticiones, sino que Técnica se enteró del hallazgo a través de El País. La duda es si la cédula siempre estuvo ahí y entonces el trabajo de la Técnica fue de una desprolijidad e impericia asombrosas, o si fue "plantada" posteriormente por sus colegas para descalificar el trabajo de los "expertos". Cualquiera de las dos posibilidades es alarmante.
El otro capítulo de esta caricatura de investigación se refiere a la actuación judicial. Una de las víctimas reconoció a un menor como parte del grupo responsable del secuestro. Pero el Juez de Menores de 4° Turno, Washington Balliva, lo dejó en libertad. Según Balliva, "la orden que yo di a la policía fue dejar al menor en libertad a efectos de hacer una vigilancia (…), ver con quienes se vinculaba para luego proceder a realizar detenciones, nada se cumplió".
Pese a la gravedad de las acusaciones de Balliva, no rodó ninguna cabeza -por lo menos, que se sepa- a nivel policial. Que se sepa, tampoco hay nada escrito sobre esta orden y no consta a quien fue impartida. Balliva a su vez es el Juez de Adolescentes (son cuatro) que presenta el récord más bajo de rigor a la hora de sancionar a los presuntos menores delincuentes. Será tal vez un tema de suerte, pero informes de la Suprema Corte de Justicia dicen que en el año 2008 tres jueces dictaron 350 medidas cautelares con privación de libertad (promedio 116), mientras 4° Turno (Balliva) solo 1. En el 2009 fueron 637 para tres jueces (promedio 212); mientras 4° Turno sólo 38. Y que en materia de sentencias definitivas con medidas privativas de libertad, los tres primeros Juzgados en el 2008 dictaron 201 (promedio 67) y Balliva 6, en tanto que 2009 se llegó al número de 442. Esta cifra no está discriminada por turnos, pero la tendencia en otros ítems sobre la falta de severidad de Balliva, se mantiene y aún se agrava. Si la suerte no tuvo nada que ver (y creemos que no la tuvo), el criterio para disponer medidas, sí. Y la peligrosidad de los menores -pasta base de por medio- va en aumento y es uno de los temas que más preocupa al país, aunque el juez no se entere.
Con este panorama policial y judicial, los ciudadanos ¿pueden pasear o dormir tranquilos? ¿Quién los defiende?
El País Digital
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