lunes, 9 de agosto de 2010

Están jugando con fuego, y nos van a quemar a todos

Desde ya hace meses, vengo hablando del tema secreto bancario, y miren que no tengo contacto alguno con el gobierno.

Se veía venir, así de sencillo.

Varias medidas, varios comentarios que partían del gobierno, daban señales clarísimas sobre esto.

Si el secreto bancario no tiene más validez, entonces agarrate, porque se van a ir capitales rápidamente, y seremos testigos, no se si de una corrida como en el 2002, pero será fuerte.

El afán recaudacionista es tal, que ya no miden las consecuencias de lo que hacen.

Tienen al país fundido, ya no tienen más de dónde sacar plata, entonces ahora se dirigen hacia los depósitos en el exterior.... pero todo tiene dos caras.... si pedimos a otro país que nos dé una relación de depósitos de uruguayos para cobrarles impuestos, ese país tendrá el derecho de exigir lo mismo, y ahí, chau plaza financiera segura, chau Suiza de América.

Quienes tienen inversiones importantes, uruguayos digo, le cuesta un par de minutos, mover todo el capital para un lugar donde no puedan conseguir este fin, que es recaudar impuestos. Así que de eso, no van a recibir mucho.

El problema es al revés, qué va a pasar con el dinero de no residentes, que eligieron Uruguay como país para dejar su dinero, porque el secreto bancario se respetaba.... peligroso y pico.

Extraído de El País
[EDITORIAL]
Error muy peligroso

Joseph Fouché, el genio tenebroso de la Revolución Francesa, frío, maquiavélico y calculador personaje que sobrevivió a la sangrienta purga del Terror, llegó con sus artes implacables a hombre de confianza y ministro del Interior de Napoleón Bonaparte. Cuando el emperador mandó ejecutar al duque de Enghien (un pariente del depuesto y decapitado Luis XVI) vislumbró las consecuencias que desencadenaba este episodio y pronunció su famosa frase: "fue peor que un crimen, fue un error".

Parafraseando a Fouché, eso es exactamente lo que hace el Poder Ejecutivo con las proyectadas reformas tributarias acerca de la flexibilización del secreto bancario y pasar del criterio territorial al universal en el ámbito de la recaudación: comete un grave error. Es muy peligroso. Y lo peor es que no lo ha hecho de golpe, sino despacito y por capítulos.

El comienzo fue un anuncio del Ministro de Economía, sorpresivo e inconsulto, donde se dejó de lado el diálogo con el entorno político (incluso del propio oficialismo), con los sectores afectados y se dio la espalda a todo lo expresado por el Presidente Mujica en la famosa reunión del Conrad con los empresarios. Recién bastante después se dio a conocer su marco jurídico y sus fundamentos, que son más preocupantes y desprolijos que su simple anuncio.

La estabilidad jurídica y la previsibilidad, que había contribuido a la imagen del Uruguay como país seguro y confiable -que era un formidable patrimonio acumulado a pesar de ser golpeados por una de las más terribles crisis de su historia-, se deja ahora de lado para adoptar la concepción de que el sistema tributario es "un proceso dinámico". Es decir, que lo cambiamos cuando queramos y le echamos la culpa a la coyuntura o al gran rey de Borgoña. Ayer se gravó la renta (sueldos, jubilaciones y todo lo que sirva para vivir) a las personas dentro del territorio nacional, hoy se cambia el criterio de la fuente -se hace universal- y se le quita la protección al derecho a la intimidad con la llamada "flexibilización" del secreto bancario. ¿Es una buena señal para el inversor? ¿Es posible tener certezas dentro de un "proceso dinámico"? ¿Cuál será la próxima medida producto de este dinamismo?

Veamos algunas perlitas del proyecto. El secreto bancario, que no es un bien jurídico de los bancos sino el derecho individual y personal a la intimidad consagrado por la Constitución, se "flexibiliza" por imposición externa o así por lo menos se dice. Las famosas listas de la OCDE. Pero la nueva reglamentación es absurda y violatoria de derechos fundamentales. El artículo 17 del proyecto prevé dos hipótesis de acciones jurisdiccionales (le llaman "tutela"). Una en sede penal y la otra en sede civil. La "tutela" en sede penal prevé un mecanismo tan insólito como inaceptable: si no hay pronunciamiento fiscal o judicial expreso, la ley da a ese silencio el carácter de condena y, además, esa sentencia tácita sería inapelable.

En la legislación todavía vigente el secreto bancario puede ser levantado por la Justicia en los casos de denuncia fundada de defraudación, presentada por la administración. Ahora se amplía y la DGI (¿Aduanas y BPS también?) podrá pedirlo simplemente con fines de fiscalización. Si bien se estatuye de que la solicitud debe ser "expresa y fundada", la misma ley le quita toda virtualidad a este requisito: solo se requiere haber presentado una declaración jurada, o no haber presentado declaración jurada. ¡Bárbaro!

La otra novedad es el cambio de la fuente, la universalidad. El nuevo criterio no impedirá la salida de recursos de uruguayos hacia el exterior, sino que en todo caso los obligará a cambiar de destino para evitar la tributación. Pero el efecto que tendrá será cerrar las puertas a todo posible reingreso. El que ha resuelto invertir en el exterior, lo ha hecho por legítimas consideraciones de beneficio personal (mayor seguridad, por ejemplo). El nuevo régimen no le cambiará el razonamiento; más bien le confirmará su decisión.

Y segundo, si el gobierno abandona el criterio de territorialidad y reclama su jurisdicción universal sobre rentas y capitales uruguayos, allí donde estén (en la Argentina, por ejemplo), ¿con qué derecho de podrá oponer a que otros países apliquen el mismo criterio y exijan gravar los depósitos o las rentas de sus ciudadanos que se encuentran en el país?

Aún resuenan las palabras del titular de la AFIP -la DGI argentina- cuando conoció los anuncios del Ministro Lorenzo: "avanzar en los acuerdos con Uruguay nos permitirá llegar a niveles récord de recaudación".

¿En qué estaría pensando?
El País Digital

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