LA COLUMNA DE DANIEL FERRERE
Reforma empieza con T
El único organismo que supera a la IMM en su esfuerzo por ocultar infomación es la ANEP
Empieza con “t” de transparencia. Hace un par de semanas escribimos sobre las dificultades que encontramos para analizar lo que hace la Intendencia de Montevideo. Comentábamos que en la página web de la Intendencia no se encuentra un solo número que haga referencia a la gestión, y mucho menos que permita evaluarla. Pero en realidad esto no lo hace solo la Intendencia. La comuna capitalina es un ejemplo paradigmático, y tal vez uno de los peores, porque se nota claramente la intención de limitarse a la propaganda y no dar información que permita evaluar algo. Cuando uno busca página tras página y solo encuentra propaganda, y por más que siga buscando sigue encontrando propaganda y nada de números, no puede sino llegar a la conclusión que eso se hace por gusto, no por casualidad.
El único organismo que supera a la IMM en su esfuerzo por ocultar información es la ANEP. Porque no solo no da información, sino que no lo hace por gusto, porque no quiere ofender la sensibilidad de sus funcionarios. Hace años ANEP adoptó una política expresa dirigida a ocultar cualquier información que pudiera llevar a diferenciar o distinguir entre buenos y malos docentes, y enfatizar por el contrario la correlación entre el entorno socioeconómico y los resultados educativos. Decidió que la responsabilidad por los resultados no es de los maestros sino de las políticas neoliberales, y para evitar que alguien le discuta pasó a ocultar cualquier información que pudiera contradecir la explicación preferida, y a divulgar solo la que podría apoyarla. Durante años, además, se especializó en hacer muchas estadísticas, pero todas ligeramente diferentes. Así, si alguien intentaba sacar series o comparar estadísticas para sacar conclusiones no podía hacerlo, porque nada encajaba con nada.
Como ejemplo de falta de transparencia, es probablemente lo más acabado que existe. Aunque también puede acercársele el Ministerio del Interior. Intente el lector, por ejemplo, obtener información sobre el servicio 222, que todos dicen que es uno de los mayores problemas del sistema nacional de seguridad pública, y verá que no encuentra nada. Ni en la página del Ministerio, ni en ningún otro lado. ¿Cuántos policías ejecutivos hay de servicio de día y cuántos quedan de noche por efecto del 222? Nunca lo sabrá. Porque del 222 se habla, pero no se escribe.
Ahora, sin embargo, se está produciendo una vuelta de tuerca. En 2008, una ley dijo que “Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web (….) la siguiente información mínima: (…) c) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria...; d) Información sobre el presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías…; f) toda otra información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo.” Recomendamos al lector pegar una mirada a las páginas web de las principales oficinas públicas. ¿Encontró algo de esto? En realidad, algo hay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Desarrollo Social, el de Industria y el del Interior publican los sueldos. Claro que saber que un funcionario escalafón F, grado 10, del Mides, gana mil dólares mensuales, no aclara nada. Porque, ¿qué hace ese funcionario? Por eso es, precisamente, que la ley pide que se informe de las “funciones de los cargos”, cosa que nadie hace. Pero con las excepciones que mencionamos, y probablemente alguna otra, la enorme mayoría de los organismos imitan a la IMM. Nada, absolutamente nada. Salvo, por supuesto, los nombres y títulos de todas sus autoridades, que nunca faltan, y una tediosa y exhaustiva exposición de todo lo que inauguraron. Si se dedicara a dar información el 10% del esfuerzo que se brinda a propagandear la gestión de quienes están a cargo, todos estaríamos mucho mejor.
Lo más interesante es la discrepancia entre la realidad y las palabras. Un año después de dictada esa ley, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (484/009) que decía: “Artículo 1º. Exhórtase a los titulares de organismos públicos estatales y no estatales a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 5º de la ley 18.381…”. Y a continuación, el Diario Oficial publicaba una presentación en power point de la Agesic que, a lo largo de 11 páginas, detallaba exhaustivamente la información que debería publicarse, precedida por la siguiente frase: “La obligación de publicar determinada información en las páginas Web es uno de los elementos más importantes de la Ley Nº 18.381 pues contribuye a generar transparencia, participación y confianza entre gobernantes y gobernados”.
Claro es que podríamos discrepar con esa frase. Porque la información no es un favor que nos hacen los gobernantes para ganarse nuestra confianza. Es un derecho que los gobernados tienen para controlar a quienes no son, ni más ni menos, que sus representantes. Pero por lo menos la Agesic tiene presente que hay que informar, y no se puede seguir ocultando. Los que no lo tienen igual de claro, sin embargo, son los organismos que a seis meses de esa exhortación siguen sin dar información alguna.
El día en que Memfod empezó a publicar consistentemente información que mostraba la deteriorada situación de la enseñanza secundaria en Uruguay, volcó la atención pública sobre el tema y puso el tema en la agenda pública. La resistencia continúa y ya logró que dejen de publicarse informaciones que importen. Pero la atención pública ya no puede evitarse, y algún día habrá que hacer algo para cambiar. En igual sentido, el día en que se expuso que el Ministerio del Interior falseaba la información sobre arrebatos no incluyendo en ellos a los robos de celulares, no arregló el problema de los arrebatos ni de los celulares. Pero centró la atención sobre la información que suministra ese Ministerio, e hizo más difícil que, en el futuro, se falseen de nuevo los datos.
La transparencia, en definitiva, es enemiga de la ineficiencia. Los que no desean cambiar, quieren que las páginas web sean como las de la IMM, porque eso les sirve. Los ciudadanos, por el contrario, necesitamos información, mucha información, para pensar, analizar y juzgar. Que es, precisamente, la razón por la que no nos la quieren dar.
Reforma empieza con T
El único organismo que supera a la IMM en su esfuerzo por ocultar infomación es la ANEP
Empieza con “t” de transparencia. Hace un par de semanas escribimos sobre las dificultades que encontramos para analizar lo que hace la Intendencia de Montevideo. Comentábamos que en la página web de la Intendencia no se encuentra un solo número que haga referencia a la gestión, y mucho menos que permita evaluarla. Pero en realidad esto no lo hace solo la Intendencia. La comuna capitalina es un ejemplo paradigmático, y tal vez uno de los peores, porque se nota claramente la intención de limitarse a la propaganda y no dar información que permita evaluar algo. Cuando uno busca página tras página y solo encuentra propaganda, y por más que siga buscando sigue encontrando propaganda y nada de números, no puede sino llegar a la conclusión que eso se hace por gusto, no por casualidad.
El único organismo que supera a la IMM en su esfuerzo por ocultar información es la ANEP. Porque no solo no da información, sino que no lo hace por gusto, porque no quiere ofender la sensibilidad de sus funcionarios. Hace años ANEP adoptó una política expresa dirigida a ocultar cualquier información que pudiera llevar a diferenciar o distinguir entre buenos y malos docentes, y enfatizar por el contrario la correlación entre el entorno socioeconómico y los resultados educativos. Decidió que la responsabilidad por los resultados no es de los maestros sino de las políticas neoliberales, y para evitar que alguien le discuta pasó a ocultar cualquier información que pudiera contradecir la explicación preferida, y a divulgar solo la que podría apoyarla. Durante años, además, se especializó en hacer muchas estadísticas, pero todas ligeramente diferentes. Así, si alguien intentaba sacar series o comparar estadísticas para sacar conclusiones no podía hacerlo, porque nada encajaba con nada.
Como ejemplo de falta de transparencia, es probablemente lo más acabado que existe. Aunque también puede acercársele el Ministerio del Interior. Intente el lector, por ejemplo, obtener información sobre el servicio 222, que todos dicen que es uno de los mayores problemas del sistema nacional de seguridad pública, y verá que no encuentra nada. Ni en la página del Ministerio, ni en ningún otro lado. ¿Cuántos policías ejecutivos hay de servicio de día y cuántos quedan de noche por efecto del 222? Nunca lo sabrá. Porque del 222 se habla, pero no se escribe.
Ahora, sin embargo, se está produciendo una vuelta de tuerca. En 2008, una ley dijo que “Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web (….) la siguiente información mínima: (…) c) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria...; d) Información sobre el presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías…; f) toda otra información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo.” Recomendamos al lector pegar una mirada a las páginas web de las principales oficinas públicas. ¿Encontró algo de esto? En realidad, algo hay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Desarrollo Social, el de Industria y el del Interior publican los sueldos. Claro que saber que un funcionario escalafón F, grado 10, del Mides, gana mil dólares mensuales, no aclara nada. Porque, ¿qué hace ese funcionario? Por eso es, precisamente, que la ley pide que se informe de las “funciones de los cargos”, cosa que nadie hace. Pero con las excepciones que mencionamos, y probablemente alguna otra, la enorme mayoría de los organismos imitan a la IMM. Nada, absolutamente nada. Salvo, por supuesto, los nombres y títulos de todas sus autoridades, que nunca faltan, y una tediosa y exhaustiva exposición de todo lo que inauguraron. Si se dedicara a dar información el 10% del esfuerzo que se brinda a propagandear la gestión de quienes están a cargo, todos estaríamos mucho mejor.
Lo más interesante es la discrepancia entre la realidad y las palabras. Un año después de dictada esa ley, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (484/009) que decía: “Artículo 1º. Exhórtase a los titulares de organismos públicos estatales y no estatales a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 5º de la ley 18.381…”. Y a continuación, el Diario Oficial publicaba una presentación en power point de la Agesic que, a lo largo de 11 páginas, detallaba exhaustivamente la información que debería publicarse, precedida por la siguiente frase: “La obligación de publicar determinada información en las páginas Web es uno de los elementos más importantes de la Ley Nº 18.381 pues contribuye a generar transparencia, participación y confianza entre gobernantes y gobernados”.
Claro es que podríamos discrepar con esa frase. Porque la información no es un favor que nos hacen los gobernantes para ganarse nuestra confianza. Es un derecho que los gobernados tienen para controlar a quienes no son, ni más ni menos, que sus representantes. Pero por lo menos la Agesic tiene presente que hay que informar, y no se puede seguir ocultando. Los que no lo tienen igual de claro, sin embargo, son los organismos que a seis meses de esa exhortación siguen sin dar información alguna.
El día en que Memfod empezó a publicar consistentemente información que mostraba la deteriorada situación de la enseñanza secundaria en Uruguay, volcó la atención pública sobre el tema y puso el tema en la agenda pública. La resistencia continúa y ya logró que dejen de publicarse informaciones que importen. Pero la atención pública ya no puede evitarse, y algún día habrá que hacer algo para cambiar. En igual sentido, el día en que se expuso que el Ministerio del Interior falseaba la información sobre arrebatos no incluyendo en ellos a los robos de celulares, no arregló el problema de los arrebatos ni de los celulares. Pero centró la atención sobre la información que suministra ese Ministerio, e hizo más difícil que, en el futuro, se falseen de nuevo los datos.
La transparencia, en definitiva, es enemiga de la ineficiencia. Los que no desean cambiar, quieren que las páginas web sean como las de la IMM, porque eso les sirve. Los ciudadanos, por el contrario, necesitamos información, mucha información, para pensar, analizar y juzgar. Que es, precisamente, la razón por la que no nos la quieren dar.
Blogalaxia Tags: uruguay, montevideo, vicepresidente, corrupción, fraude, presidente, intendencia, impuestos, IRPF gobierno, seguridad, ley
2 comentarios:
Tener en cuenta que con la nueva ley de transparencia publica, se puede solicitar la informacion a la oficina correspondiente, y en 20 dias se hacen pasibles de accion legal si no la brindan.
Hola Marcos,
en teoría si, en la práctica no.
No sólo este señor se dio de narices contra la administración pública, también los candidatos cuando quisieron ver las cuentas de la IMM, y otras denuncias que no tienen que ver específicamente con la IMM, pero que se pasan por el bolsillo esta ley y no responden.
Entre otras hay una que data desde el mes de febrero con la orden del Juez y que hasta hoy no ha sido cumplida, denunciada por un medio de prensa.
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