Ley de Papel
Uno de los males del subdesarrollo es la existencia de numerosas leyes que sólo rigen en el papel puesto que suelen incumplirse. El mal se agrava cuando quienes las incumplen son precisamente quienes las dictan, es decir, los poderes públicos, cosa que en Uruguay sucede con la ley 13.381, aprobada en octubre de 2008, que consagró el "Derecho de acceso a la información pública". Esa ley fue impulsada por Tabaré Vázquez y apoyada con brío por la bancada oficialista por tratarse, se dijo, de un "seguro de transparencia" y un "gran avance democrático".
Pese a esos buenos propósitos, a un año y medio de sancionada esa ley, casi un centenar de organismos, entre ellos la mayoría de los Ministerios y empresas estatales, hacen caso omiso de sus normas. Así lo denuncia la "Unidad de Acceso a la Información Pública" (UAIP), de manera oficial, con un listado en cuyo primer lugar figura la propia Presidencia de la República por entregar con retraso información de interés público. Ello ocurrió en el pasado período de gobierno, precisamente cuando se proyectó y votó esa ley que fue calificada como "la solución al tradicional secretismo del Estado uruguayo".
Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, y vaya si el anterior gobierno lo confirmó en esta materia de información pública tan publicitada en su momento. La denuncia de la UAIP, elevada al Consejo de Ministros el año pasado, resaltó que apenas ocho organismos públicos presentaron su informe anual sobre el cumplimiento de la ley en tanto el resto desobedeció el mandato legal.
Así las cosas, la ley 13.381 tan promocionada por el gobierno de Vázquez, va en camino de convertirse en una vulgar ley de papel.
El País Digital
Uno de los males del subdesarrollo es la existencia de numerosas leyes que sólo rigen en el papel puesto que suelen incumplirse. El mal se agrava cuando quienes las incumplen son precisamente quienes las dictan, es decir, los poderes públicos, cosa que en Uruguay sucede con la ley 13.381, aprobada en octubre de 2008, que consagró el "Derecho de acceso a la información pública". Esa ley fue impulsada por Tabaré Vázquez y apoyada con brío por la bancada oficialista por tratarse, se dijo, de un "seguro de transparencia" y un "gran avance democrático".
Pese a esos buenos propósitos, a un año y medio de sancionada esa ley, casi un centenar de organismos, entre ellos la mayoría de los Ministerios y empresas estatales, hacen caso omiso de sus normas. Así lo denuncia la "Unidad de Acceso a la Información Pública" (UAIP), de manera oficial, con un listado en cuyo primer lugar figura la propia Presidencia de la República por entregar con retraso información de interés público. Ello ocurrió en el pasado período de gobierno, precisamente cuando se proyectó y votó esa ley que fue calificada como "la solución al tradicional secretismo del Estado uruguayo".
Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, y vaya si el anterior gobierno lo confirmó en esta materia de información pública tan publicitada en su momento. La denuncia de la UAIP, elevada al Consejo de Ministros el año pasado, resaltó que apenas ocho organismos públicos presentaron su informe anual sobre el cumplimiento de la ley en tanto el resto desobedeció el mandato legal.
Así las cosas, la ley 13.381 tan promocionada por el gobierno de Vázquez, va en camino de convertirse en una vulgar ley de papel.
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