Extraído de Ecos de El País
Libertades y derechos
El Estado policíaco
Fernando Queijo | Montevideo
@| "Desde hace varios días noto la insistencia, proveniente desde diferentes sectores sociales y económicos, en la crítica sobre ese Estado policíaco, donde el hambre desmedida de recaudación fiscal que tiene este gobierno nos quiere sumergir.
Poco a poco el Estado va introduciéndose en nuestras vidas y en nuestros derechos primigenios de libertad y autodeterminación, pretendiendo moldear a su conveniencia las primeras y coartar por todos los medios a su alcance los segundos. Los grupos ocupantes del poder, con la disponibilidad de medios que éste les confiere, se preocupan y trabajan para eternizarse en su situación, empleando las más disímiles excusas para justificar la invasión de la privacidad de los ciudadanos.
La llegada al Uruguay de esta `doctrina` -de alguna forma debemos llamarla- del control del Estado era de preverse desde hacía ya muchos años. Únicamente faltaba la asunción al gobierno de una fracción política con un apetito recaudador un poco mayor de lo acostumbrado y un menor respeto por los más sagrados derechos del ser humano para que se hiciera realidad. Y se hizo.
Las andanadas contra todas las libertades y derechos van surgiendo desde varios baluartes. Desde la Presidencia nos están amenazando con un impuesto a la concentración de tierras, que de tan disparatado no encuentra un apoyo generalizado dentro de la propia cúpula de gobierno, y menos aún entre los diferentes sectores del partido gobernante. Desde la DGI atacan promoviendo la digitalización de las facturas y la bancarización de todos los movimientos comerciales, tendiendo al uso generalizado de la tarjeta de crédito -más adelante se extenderá a que también sirva como tarjeta de débito directo sobre una cuenta bancaria-, creando así la posibilidad de establecer un muy preciso control sobre los gastos realizados por cualquier ciudadano, ya que todo queda registrado en los archivos informáticos correspondientes. Como todo esto parece ser insuficiente, se intima entonces a las instituciones de educación y a los clubes deportivos a suministrar una detallada información de los dineros que gastan sus clientes. El Estado se justifica con una excusa que parece muy plausible: dado que el ciudadano debe, por efecto de la ley, pagar sus correspondientes impuestos, tiene el derecho a controlar que el tal pago se ajuste a lo estipulado.
Pienso entonces en nuestras empresas públicas y su relación real para con la sociedad. De hecho, la empresa pública es propiedad del Estado, y éste, como producto de la voluntad ciudadana que lo erige, nutre y alimenta, debería subordinarse a esa sociedad de la que es representante, pero no su dueño. ¿Qué explicación o justificación puede haber entonces para que ese Estado niegue metódicamente la información sobre sus gastos a esa sociedad que sí es su dueña? Me rehúso a aceptar que Antel, por ejemplo, diga que el detalle de la asignación de los gastos publicitarios del ente tiene carácter `reservado`. ¿Y la ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública? La respuesta es muy simple. La ley es solamente un pedazo de papel. Si, rara vez, el gobierno estima conveniente su aplicación, se aplica. Cuando, quién sabe por qué oscuras razones no la encuentra conveniente a sus designios, directamente la desconoce. Desde sus trincheras difícilmente penetrables, la Torre Ejecutiva transforma la realidad en una horrible paradoja y pone en vigencia una ley que no existe ni podría existir: la del Derecho a la Información Privada.
Cuando es el gobernante quien debe someterse ante el soberano y rendirle cuentas de cada acto y decisión, descaradamente se invierten los papeles y aquel pretende saber cuándo, cómo, por qué y en qué gasta el ciudadano el producto de su trabajo, violentando su privacidad y autodeterminación.
No lo veo justo ni equitativo."
Libertades y derechos
El Estado policíaco
Fernando Queijo | Montevideo
@| "Desde hace varios días noto la insistencia, proveniente desde diferentes sectores sociales y económicos, en la crítica sobre ese Estado policíaco, donde el hambre desmedida de recaudación fiscal que tiene este gobierno nos quiere sumergir.
Poco a poco el Estado va introduciéndose en nuestras vidas y en nuestros derechos primigenios de libertad y autodeterminación, pretendiendo moldear a su conveniencia las primeras y coartar por todos los medios a su alcance los segundos. Los grupos ocupantes del poder, con la disponibilidad de medios que éste les confiere, se preocupan y trabajan para eternizarse en su situación, empleando las más disímiles excusas para justificar la invasión de la privacidad de los ciudadanos.
La llegada al Uruguay de esta `doctrina` -de alguna forma debemos llamarla- del control del Estado era de preverse desde hacía ya muchos años. Únicamente faltaba la asunción al gobierno de una fracción política con un apetito recaudador un poco mayor de lo acostumbrado y un menor respeto por los más sagrados derechos del ser humano para que se hiciera realidad. Y se hizo.
Las andanadas contra todas las libertades y derechos van surgiendo desde varios baluartes. Desde la Presidencia nos están amenazando con un impuesto a la concentración de tierras, que de tan disparatado no encuentra un apoyo generalizado dentro de la propia cúpula de gobierno, y menos aún entre los diferentes sectores del partido gobernante. Desde la DGI atacan promoviendo la digitalización de las facturas y la bancarización de todos los movimientos comerciales, tendiendo al uso generalizado de la tarjeta de crédito -más adelante se extenderá a que también sirva como tarjeta de débito directo sobre una cuenta bancaria-, creando así la posibilidad de establecer un muy preciso control sobre los gastos realizados por cualquier ciudadano, ya que todo queda registrado en los archivos informáticos correspondientes. Como todo esto parece ser insuficiente, se intima entonces a las instituciones de educación y a los clubes deportivos a suministrar una detallada información de los dineros que gastan sus clientes. El Estado se justifica con una excusa que parece muy plausible: dado que el ciudadano debe, por efecto de la ley, pagar sus correspondientes impuestos, tiene el derecho a controlar que el tal pago se ajuste a lo estipulado.
Pienso entonces en nuestras empresas públicas y su relación real para con la sociedad. De hecho, la empresa pública es propiedad del Estado, y éste, como producto de la voluntad ciudadana que lo erige, nutre y alimenta, debería subordinarse a esa sociedad de la que es representante, pero no su dueño. ¿Qué explicación o justificación puede haber entonces para que ese Estado niegue metódicamente la información sobre sus gastos a esa sociedad que sí es su dueña? Me rehúso a aceptar que Antel, por ejemplo, diga que el detalle de la asignación de los gastos publicitarios del ente tiene carácter `reservado`. ¿Y la ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública? La respuesta es muy simple. La ley es solamente un pedazo de papel. Si, rara vez, el gobierno estima conveniente su aplicación, se aplica. Cuando, quién sabe por qué oscuras razones no la encuentra conveniente a sus designios, directamente la desconoce. Desde sus trincheras difícilmente penetrables, la Torre Ejecutiva transforma la realidad en una horrible paradoja y pone en vigencia una ley que no existe ni podría existir: la del Derecho a la Información Privada.
Cuando es el gobernante quien debe someterse ante el soberano y rendirle cuentas de cada acto y decisión, descaradamente se invierten los papeles y aquel pretende saber cuándo, cómo, por qué y en qué gasta el ciudadano el producto de su trabajo, violentando su privacidad y autodeterminación.
No lo veo justo ni equitativo."
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